Pueblos bajo el agua, más de 20 mil damnificados y tres muertos. Este escenario dejó el sistema frontal en el centro sur de Chile, sobre todo en O'Higgins y Maule. Pero cuando la lluvia se detiene, deja ver más allá de la destrucción: un sistema nuevo con ciertas deficiencias y disputas comunicacionales entre autoridades son parte de los antecedentes que envuelven a la crisis. "Funcionamos sobre el daño y no tenemos una adecuada planificación", es una de las frases que más se repiten, revelando un problema estatal más que del gobierno de turno.
Cinco días de sufrimiento entre Valparaíso y Los Ríos. Así puede describirse el sistema frontal que azotó al centro sur de Chile a fines de junio, dejando un saldo de dos víctimas fatales y otras dos desaparecidas.
Si bien el panorama lucía calmo tras dos meses de respiro, las nubes volvieron a conspirar en contra de la población.
“Si se cumplen los pronósticos, debería ser una situación inclusive más compleja que la que tuvimos en junio”, advirtió el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) el pasado viernes 18 de agosto. Del dicho al hecho…
Cerca de 40 mil aislados, 30 mil evacuados y 20 mil viviendas con daños dejó el segundo temporal de 2023 en seis regiones.
Las señales del Gobierno dieron un paso adelante. En junio, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric emprendió rumbo a la Antártica en medio de las lluvias, lo que le valió diversas críticas. Sin embargo, en esta oportunidad se trasladó de inmediato a la región de Ñuble, coincidiendo con el natalicio de Bernardo O’Higgins.
Asimismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó diversos puntos de prensa antes de que estallara la crisis climática el pasado fin de semana.
De cualquier modo, Michel De L’Herbe, consultor en gestión de emergencias, apunta a ciertas deficiencias del sistema encargado de prevenir este tipo de desastres… algo más de Estado que del gobierno de turno.
“Cuando tenemos un modelo de gestión que tiene falencias que han sido corregidas en países desarrollados hace más de 40 años, no podemos esperar otro tipo de resultados”, señala.
A esto se suman descoordinaciones entre el gobierno central y las autoridades locales, lo que terminó desembocando en críticas cruzadas.
Deficiencias en el sistema de prevención
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) fue inaugurado el 1 de enero de 2023, reemplazando a la anterior Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).
Su principal objetivo es mejorar los procesos de prevención y respuesta ante desastres. Además, por su importancia estratégica, su primer y segundo nivel jerárquico están sometidos al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
En tan sólo ocho meses ha tenido que hacer frente a tres emergencias de gran magnitud: los incendios del verano, las lluvias de junio y el nuevo sistema frontal de agosto.
En estos casos, el experto Michel De L’Herbe ha notado que algunas piezas no terminan de encajar en el modelo.
“En otros países, el despliegue de logística empieza con el pronóstico meteorológico. En concreto, se establecen despliegues de recursos para dar respuesta y se instalan en los lugares que se han determinado previamente que pueden ser más impactados para disminuir los tiempos de respuesta”, sostiene.
En ese sentido, el formado en Estados Unidos considera que el Ejecutivo desplegó recursos de manera tardía para enfrentar las precipitaciones, que dejaron el período julio-agosto más lluvioso desde 2006 en la región del Maule.
Pero no es lo único, ya que también observa una falta de liderazgo en los territorios…
“Uno se puede preguntar quién está a cargo de la emergencia. Un ejemplo es cuando vimos pescadores en algunas zonas, lo cual no es negativo, sino que es bueno que la comunidad esté. El tema es que alguien tiene que liderar y estar al mando para hacer gestión y organizar el esfuerzo de las comunidades”, explica De L’Herbe.
El problema de las alertas de evacuación
Por otra parte, el especialista se fija en las alertas para evacuar las zonas de riesgo. El pasado miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó la emisión de 165 mensajes correspondientes al Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
Esta herramienta informa a la población sobre situaciones de peligro como incendios, tsunamis o desbordes de ríos, dando un aviso telefónico para evacuar lo antes posible.
A pesar de ello, De L’Herbe analiza que “estamos descansando en una puesta en escena a partir de mensajes de telefonía, los que dependen de una red que en incidentes como estos se ven altamente afectadas. Parece que poco importa saber si esa alerta llegó o no a destino”.
“Las alertas te dicen que hay que evacuar, pero no te dicen hacia dónde ni cómo. Que no nos extrañe que en algún momento nos demos cuenta que hay personas que mueren haciendo caso a la alerta de evacuación porque lo hicieron en dirección equivocada”, agrega.
Pugna entre el Gobierno y autoridades locales
Algunas voces locales han criticado el accionar del Gobierno ante la crisis. Por ejemplo, la diputada Carla Morales (RN), de la región de O’Higgins, sostiene que “ha existido lentitud en el despliegue para llegar a las familias damnificadas”.
En la misma línea, Jorge Guzmán (Evópoli), del Maule, afirma que “no hubo una acción preventiva que permitiera abordar de mejor forma y atender las necesidades de la gente. Las personas tuvieron que recurrir a sus propios medios”.
Sin embargo, la diputada maulina Consuelo Veloso (RD) asevera que “ha habido una presencia importante desde el día uno que se ha podido apreciar por parte del Ejecutivo. Eso es valioso, porque es un mensaje de que el Estado está presente”.
Eso sí, en relación al sistema frontal de junio, plantea que “ha faltado un trabajo mucho más intenso respecto de obras públicas para poder reponer una serie de obras fundamentales”.
Independiente de las posiciones parlamentarias, los mayores cruces entre La Moneda y las regiones se ha dado a nivel de municipios. Uno de los más críticos ha sido el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo (IND), quien aseguró el miércoles pasado que “no me ha llamado ningún ministro”.
“Mientras no cambie la visión del Gobierno, de un Presidente que entiende que todo se politiza al final del día, tenemos estas consecuencias. Porque los vecinos que están siendo afectados no tienen color político, la catástrofe no discrimina”, añadió el jefe comunal.
Quien respondió a este emplazamiento fue el subsecretario Monsalve, haciendo un llamado de atención a aquellos que “aparecen muchas veces en los medios diciendo que están solos”.
“La responsabilidad de esa persona, particularmente de ese alcalde, justamente es presidir el consejo y el comité de gestión de riesgo en esa comuna y, por tanto, no es posible enviar ayuda si ese comité comunal no levanta las necesidades de esa comuna”, aseveró.
No obstante, en el caso puntual de Santa Cruz se pudo constatar que el municipio envió dos informes Alfa al Gobierno, en los que precisaba sus necesidades y pedía distintos recursos para combatir la emergencia.
Tras las declaraciones de Monsalve, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri (IND), manifestó que “si al Gobierno le quedó grande el poncho, no es responsabilidad nuestra. Queremos trabajar, pero nos excluyen”.
Con todo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, intentó poner paños fríos a la discusión. “Nosotros entendemos que puede haber mucha desesperación de las autoridades locales en muchos casos, porque esto sobrepasa las capacidades incluso de un municipio”, indicó.
Mayor coordinación ante el sistema frontal
Esta situación no pasa inadvertida para Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales (UDP).
Al comparar con la emergencia de junio, el académico reconoce que esta vez el Gobierno “intentó prevenir y reaccionar lo más rápido posible ante los desastres. Se han gestionado con cierta prontitud las ayudas para prevenir las vicisitudes económicas de las familias”.
“Probablemente nunca se va a llegar a un óptimo respecto a cuánto puede entregar el Estado, porque se tiene una capacidad estructural y financiera limitada”, agrega.
Aun así, advierte algunos problemas de coordinación entre las autoridades encargadas…
“Esto puede obedecer a una cuestión de adecuación a un diseño institucional relativamente nuevo, pero aquí, en esta triangulación entre el gobierno central, delegados presidenciales y gobernadores regionales, todavía falta un diálogo más fluido”, señala.
Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma, coincide en que el Ejecutivo “estaba mucho más preparado que antes, de eso no me cabe dudas. Tenía más herramientas”.
Pero igualmente observa que “no se apreció mucha coordinación específica entre los distintos actores. Quizá el sistema, por ser demasiado nuevo, estaba en una suerte de marcha blanca, pero no se puede hacer marcha blanca en medio de una catástrofe”.
“Hay distintas instituciones públicas y privadas, pero ahí la labor de quien está en el Gobierno es establecer esas coordinaciones claves para gestionar en medio de la emergencia”, remarca.
¿Falta de personal militar en zonas afectadas?
El segundo temporal de 2023 ha provocado la muerte de tres personas, incluida la de Héctor “Hito” Sepúlveda, yerno del expresidente Salvador Allende que cayó a un estero en la comuna de Coihueco.
Además, se registraron cerca de 20 mil damnificados, por lo que el presidente Boric anunció importantes medidas económicas. Entre ellas, un Bono de Recuperación de Enseres de hasta $1,5 millones por hogar afectado y distintas ayudas para empresas de cualquier tamaño.
En paralelo, el Mandatario decretó Estado de Catástrofe entre las regiones de O’Higgins y Bío Bío para que las Fuerzas Armadas pudieran cooperar en la contención de la emergencia. Sin embargo, la oposición respondió…
“Vecinos afectados por las inundaciones han advertido la falta de presencia del Estado, particularmente de efectivos de las Fuerzas Armadas, pese a encontrarse vigente el Estado Catástrofe y a la designación de los jefes de la Defensa en los términos requeridos por la Constitución”, afirmaron los diputados Diego Schalper, Carla Morales y Paula Labra (RN).
Por otra parte, se generó una polémica por las declaraciones del delegado presidencial de O’Higgins, Fabio López, quien sostuvo que “los militares no hacen la diferencia”.
“Demostrando su nula empatía con las víctimas de esta emergencia, es capaz de menospreciar la enorme labor que siempre han desempeñado las Fuerzas Armadas durante las distintas catástrofes que hemos sufrido como país”, replicaron los parlamentarios Eduardo Cornejo y Natalia Romero (UDI).
Quien marcó un contrapunto fue Consuelo Veloso, aseverando que los efectivos militares han tenido una importante presencia en los territorios afectados. “He tenido el privilegio de colaborar con ellos y creo que mayor presencia suya ante este tipo de eventos es necesaria”, sostuvo.
Ante las críticas, la propia ministra de Defensa, Maya Fernández, expresó que “las solicitudes a las Fuerzas Armadas se canalizan a través del Estado Mayor Conjunto, no desde el Ministerio de Defensa. Esta es una buena oportunidad para aclararlo”.
“Es muy importante tener claro cuál es el objetivo. Queremos mayor contingente, pero ¿para qué tareas específicas? Esa es la información se está levantando en las distintas comunas”, agregó la secretaria de Estado.
“Si no hay cambio, no hay lección aprendida”
A pesar de esta explicación, el experto Michel De L’Herbe indica que “no hemos visto la gran logística que tienen las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio. Los números que se entregan de logística desplegada la verdad es que, para lo que tiene el país, es realmente insignificante”.
“Bastaría comparar con el despliegue que vimos tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Se requiere un despliegue rápido, efectivo y visible, con el fin de generar contención social”, expone.
Finalmente, hace un juicio sobre las políticas para resguardar la denominada infraestructura crítica. “En los países desarrollados, como Estados Unidos o Canadá, es establecida con una perspectiva de continuidad operacional o de funcionamiento”, apunta.
Por otro lado, el consultor opina que “en Chile, esa aproximación fue hecha a partir de una crisis de orden público, que más bien lo que buscó fue salvar un problema burocrático o político que tenía que ver con los estados de excepción y el despliegue de Fuerzas Armadas en zonas fronterizas”.
De hecho, esta medida rige actualmente en la Macrozona Norte tras aprobarse su prórroga en el Congreso Nacional.
“En la gestión de emergencias se habla de que la lección es aprendida cuando hay un cambio realizado. Si no hay cambio, no hay lección aprendida. En este caso, hubo señales comunicacionales que fueron positivas, pero la forma de enfrentar la emergencia fue la misma”, concluye De L’Herbe.
