De "me pareció una irresponsabilidad" a pedir "mayor coordinación entre el Ejecutivo y las bancadas". Así reaccionaron en el oficialismo ante las diferentes para votar dos proyectos de seguridad en la Cámara. El primero sanciona a quienes porten combustibles de manera injustificada durante movilizaciones, mientras que el segundo castiga las ocupaciones ilegales de inmuebles.
Los partidos del oficialismo mostraron diferencias al momento de votar dos proyectos de la agenda de seguridad esta semana.
La primera iniciativa, revisada el martes, fue la que sanciona el porte injustificado de combustibles durante manifestaciones.
Además de multas de 10 a 20 UTM (de $631.990 a $1.263.980), se otorga a las policías la facultad de detener al involucrado si este no es capaz de entregar una explicación razonable para el traslado de este tipo de materiales.
Posteriormente se generó otro debate a partir de una indicación de la oposición, que busca establecer penas de cárcel.
Independiente de esto último, el proyecto fue aprobado en general con sólo 9 votos a favor de Apruebo Dignidad, mientras que el Socialismo Democrático lo respaldó mayoritariamente.
El segundo proyecto en cuestión fue la denominada Ley de Usurpaciones, visada en general por la Cámara este miércoles.
La normativa regula la ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y establece mecanismos para su restitución. Sin embargo, ningún parlamentario de Apruebo Dignidad estuvo por aprobar la normativa.
El mayor conflicto estuvo en la inclusión de la legítima defensa privilegiada de los propietarios. Según algunos partidos, esto podría llevar a hacer justicia por mano propia.
PS acusa “irresponsabilidad” y “doble estándar”
Desde el Partido Socialista, el diputado Tomás de Rementería (PS) aseguró que la derecha “desnaturalizó totalmente” la Ley de Usurpaciones, lo que se refleja en su abstención.
Sin embargo, también afirmó que en el oficialismo “hay que tener una responsabilidad básica y tomar las decisiones necesarias para que no existan esas situaciones de desacoplo entre ambas coaliciones”.
En ese sentido, pidió “tomar decisiones con altura de miras y no sólo pensando en mi nicho electoral que tengo. Por ejemplo, en el delito de porte de materiales incendiarios, me pareció una irresponsabilidad la votación en contra de parte de sectores del Gobierno”.
En tanto, Raúl Leiva sostuvo que la coalición de gobierno es heterogénea, por lo que “van a haber diferencias o matices en ciertos temas, particularmente en seguridad”.
“La materia de seguridad tiene que ser abordada como un tema de Estado y, por eso, vamos a seguir insistiendo en que nuestros aliados de coalición entiendan que estas normas persiguen hacerse cargo de la principal preocupación que tienen los chilenos”, dijo.
Más crítico fue Marcos Ilabaca, quien acusó “doble estándar” de parte de algunos personeros de Apruebo Dignidad.
“No les gusta o rehúyen el enfrentar estos temas y ellos, cuando votan en contra de proyectos que el mismo Gobierno ha presentado, al parecer siguen siendo tan leales como cualquiera. Y aquellos que somos críticos respectos de algunas situaciones, pero leales al momento de votar, se nos critica”, apuntó.
Apruebo Dignidad pide mayor coordinación
De la vereda contraria, el diputado Luis Cuello (PC) indicó que estas votaciones no sólo muestran diferencias puntuales, sino “una necesidad de mayor coordinación entre el Ejecutivo y las bancadas oficialistas”
“Para que exista una buena sintonía entre la agenda que surge de Interior y lo que se vota acá, se requiere considerar de otra forma aquellas opiniones o advertencias que son críticas por parte de bancadas importantes de la Cámara”, agregó.
A pesar de ello, negó que exista una diferencia sistemática con sus colegas del Socialismo Democrático y llamó a desdramatizar este tipo de situaciones.
Quien se sumó a la discusión fue Jorge Brito (RD), quien aseveró que “a mí me contratan las personas y no el gobierno de turno. Es nuestro gobierno, pero el compromiso está con la gente”.
“Cuando tenemos proyectos que sentimos que vienen a buscar la polarización para no resolver nada, nuestro legítimo derecho es manifestar nuestras diferencias”, expresó.
