Al menos 10 asesores de la Convención trabajan actualmente en el Gobierno tras proceso constituyente

Durante un año, específicamente del 4 de julio de 2021 al 4 de julio de 2022, casi 400 personas trabajaron codo a codo como asesores de los 154 convencionales.

Cabe mencionar que al personal de apoyo en la Convención no se le exigían requisitos de estudios ni tampoco experiencia laboral. Además, los sueldos variaban entre los mil hasta los 2.300.000.

Según consignó La Tercera PM, dentro de las profesiones más frecuentes dentro de los asesores estaban las siguientes: abogados, periodistas y cientistas políticos. Dentro de esta sección -más una fonoaudióloga- al menos 10 han llegado a trabajar al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Asesores de la Convención llegan al Ministerio del Interior

Recordemos que el mes pasado el exconvencional del Partido Socialista, Ricardo Montero, llegó al Ejecutivo tras asumir como jefe de gabinete de la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá.

No obstante, quien también llegó a esta cartera en septiembre fue la exasesora durante el proceso constituyente, Karla Carrizo. Incluso en 2015, la periodista cumplió funciones como asesora comunicacional en materias de prensa en la Subsecretaría del Interior.

La abogada y magíster en Derecho Público, Camila Lagos (PS), quien fue asesora del Colectivo Socialista en la Convención, también trabaja en Interior. Desde marzo de este año, la jurista está contratada a honorarios en la Subsecretaría del Interior como coordinadora del “trabajo legislativo de la subsecretaría del Interior”. Aquí se encarga además de asesorar la conducción, definición y seguimiento de la agenda legislativa de la cartera. Por sus funciones recibe un sueldo bruto de $4.500.000, el más alto entre los asesores que llegaron desde la Convención.

Lagos fue también secretaria ejecutiva del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y jefa del departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer.

Quedándonos aún en Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) tiene en sus filas a algunos profesionales que participaron en el órgano constituyente.

Uno de ellos es Rodrigo Muñoz Baeza, quien fue asesor de la convencional Malucha Pinto (colectivo socialista) y desde mayo de este año el abogado se desempeña como coordinador legislativo de la Subsecretaría.

Dentro de las funciones que realiza Muñoz están: el elaborar contenidos y lineamientos estratégicos, y asesorar en materias relacionadas con Derecho Constitucional y Administrativo del subsecretario Eduardo Vergara (PPD). Por su trabajo, en mayo obtuvo un sueldo bruto de $1.500.000, mientras que en julio fue de $2.700.000.

Asesores de la Convención en la Segpres

En tanto, en la Secretaría General de la Presidencia, liderada por la ministra Ana Lya Uriarte, también cuenta con asesores que vienen del órgano constituyente.

El abogado Vicente Martínez se desempeñó como asesor de Tatiana Urrutia (RD) y Daniel Stingo, ambos del colectivo del Frente Amplio, y luego se incorporó a trabajar en La Moneda.

Según fuentes del Ejecutivo, Martínez está trabajando en la división de estudios en la cartera y como fue incorporado hace poco tiempo aún no aparece su sueldo por Transparencia.

El abogado Francisco Torres Jimeno, quien asesoró al exvicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (No Neutrales), trabaja desde el 18 de julio en la Segpres como asesor también de la división de estudios de la cartera.

Él se encarga de “asesorar a la división en el diseño y elaboración de estudios sobre políticas públicas, propuestas normativas y otros aspectos específicos de la realidad nacional que pudiesen impactar en el programa de Gobierno”. Por sus funciones percibe una remuneración mensual bruta de $2.477.650.

Por su parte, el abogado Francisco Arellano (Comunes), quien fue asesor de la convencional Ivanna Olivares (Coordinadora Plurinacional), trabaja actualmente como coordinador político en el Plan Buen Vivir, programa que lidera Víctor Ramos y que ahora pasará a depender de la Segpres.

Arellano fue compañero de Gabriel Boric en la Universidad de Chile, y se desempeñó como jefe de gabinete del presidente cuando este era diputado.

Justicia, Salud, Ciencia y Fundación Integra también tienen a asesores del órgano constituyente

El abogado Ananías Reyes, quien por cuatro meses se desempeñó como asesor de Matías Orellana (PS), llegó en julio de 2022 al Ministerio de Justicia. Hoy es parte de la unidad de cooperación y asuntos internacionales de la cartera. El jurista recibe un sueldo bruto de $2.175.266.

Ese mismo mes también llegó Julian Ortiz, quien asesoró al convencional Tomás Laibe (PS), y se desempeña como asesor legislativo del gabinete del Ministerio de Salud, que ahora preside Ximena Aguilera.

En concreto, sus funciones consisten en hacer el “seguimiento de citaciones de las comisiones (…) del Congreso de la República en donde se vean proyectos de ley que se relacionan con la agenda legislativa de salud”. Ortiz recibe una remuneración mensual bruta de $2.418.754.

Mientras que al Ministerio de Ciencia llegó Ignacio Araya, quien fue asesor de Andrés Cruz (Colectivo Socialista). Ahora, el cientista político se encarga de “asesorar en materias de gobernanza climática global y órganos subsidiarios”, de “realizar presentaciones y minutas institucionales en los espacios de preparación, negociaciones y otras instancias asociadas a la Conferencia de las Partes (COP)” y participar en actividades que requieran representación nacional en la COP27″, entre otras. Específicamente recibió una remuneración bruta de $1.173.000 durante el mes de agosto.

Finalmente, la fonoaudióloga Nataly Rojas Seguel, quien fue asesora de Tatiana Urrutia (Revolución Democrática), hoy es directora ejecutiva de la Fundación Integra, la cual preside la coordinadora sociocultural Irina Karamanos. Ha trabajado en este lugar desde abril de este año. La profesional recibe un monto mensual bruto de $4.332.389.