La Contraloría General de la República detectó inconsistencias en el registro y control de 9.653 inmuebles fiscales. El problema tiene dos caras: propiedades asignadas a servicios públicos que no aparecen en sus cuentas y otras que sí están contabilizadas, pero no cuentan con una destinación vigente del Ministerio de Bienes Nacionales.
El análisis cruzó información de 109 organismos públicos centralizados con los registros de esa cartera, correspondiente al segundo semestre de 2025. Los resultados muestran debilidades que dificultan conocer y controlar adecuadamente el patrimonio del Estado.
Inmuebles fiscales fuera de las cuentas
El grupo más numeroso corresponde a 6.415 inmuebles que tienen destinación vigente, pero no fueron incorporados a la contabilidad de los servicios que los recibieron. En simple: están formalmente asignados, pero no figuran en sus registros contables.
Los organismos dependientes de Interior concentran la mayor cantidad, con 2.074 propiedades. Les siguen Defensa, con 1.411, y Obras Públicas, con 1.381.
También aparecen Justicia y Derechos Humanos, con 299; Educación, con 264; Hacienda, con 213; y Salud, con 167, entre otras carteras.
Según el reporte, omitir estos bienes constituye un incumplimiento normativo que afecta la valoración de los activos del Estado y su control.
Más de $451 mil millones
Contraloría identificó otros 3.238 inmuebles contabilizados sin una destinación vigente de Bienes Nacionales. Su valor, según lo informado por los servicios, supera los $451 mil millones.
La destinación es el acto mediante el cual esa cartera entrega un inmueble fiscal a un organismo público para que cumpla sus funciones.
Por monto, encabezan este grupo la Dirección de Obras Portuarias, con $87.509 millones; la PDI, con $75.865 millones; y el Hospital de Carabineros, con $59.208 millones.
El informe advierte, eso sí, que estos datos pueden incluir propiedades adquiridas por mecanismos distintos de la destinación, como expropiaciones. Por ello, el hallazgo no permite concluir que todos esos inmuebles estén siendo utilizados irregularmente.
Tampoco establece que las propiedades estén perdidas ni que los $451 mil millones correspondan a un perjuicio fiscal. Ese monto representa el valor de los bienes observados.
90 días para regularizar
Contraloría anunció que oficiará a los servicios involucrados para que regularicen sus registros contables en un plazo de 90 días. También solicitará a Bienes Nacionales formalizar y regularizar las destinaciones que correspondan.
El organismo hará seguimiento a esas medidas. Si no se cumplen, podrá fiscalizar y ordenar los procedimientos disciplinarios pertinentes.
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