Una abogada del Ministerio de Desarrollo Social agredida con un huiño o palín en Victoria; el escape por los techos de funcionarias de Gobierno en Carahue; el acarreo de conscriptos mapuches en Valdivia; o la quema de carpetas y documentos en Tirúa, son el botón de muestra del empantanado proceso de consulta que lleva adelante el Gobierno y que ahora piden detener los alcaldes mapuches de cuatro regiones del país.
El pasado 22 de mayo comenzó en la región de La Araucanía la consulta indígena del Gobierno. Este procedimiento busca conocer la opinión de los nueve pueblos originarios que existen al lo largo de Chile, para introducir cambios a la Ley Indígena (19.253), normativa que fue diseñada en el primer Gobierno de la Concertación, en la década del 90.
La decisión del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, de iniciar el procedimiento bajo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se da luego que la agenda indígena del Gobierno se paralizó en La Araucanía, debido al homicidio de Camilo Catrillanca en noviembre del año pasado, en la comunidad Temucuicui de Ercilla, a manos del Comando Jungla de Carabineros.
La promesa del presidente Sebastián Piñera a los pies del Cerro Ñielol de Temuco, era que a fines de 2018 se presentaría en el Congreso Nacional un proyecto ansiado y discutido por los indígenas: el reconocimiento constitucional, es decir, que el Estado de Chile se transformaría en una nación multicultural, que reconoce a sus pueblos originarios. A esto se suma, una ley de cuotas para que los indígenas logren representación en el parlamento.
Nada de eso ocurrió. Aún no ingresan en el legislativo los proyectos de reconocimiento y ley de cuotas. Recién, el 14 de mayo de este año, el Gobierno presentó una batería de indicaciones para acelerar la tramitación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos, promesas tan viejas como la misma Ley Indígena.
Consulta
Una abogada del Ministerio de Desarrollo Social agredida con un huiño o palín en Victoria; el escape por los techos de funcionarias de Gobierno en Carahue; el acarreo de conscriptos mapuches en Valdivia; o la quema de carpetas y documentos en Tirúa, son el botón de muestra del empantanado proceso de consulta que lleva adelante el Gobierno y que ahora piden detener los alcaldes mapuches de cuatro regiones del país.
“Debemos tener claridad, en la reflexión de fondo, porque la tierra mapuche no se vende, no está a disposición del mercado, porque es tierra que se ha logrado restituir y es parte del territorio ancestral del pueblo mapuche”, dice el alcalde de Lumaco, Manuel Painiqueo.
Primer mito que el Gobierno no logró detener a tiempo. La consulta indígena no pretende habilitar la venta de tierras mapuches a privados, sino crear títulos de merced individual para que las personas puedan postular a subsidios públicos o ingresar al sistema de arriendo de tierras, por un plazo de hasta 25 años.
Son en total 11 medidas que son compartidas con las comunidades en distintas reuniones, que en el caso de La Araucanía han tenido una serie de problemas, hechos de violencia y presencia de Carabineros, cuestión inédita para este tipo de procedimientos que son de buena fe, pero no son vinculantes.
“Creo que el clima que ha instalado el Gobierno, ha generado situaciones de desconfianza. Cuando tú pones el acento en el control policial, en la ley antiterrorista, y después quieres dialogar con la gente, la verdad es que consigues que nadie entienda nada y eso genera desconfianza al interior de las comunidades”, enfatiza la diputada del PPD y presidenta de la Comisión Huracán, Andrea Parra.
Catrillanca 2
Tras el reclamo de los presidentes de los partidos, en el comité político de los días lunes en La Moneda, se tomó la decisión de traspasar la coordinación de la consulta indígena a la Secretaría General de Gobierno, cuestión que en el caso de La Araucanía inhabilitó al seremi de Desarrollo Social, Rodrigo Carrasco, quien pasó a un segundo plano y con una gestión ampliamente cuestionada.
Quedó a cargo del procedimiento el intendente Jorge Atton y la seremi de Gobierno, Pía Bersezio, quienes han buscado enmendar el rumbo de la consulta en la región, tomando contacto con las municipalidades y los equipos que trabajan directamente con las comunidades.
“El Gobierno nunca ha planteado que se van a quitar las tierras, que se va a permitir que se vendan a terceros, todo lo contrario. Lo que queremos es flexibilizar y seguir adelante con ese proceso. Por lo tanto, nuestro llamado es que estamos abiertos a todo tipo de diálogos, a todo tipo de acuerdo, y por eso estamos reformulando esta segunda parte, donde participen activamente los municipios”, señala Atton.
Sin embargo, en las últimas semanas se ha incrementado al interior del oficialismo las críticas en contra del procedimiento. De visita en Temuco y en entrevista con Radio Bío Bío, el senador Manuel José Ossandón (RN) acusó directamente al ministro Moreno por el fracaso y lo calificó de un Catrillanca 2.
“El ministro Moreno ha creado un Catrillanca 2. Yo creo que aquí se ha hecho un proceso sin ninguna estrategia política, con una ingenuidad, a mi juicio, abismante. El ministro Alfredo Moreno va a tener que darle explicaciones muy serias al Presidente de La República. Yo creo que esto le va a costar la cabeza a muchas personas”, enfatizó Ossandón.
Longueira y Ubilla
En su última visita a Temuco, el ministro Alfredo Moreno sólo participó de una reunión anual con profesionales mapuches, mientras en Carahue funcionarias de su ministerio escapaban por los techos, tras el rechazo de las comunidades mapuches a la consulta indígena.
Panorama complejo para el ministro coordinador del Acuerdo Por la Paz y el Desarrollo Por La Araucanía, uno de los 5 grandes acuerdos nacionales convocados por el presidente Piñera, para encontrar una solución al denominado conflicto mapuche, a lo que se suma la situación de su jefe de gabinete, Juan Pablo Longueira quien adquirió terrenos considerados mapuches en Villarrica.
“Yo he conversado con él, me ha dicho que son hechos con todos los estudios correspondientes. De hecho, tiene los certificados de Conadi del año 2015, de otro Gobierno, en el cuál se señala que no estaban en el registro de tierras indígenas. Le he pedido a Conadi que me aclare la compra”, indica el ministro Moreno.
Con esos documentos espera presentarse el secretario de Estado, ante la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que también indaga la compra que realizó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla en la comuna de Pucón y por lo cual posee una demanda en el Juzgado Civil de la ciudad lacustre, por parte de miembros de una familia mapuche.
Situaciones que enturbian la consulta indígena, que a pesar de tener alta participación, también posee un amplio rechazo.
Zona roja
El proceso que comenzó el pasado 22 de mayo en Padre las Casas y Cunco, ya recorrió 17 de las 32 comunas de La Araucanía y para la semana que viene estaban agendadas las comunas de Collipulli y Ercilla, denominadas como la zona roja del conflicto mapuche, por la cantidad de hechos de violencia que ocurren en la provincia de Malleco.
Cuestión que preocupa a la nueva coordinación, por lo que se decidió aplazar la consulta en la comuna de Ercilla. “Como Gobierno debemos entregar las garantías, para que todos quienes quieran informarse puedan hacerlo tranquilamente, por lo cual el proceso de consulta indígena en la comuna de Ercilla será reprogramado”, indicó la seremi de Gobierno, Pía Bersezio.
En el caso de Collipulli, que está en carpeta para el próximo 2 de julio, se mantuvo la fecha, pero ya están coordinados los equipos municipales y además existirá un despliegue especial de Carabineros, a cargo de la Gobernación de Malleco.
En el Gobierno, a pesar de la serie de inconvenientes que se han presentado en las reuniones con las comunidades, descartan que se trate de un fracaso y por eso continuarán este lunes, con la consulta indígena en Angol.
