Durante esta mañana, el diputado Gabriel Ascencio confirmó que el presidente Sebastián Piñera ha sido citado para comparecer este viernes a las 10:00 horas ante el Juzgado de Policía Local de Pucón para explicar las condiciones en las que se construyó su residencia en el lago Caburgua, que se ha mantenido en condición irregular desde hace 30 años.
Los parlamentarios Gabriel Ascencio y Gabriel Silber -en representación de la bancada DC- ya habían presentado una denuncia la semana pasada ante dicho tribunal, en la región de La Araucanía, acusando una infracción por habitar una vivienda sin recepción, lo que está sancionado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).
Previamente, el 11 de abril pasado, la Municipalidad de Pucón le cursó una infracción por ese mismo motivo al Mandatario, lo que originó la citación de mañana viernes, y cuya denuncia fue reforzada el 31 de mayo mediante un documento enviado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón al Juzgado de Policía Local.
A ello se suma que, a inicios de mayo, el Servicio de Impuestos Internos realizó una reevaluación en la que pasó de $12 a $396 millones.
Ante dicho escenario, Ascencio reiteró el llamado a que el Presidente responda a los requerimientos, pague las multas correspondientes y las tres décadas de contribuciones pendientes.
“Tengo la tranquilidad que el Juzgado de Policía Local está avanzando en esta denuncia y esperamos que Sebastián Piñera se pronuncie, hace rato que le estamos pidiendo que se pronuncie personalmente, que dé explicaciones y que reconozca el error y que pague la sanción que ahora se le imponga y que además cancele la totalidad de las contribuciones y las multas que corresponden, como cualquier chileno en este país, como cualquier contribuyente en este país”, aseguró.
A ello se suma también la polémica de febrero pasado, en la que se supo que el Mandatario consiguió 800m2 de playa mediante concesión marítima en el Lago Caburgua para dicha propiedad.
Lo anterior, a propósito del episodio que protagonizó durante el verano el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, que abrió en ese entonces el debate respecto al acceso a las playas en el mar, ríos y lagos.
En ese entonces se reveló que durante el proceso para obtener dicha concesión el Mandatario admitió que se encontraba ocupando ilegalmente desde 2001 parte del borde costero, en un documento oficial, en el cual la Dirinmar fue más allá y reveló que estaba siendo utilizado desde 1990.
El lunes pasado, la Contraloría General de la República (CGR) respondió al oficio del diputado Jaime Naranjo (PS), en el que consultó sobre la legalidad de la solicitud y sobre la toma de razón del decreto emitido por el Ministerio de Defensa.
En el documento, firmado por el contralor Jorge Bermúdez, se replicó dicho documento y la CGR afirmó que fue tomado de razón porque se ajustó a derecho.
