El décimo Estudio Nacional de Transparencia (2018) elaborado por el Consejo Para la Transparencia (CPLT) evidenció que 8 de cada 10 chilenos percibe que los organismos públicos son corruptos o muy corruptos.
Respecto a encuestas anteriores, el presente estudio, llevado a cabo con el fin de analizar diversas materias ligadas a la probidad, mostró que los niveles de desconfianza ciudadana hacia las entidades del Estado se mantienen a raíz de la difusión de nuevos casos de corrupción de alta connotación pública.
En concreto y tras la pregunta “¿cuán corruptos cree usted que son los organismos públicos en Chile?”, un 79% de los consultados respondió que son “corruptos” o “muy corruptos”.
Pese a que el sondeo no identificó un incremento significativo desde un punto de vista estadístico –dado que superó sólo por un punto porcentual el registro de 2017-, las cifras reflejaron que la percepción ciudadana sobre diversas materias ligadas a la probidad se mantiene y es negativa.
“Lo que llamamos crisis de confianza y que emergió hace algunos años tras hechos de corrupción sigue instalada en el país”, plantea el presidente del Consejo, Marcelo Drago.
El titular de Transparencia detalló que los eventuales desfalcos en Carabineros y en las Fuerzas Armadas han influido en las cifras ya que “la ciudadanía advierte que no son situaciones aisladas, sino que forman parte de prácticas más sistémicas, que parecen haber sido parte de la cultura institucional en el contexto del alto mando”.
Eso sí, lo positivo es que a 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, la mayoría de los chilenos y chilenas percibe que hoy a nivel nacional “los casos de corrupción son más fáciles de detectar” que hace una década atrás.
Una percepción que se incrementa en relación a mediciones anteriores, lo que al no estar acompañado con una apreciación de menor corrupción de los organismos públicos, respondería fundamentalmente a la idea de un sistema con más transparencia y opciones de acceso a la información, lo que posibilitaría el conocimiento de situaciones reñidas con la probidad.
“Creemos que esto deriva de un trabajo que desarrollamos como Consejo, y en eso tenemos que agradecer a nuestros funcionarios y nuestros consejeros”, puntualizó Drago, asegurando que además, la gente está utilizando más y mejor los mecanismos para acceder a la información.
Otra cifra que se relevó del estudio apunta a que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en caso de presenciar o experimentar un caso de corrupción lo denunciaría (62%).
En paralelo, se registra una disposición personal a no denunciar de un 25% en caso de ser en el sector público y un 28% en el sector privado, donde hay menos disposición a denunciar.
Las principales razones para no informar sobre este tipo de situaciones en el sector público son la expectativa de que no serviría de nada denunciar ya que no se lograrían resultados positivos (26%) y en segundo lugar, el temor a sufrir consecuencias negativas o represalias como perder el empleo (15%).
Mientras que en el caso de los privados, se alude a causales similares, pero aparece la indiferencia sobre asuntos entre privados (17%) entre las principales.
