Nacional
Gobierno firma decreto para guardar datos de tus llamadas, internet y mensajes por 2 a√Īos
Publicado por: Christian Leal
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

¬ŅSab√≠as que un decreto preparado por el Gobierno obligar√° a las empresas telef√≥nicas a mantener por 2 a√Īos un registro con todos los datos de tus llamadas, navegaci√≥n de internet, correos, mensajes de texto y WhatsApp e incluso el uso que das a las aplicaciones que tengas en tu celular?

Pero no te preocupes… demasiado. A nadie le interesa escuchar tus llamadas de “cuelga-t√ļ-no-cuelga-t√ļ-mejor” ni menos ver los memes de perritos que publicas en Facebook. Este decreto va por tus metadatos, aquellas huellas casi imperceptibles que dejan las comunicaciones electr√≥nicas: la fecha y hora en que llamaste, a qui√©n llamaste y cu√°nto dur√≥, desde qu√© direcci√≥n de internet (IP) te conectaste y qu√© sitios visitaste, cu√°ntos mensajes y a qui√©n los enviaste, qu√© aplicaciones usas m√°s, qu√© tipo de tel√©fono tienes y cu√°l es su n√ļmero de registro…

¬ŅMencion√© que los metadatos tambi√©n registran la ubicaci√≥n geogr√°fica desde donde hiciste todo eso?

Ok, ahora puedes comenzar a preocuparte.

¬ŅCombate al crimen o espionaje?

Pero, ¬Ņde d√≥nde viene esta curiosa idea de vigilarnos? Despu√©s de todo, la Constituci√≥n garantiza la inviolabilidad de nuestras comunicaciones privadas, ¬Ņno?

Pues… no totalmente. La propia Carta Magna (sin√≥nimo cursi para Constituci√≥n) establece que estas podr√°n ser interceptadas “s√≥lo en los casos y formas determinados por la ley”.

Esa ley es el art√≠culo 222 del C√≥digo Penal, el cual indica que cuando existan sospechas fundadas de que alguien est√° involucrado en un delito con pena de crimen (o sea, pasar m√°s de 5 a√Īos y un d√≠a a la sombra), se podr√°n interceptar y grabar sus llamadas telef√≥nicas, as√≠ como conocer las direcciones IP -una especie de RUT que identifica a cada computador o tel√©fono conectado a internet- a las que ha accedido.

Entonces, para regular esto √ļltimo se dict√≥ en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el decreto 142, el cual obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar un registro de estas direcciones durante al menos 6 meses, plazo que fue extendido a 1 a√Īo por la ley contra la pedofilia.

Y aquí viene el problema.

Seg√ļn explica un art√≠culo publicado por El Mostrador, en 2014 las autoridades de la √©poca se dieron cuenta de que el asunto no estaba resultando. Por una parte, la tecnolog√≠a hab√≠a evolucionado r√°pidamente y tener s√≥lo una lista de direcciones IP no bastaba. Por otra, tomaba tanto tiempo cursar una orden judicial y que las empresas la acataran, que cuando se daba acceso al registro, los datos ya hab√≠an sido eliminados.

Fue tras el bombazo en la estaci√≥n de metro Escuela Militar que el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahu√°n, propuso la primera reforma a la normativa: que el solicitante de la informaci√≥n fuera el Ministerio P√ļblico y no las polic√≠as, adem√°s de ampliar todo lo posible el concepto de “comunicaciones”, a fin de prever los avances tecnol√≥gicos.

Finalmente y tras llegar a acuerdo con las empresas de telecomunicaciones, sería el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien obtendría la firma de la presidenta Bachelet para ingresar a Contraloría el pasado 4 de agosto el nuevo decreto, listo para enfrentar el crimen en el siglo XXI.

¬ŅTodos contentos? Para nada.

Una verdadera bolsa de gatos

kkomando.com
kkomando.com

Desde su concepci√≥n, el nuevo decreto fue pol√©mico. El Ministerio P√ļblico dej√≥ de participar a poco de iniciadas las mesas de trabajo el a√Īo pasado, seg√ļn el organismo, porque el Gobierno no volvi√≥ a llamarlos (este, por su parte, asegura que fueron ellos quienes los dejaron con los chequecitos de WhatsApp en “visto”).

Otra crítica contra el Gobierno fue la discreción con que se llevó a cabo la tarea. No hubo información a la ciudadanía, ni tampoco se pidió a expertos o académicos que asistieran.

“Este proceso se hizo a puertas cerradas. No hubo consulta p√ļblica. Aqu√≠ el Ministerio del Interior se sent√≥ con las empresas de telecomunicaciones a elaborar el nuevo decreto, con una lista de supermercado de las pretensiones de la Polic√≠a de Investigaciones (PDI)”, indic√≥ a BioBioChile el analista de pol√≠ticas p√ļblicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier.

Y la organización está sólo calentando. Para Voillier, la iniciativa también es inconstitucional, pues el Ejecutivo intenta modificar vía decreto una ley que correspondería al Congreso, ampliando de forma exagerada la cantidad de datos y el plazo en que se conservarán.

“Estamos hablando pr√°cticamente de todos los datos comunicacionales, incluyendo la georreferenciaci√≥n (ubicaci√≥n) de los usuarios. Es algo extremadamente complejo y desproporcionado. Hoy puedes saber m√°s de una persona a trav√©s de sus metadatos que con sus propios mensajes o llamadas”, se√Īala el abogado.

Pero para la ONG, lo m√°s preocupante es que la ambig√ľedad -o amplitud- de los t√©rminos en que fue redactado el decreto, no dejan claro quienes y en qu√© circunstancias tendr√°n acceso a los datos de los usuarios.

“El nuevo decreto indica que cualquier organismo p√ļblico autorizado podr√° tener acceso a la informaci√≥n. ¬ŅQu√© significa eso? ¬ŅPor qu√© todos los chilenos nos debemos someter a la vigilancia del Estado? El texto se presta para m√ļltiples abusos y fue preparado en un proceso sumamente sospechoso. No es digno de una democracia”, sentencia Voillier.

Una opini√≥n similar tiene Patricia Pe√Īa, acad√©mica del Instituto de la Comunicaci√≥n e Imagen de la Universidad de Chile y directora de su Diplomado de Comunicaci√≥n Digital, quien compara el caso con el cambio que realiz√≥ M√©xico en su ley de telecomunicaciones.

En la naci√≥n azteca tambi√©n se retienen los metadatos por 2 a√Īos y se ha criticado internacionalmente que, en vez de combatir el narcotr√°fico y el crimen organizado, acab√≥ por convertirse en un instrumento para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos.

“La discusi√≥n que se dio en M√©xico es importante porque ah√≠ es donde est√° el l√≠mite entre pensar que lo que se est√° articulando es esta figura de estado supravigilante, la idea de un pan√≥ptico (torre de vigilancia carcelaria) estatal encima de los ciudadanos, donde todos terminamos siendo potencialmente sospechosos de algo. La pregunta es entonces, ¬Ņpara qu√© la vigilancia?”, indic√≥ Pe√Īa a El Mostrador.

Calladitos se ven m√°s bonitos

Siendo un tema que involucra directamente la privacidad de sus usuarios, nos figuramos que las empresas y organismos pertinentes tendrían mucho que decir al respecto. Error: para ser entidades de comunicaciones, sólo nos topamos con silencio.

Hablamos con Movistar que, tras una larga deliberación, nos dijo tanto ellos como el resto de las empresas de telecomunicaciones suscritas a Atelmo habían acordado dejar la vocería a esta asociación gremial.

Por su parte en Atelmo, la Asociación de Telefonía Móvil que comprende a las principales firmas del rubro a excepción de WOM -que está enojado con ellos tras denunciar que le hacen bullyingРnos respondieron varias veces que no habían logrado ubicar a su presidente, Guillermo Pickering (sí, exsubsecretario del Interior), por lo que nunca recibimos una contestación.

(Desde ya, si ve a Guillermo Pickering, por favor de aviso a Atelmo. Su familia debe estar preocupada).

As√≠ que fuimos con el t√≠o WOM, que no ha tenido pelos en la lengua para denunciar las que considera malas pr√°cticas de la industria. Sin embargo, esta vez prefiri√≥ guardar aquella lengua y s√≥lo nos entreg√≥ un escueto “por ahora no nos referiremos al tema”.

Desilusionados, marcamos el teléfono de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), donde amablemente nos dijeron que no estaban autorizados a hablar del asunto debido a que todo estaba siendo coordinado por su hermano mayor (en inglés, Big Brother), el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior a su vez nos transfirió a la Subsecretaría del Interior y, por fin, aquí no nos derivaron al buzón de voz.

De hecho, estaban bastante mosqueados.

“Esto es una controversia falsa e interesada”

S√ļper Agente 86 | CBS
S√ļper Agente 86 | CBS

Tras la publicaci√≥n de El Mostrador, el subsecretario del Interior en persona, Mahmud Aleuy, hizo llegar una carta al peri√≥dico digital denunciando lo que calific√≥ como una “controversia falsa e interesada”, alegando que la modernizaci√≥n del decreto 142 no tiene nada ilegal ni menos inconstitucional.

Para el organismo, la iniciativa s√≥lo corresponde a una necesaria respuesta ante la evoluci√≥n de las telecomunicaciones durante los √ļltimos 12 a√Īos, remiti√©ndose a establecer un plazo razonable para guardar registros b√°sicos de las comunicaciones.

“Es necesario aclarar que toda esta informaci√≥n ya es almacenada por las empresas de telecomunicaciones con fines comerciales. Lo que se define en el reglamento es que¬†sea puesta oportunamente a disposici√≥n de la justicia, cuando la Fiscal√≠a lo requiera, en el contexto de una investigaci√≥n penal que cuenta con el resguardo del Juez de Garant√≠a. De esta forma, se cumplen todas las obligaciones legales y est√°ndares constitucionales”, asegur√≥ Aleuy.

Pero, ¬Ņno es inconstitucional que se modifique v√≠a decreto una normativa que hasta ahora hab√≠a sido tratada por el Legislativo?

“No se est√° modificando una normativa -respondi√≥ la Subsecretar√≠a del Interior a BioBioChile– lo que se realiza en el reglamento es precisar la forma en que se debe dar cumplimiento a las obligaciones legales, entonces se trata de ejecutar el mandato legal en forma efectiva”.

¬ŅExisten otros pa√≠ses donde se est√©n aplicando las mismas normativas? La Uni√≥n Europea (UE) rechaz√≥ la aplicaci√≥n de una disposici√≥n similar por considerar que atenta contra los derechos fundamentales de las personas.

“Actualmente se aplica la conservaci√≥n de metadatos en pa√≠ses como Alemania, Brasil, Australia, Espa√Īa, Estados Unidos, entre otros”.

(¬ŅQu√© Espa√Īa no queda en Europa? S√≠, pero el fallo de la UE permiti√≥ a sus miembros conservar sus legislaciones hasta redactar un texto de acuerdo comunitario).

Sin embargo cuando revisamos en detalle encontramos algunos bemoles. En Brasil, la ley determina que s√≥lo se registrar√°n individualmente los datos de las personas requeridas por una orden judicial y por plazo m√°ximo de 1 a√Īo. En Espa√Īa b√°sicamente se mantiene el registro de direcciones IP, aunque este puede ser requerido adem√°s de las polic√≠as, por la Direcci√≥n de Aduanas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, por si a alguien le trae recuerdos).

Pero Estados Unidos se lleva el premio, literalmente. Seg√ļn el art√≠culo 222 (cualquier parecido a Chile es pura coincidencia) del C√≥digo de Privacidad de la Informaci√≥n del Consumidor, los proveedores deber√°n conservar por al menos 90 d√≠as los datos de los usuarios s√≥lo cuando una agencia gubernamental lo requiera.

M√°s a√ļn, la ley estadounidense no contempla un m√°ximo de tiempo en el cual las empresas deban borrar dicha informaci√≥n, por lo que pueden mantenerla de modo voluntario. Ahora, ¬Ņpor qu√© una empresa incurrir√≠a voluntariamente en los gastos que esto conlleva? Pues porque el gobierno debe compensarlas econ√≥micamente por ello.

Sí, uso la Fuerza para resistirme a hacer elucubraciones.

Pero volviendo a nuestros amigos de la Subsecretar√≠a del Interior, reservamos nuestra principal interrogante para el final: dado que el borrador del texto al cual se tuvo acceso dispone que “cualquier organismo p√ļblico autorizado” podr√° acceder a la informaci√≥n. Entonces, ¬Ņuna redacci√≥n de esta √≠ndole no deja demasiadas posibilidades a que se abuse del acceso a los datos?

“El reglamento se√Īala que la informaci√≥n se encontrar√° a ‘disposici√≥n del Ministerio P√ļblico y de toda otra instituci√≥n que se encuentre facultada por ley para requerirlos"”, nos responden.

Mmmmkey… pero eso es como lo mismo.

“El C√≥digo Procesal Penal establece que la Fiscal√≠a puede requerir a sus organismos auxiliares la obtenci√≥n de los registros en el marco de un proceso, y sus organismos auxiliares son Carabineros y la PDI”, retruc√≥.

¬ŅEntonces podemos publicar que el Gobierno asegura que las √öNICAS instituciones que podr√°n requerir los datos ser√°n el Ministerio P√ļblico y las polic√≠as? ¬ŅAbsolutamente nadie m√°s?

“Lo que corresponde es se√Īalar que a los registros acceden los que son autorizados por la ley”.

Bueno, me doy. Mejor dejemos el tema… uno de Rockwell. Cl√°sico de los 80.

Posterior a la publicación de esta nota, Atelmo hizo llegar a BioBioChile la siguiente declaración:
atelmo

URL CORTA: http://rbb.cl/hroe
Tendencias Ahora