La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, condenó las ejecuciones de cuatro activistas prodemocracia en Birmania (Myanmar), las primeras en ese país en más de 30 años, y exigió la liberación de todos los presos políticos.
Las penas capitales fueron aplicadas pese al llamado generalizado de la comunidad internacional a que la Junta Militar no llevara a cabo estas ejecuciones, señaló Bachelet, quien se mostró “consternada” por “un cruel paso atrás de un régimen militar que es un paso más en su campaña represiva contra su propio pueblo”.
“Las ejecuciones constituyen crueles violaciones en los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y el juicio justo de las personas”, añadió la expresidenta chilena, quien aseguró que estos actos “no hacen sino complicar una crisis que los propios militares han creado”.
Bachelet urgió al país a reinstaurar su moratoria de facto en el uso de la pena de muerte, y recordó que más del 30% de las 2.100 personas asesinadas desde el golpe de estado de febrero de 2021 murieron bajo custodia militar, en su mayoría a causa de maltrato.
En otro comunicado, dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas se sumaron a la condena y pidieron “una respuesta inmediata” contra la Junta Militar por parte de la comunidad internacional.
“Estamos indignados y desolados por el asesinato de estas cuatro personas. Nuestros corazones están con sus familias, amigos y seres queridos, y con todo el pueblo de Birmania, que es víctima de la escalada de atrocidades de la Junta”, señalaron el relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, y su homólogo para las ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.
Los dos expertos lamentaron que las víctimas fueran juzgadas, condenadas y sentenciadas por un tribunal militar el 21 de enero sin derecho a apelación, y al parecer, sin asistencia legal, “lo que supone una grave violación del derecho internacional humanitario”.
Un diputado entre los ejecutados
Entre los ejecutados se encuentran al antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeyar Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la Junta.
Los otros dos son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares.
Desde que los militares asaltaron el poder se ha condenado a muerte a un total de 117 personas, aunque esta pena hasta ahora no se aplicaba en el país desde hace más de tres décadas, y las condenas se sustituían por años de prisión.
El último “ajusticiamiento” en Birmania tuvo lugar en 1988, bajo la extinta junta militar que gobernó el país entre 1962 y 2011, según Amnistía Internacional.
“Los asesinatos generalizados y sistemáticos de los manifestantes, los ataques indiscriminados contra pueblos enteros y ahora la ejecución de los líderes de la oposición, exigen una respuesta firme y contundente de los estados miembros de la ONU”, insistieron los relatores de la ONU.
El golpe de estado de 2021 ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
