En medio del océano Pacífico, el Gobierno de Perú avanza con el proyecto de reconstrucción de El Frontón, una prisión en una isla alejada de la costa del Callao, con la promesa de replicar el aislamiento y los altos estándares de seguridad de conocidas cárceles internacionales.
La iniciativa, impulsada en pleno debate nacional, representaría una inversión estatal cercana a 500 millones de soles (alrededor de 150 millones de dólares) para levantar una infraestructura de máxima seguridad que acogerá —según estimaciones del Ejecutivo— “hasta 2.000 internos” en régimen cerrado, sin contacto alguno con el exterior.
Según lo anunciado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan José Santiváñez, “en 20 días comenzará la remoción de tierras”.
Este recinto, de acuerdo a sus declaraciones, solo recibirá a personas con sentencia firme y mantendrá un sistema de aislamiento absoluto, donde cada recluso permanecerá en una celda individual y carecerá de visitas de familiares.
“Será un régimen absolutamente cerrado, de una celda por interno, sin visitas físicas ni de familiares ni de abogados”, detalló Santiváñez.
Fortaleza “impenetrable”
La ubicación de El Frontón, rodeada por fuertes corrientes y alejada del continente, remite al imaginario de Alcatraz, la célebre prisión federal estadounidense que funcionaba como fortaleza impenetrable en medio de la Bahía de San Francisco.
Alcatraz se distinguió por su completo aislamiento, así como por la presencia de reclusos notables y la severidad de sus condiciones, lo que delimitaba cualquier intento de fuga.
En ambos casos, el entorno insular representaba un obstáculo natural casi infranqueable: el mar entre la prisión y tierra firme actuaba como barrera. La experiencia de Alcatraz concluyó en 1963, motivada por los elevados costos operativos, y hoy la isla constituye un atractivo turístico.
En esa línea comparativa, Santiváñez subrayó ante medios internacionales que la nueva infraestructura en El Frontón adoptará características presentes en megaprisiones recientes, empleando tecnología de bloques prefabricados para acelerar la edificación en condiciones adversas.
“Hoy existe una tecnología constructiva moderna con bloques prefabricados, lo que permitirá avanzar rápidamente para tener, en los próximos años, la cárcel de máxima seguridad habilitada”, sostuvo.
La analogía se extiende a la prisión salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, un modelo de gestión rígida construido en 2022 durante la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.
Desata la polémica
El proyecto de El Frontón no ha estado exento de polémicas. Al interior del propio Estado peruano han surgido voces alertando sobre las dificultades técnicas, presupuestarias y logísticas asociadas a la construcción y operación de un penal en una isla remota, donde actualmente predominan ruinas, aves marinas y una infraestructura devastada desde 1986.
El Colegio de Arquitectos del Perú enfatizó en su llamado a las autoridades sobre la necesidad de respetar la planificación urbana y revisar la viabilidad del penal, considerando la ausencia de servicios básicos y el alto costo que implicaría su traslado a la isla: “No hay agua, no hay luz, no hay servicios que se puedan trasladar aquí y que no sean altamente costosos”.
En el Congreso peruano, la propuesta fue aprobada por unanimidad, mientras el Colegio de Arquitectos señala inconsistencias técnicas. De acuerdo con los informes técnicos de INPE (Instituto Nacional Penitenciario), una superficie de cinco mil metros cuadrados solo permitiría recluir a unos 108 internos, cifra considerablemente inferior a la proyectada oficialmente por el actual Ejecutivo.
Documentos de la Policía Nacional y del Ministerio de Economía y Finanzas sustentan dudas similares, advirtiendo que la ejecución rebasa el presupuesto e incide de forma negativa en el equilibrio financiero nacional.
Complejidad operativa
Las complejidades operativas incluyen el traslado diario de entre 300 y 500 empleados penitenciarios, así como el abastecimiento de al menos dos toneladas de alimentos por día, insumos que requerirán un esfuerzo logístico permanente y el uso de embarcaciones bajo supervisión militar o policial.
“Serían mínimo dos toneladas de alimentos al día. El transporte de los trescientos o quinientos empleados penitenciarios, porque tienes el equipo profesional técnico de tratamiento y administrativo, que trabajan ocho horas diarias, que tendrían que ir y volver todos los días”, detalló una de las fuentes a BioBioChile.
Adicionalmente, la generación de energía y la provisión de agua mediante ósmosis inversa, así como el tratamiento de residuos, figuran como desafíos económicos y ambientales a largo plazo.
El entorno de El Frontón, a media hora de navegación de la costa del Callao, se caracteriza por su aislamiento y peligrosidad de las aguas, como lo recuerda la experiencia penitenciaria de los años ochenta.
“El cierre se debió a la dificultad que existía en cuanto a su ubicación geográfica, por la imposibilidad de que un preso pudiera salir de ahí. Estaba en una isla inhabitada y cuyas corrientes son absolutamente peligrosas, o sea, no se puede nadar”, explicó Santiváñez.
El terreno rocoso aumenta los desafíos de edificación y los antecedentes reflejan que los intentos de escape eran poco frecuentes, a diferencia de otros penales del país, aunque el escepticismo sobre la viabilidad total de la propuesta continúa vigente.
Impacto y observaciones
El impacto sobre el entorno turístico tampoco ha pasado inadvertido. Voces ciudadanas y de operadores turísticos alertan que la presencia permanente de fuerzas de seguridad y la restricción de acceso modificarán el atractivo de la zona costera y de las islas cercanas, tradicionalmente visitadas por su biodiversidad y paisaje. Actualmente, solo sobreviven los vestigios arquitectónicos de pabellones como el Azul, hoy convertidos en refugio de aves autóctonas.
Las comparaciones con Alcatraz refuerzan la dimensión simbólica de El Frontón dentro del debate público peruano. La prisión estadounidense fue legendaria por la notoria dificultad de fuga impuesta por las frías aguas y las corrientes, elementos que la convirtieron en referencia internacional. En el caso peruano, la propuesta también destaca la ausencia de contacto exterior como medida central en la política penitenciaria para reclusos de alta peligrosidad.
La discusión sobre costos específicos ocupa un lugar central en la agenda de organismos estatales y profesionales, que advierten que los recursos previstos superan ampliamente los de otros cinco penales inconclusos, capaces de albergar a más de 14.000 reclusos con una inversión equivalente o inferior.
Durante la planificación, cuatro instituciones del Estado, incluido el propio Ministerio de Justicia, han formulado observaciones técnicas y presupuestarias, muchas de ellas documentadas durante la gestión anterior de Eduardo Arana.
A pesar de ello, la presidencia de Dina Boluarte ha mantenido la apuesta por el modelo de aislamiento total. El expediente de la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional recomienda alternativas menos costosas y más accesibles, como la expansión de penales en el continente, con capacidad para decenas de miles de internos.
El anuncio oficial de Juan José Santiváñez llegó mientras se desarrollaba el caso Ícaro, una investigación sobre presuntas redes criminales que involucran a integrantes del actual Ejecutivo.
Desde entonces, la propuesta ha avanzado a contracorriente de los dictámenes del Ministerio de Justicia, el INPE, la Policía Nacional y el Ministerio de Economía, cuyas objeciones permanecen consignadas en expedientes oficiales revisados por BioBioChile.
La prisión de El Frontón estaría destinada a una población completamente aislada y operaría bajo un régimen cerrado, con vigilancia estricta y sin derecho a visitas de familiares ni defensores legales, lo que representa un giro radical respecto a las políticas carcelarias previas en el país. La isla posee unas trece hectáreas habitables, de las cuales dos se destinarán al penal y una a una villa exclusiva para funcionarios penitenciarios.
Las condiciones físicas adversas, la ausencia de servicios y los importantes obstáculos ambientales mantienen activa la controversia sobre la ejecución de El Frontón como proyecto penitenciario de máxima seguridad.
Las posturas institucionales y especializadas insisten en que la construcción y manutención de la cárcel supera la lógica técnica y financiera. En paralelo, la meta gubernamental de forjar una prisión inviolable y carente de contacto con el exterior refuerza la comparación inevitable con Alcatraz, símbolo global del confinamiento absoluto y la imposibilidad de fuga.
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