Presidente de Honduras desde 2014 y reelegido hasta 2022 con la bendición de Washington, Juan Orlando Hernández es señalado ahora como narcotraficante en una corte federal estadounidense.
Fiscales federales de EEUU aseguran que el padrino de una de las organizaciones del narcotráfico del Triángulo Norte es Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras desde 2014 y reelegido en 2017 bajo acusaciones de fraude pero con la bendición de EEEUU.
Sin embargo, desde hace varios años la Agencia estadounidense del Control de drogas, la DEA, sabía que el mandatario hondureño y su hermano Antonio, uno de los grandes capos centroamericanos hoy preso en NY, recibieron entre 2004 y 2019 más de 2.500.000 de dólares del narcotráfico para sus diversas campañas políticas.
Los señalamientos de la Corte federal de EEUU “aclaran el entramado y la infiltración que los grupos narcotraficantes han venido profundizando en los últimos años [en Honduras], un proceso acelerado por la inestabilidad que provocó el golpe de Estado en 2009 contra el presidente Zelaya”, dice a Radio Francia Internacional Tiziano Breda, especialista en crimen organizado del Triángulo norte en International Crisis Group.
“Y también revelan la relación ambigua entre autoridades de Estados Unidos que, por un lado -sobre todo agencias de seguridad como el Comando Sur-, han colaborado muy estrechamente con los gobiernos del país y con el mismo presidente Hernández en la lucha contra el narcotráfico, incautaciones y desmantelamiento de las estructuras. Porque efectivamente en estos últimos 10 años se han desmantelados lo que eran los grandes cárteles como Los Cachiros de Toco. Pero, por el otro lado, el Departamento de Justicia ha tomado la dirección opuesta y parece estar preparando un caso contra el presidente Hernández que no se ha abierto todavía”.
Narcos y Contras
La ambigüedad de la administración estadounidense frente a la estrecha relación narcotráfico y política en Honduras se remonta a los años 80.
En esa época apareció el primer narcotraficante hondureño de talla internacional, Juan Ramón Matta Ballesteros, quien además era un empresario importante del país centroamericano. Estados Unidos contrató los aviones de este capo hondureño para transportar armas y ayuda a La Contra de Nicaragua financiada por Washington para combatir al gobierno de izquierda tras el triunfo de la Revolución Sandinista.
“El tema principal es que Honduras es hogar, por así decirlo, de una de las bases militares más grandes de Estados Unidos”, dice Breda. “Siempre ha sido considerado un socio estratégico a nivel militar y esto ha afectado la política exterior de Estados Unidos en el sentido de que la relación militar ha sobrepasado o ha influenciado la colaboración política hacia ese país centromericano.
Algunos demócratas en el Congreso han intentado señalar que esta necesidad de una política más coherente por parte de Estados Unidos, que no puede hacerse la vista gorda de otros temas como la impunidad, violaciones a derechos humanos y también los vínculos de las altas esferas del Estado con el crimen organizado que se intenta combatir”.
A finales del siglo pasado, en 1997, la Comisión legislativa contra el Narcotráfico de Honduras advirtió que los carteles de la droga financiaban las campañas electorales del Partido Liberal, entonces en el poder, y del Partido Nacional en la oposición. Juan Rafael Soto, fiscal contra el narcotráfico en ese momento, aseguró que las evidencias sobre la intervención del narcotráfico en la vida política de Honduras eran muy fuertes.
El Golpe que Obama no evitó
Doce años después de estas advertencias se perpetró el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el presidente de Honduras representado por sus opositores con la imagen de alfil de Chávez en la región.
“La mañana del golpe, antes de que los soldados trasladaran a Zelaya a Costa Rica en avión, lo llevaron a Soto Cano, la base militar que Estados Unidos había montado veinte años antes a 80 Km. de Tegucigalpa. Alrededor de 600 soldados estadounidenses se encontraban emplazados en la base en 2009 y la responsabilidad en la torre de control era compartida por oficiales estadounidenses y sus contrapartes hondureñas. Zelaya fue transferido al avión presidencial de color azul brillante”, reza en una investigación realizada en 2017 por Jake Johnston del CEPR (Centro de Investigación en Economía y Política con sede en Washington)
El estudio llevado a cabo sobre la base de miles de páginas de registros del gobierno recientemente desclasificados y decenas de entrevistas con altos oficiales de los ejércitos de Estados Unidos y Honduras, políticos y otras fuentes claves, revela el complejo entramado de las relaciones, a veces contradictorias, de Estados Unidos con Honduras que condujeron al golpe contra Zelaya.
Un día después de derrocado Zelaya, el presidente Obama declaro que “el golpe no era legal” y que Zelaya seguía siendo el presidente legítimo de Honduras: “Sería un precedente terrible si comenzamos a retroceder a una época en que veíamos a los golpes militares como medio de transición política en lugar de las elecciones democráticas ».
Pero el gobierno de Barack Obama llevaba apenas seis meses en el poder y para el caso de Honduras se impuso la visión de la Guerra Fría que tienen el Departamento de Estado, el Pentágono y los órganos de inteligencia estadounidenses. Para dichos estamentos, un pronunciamiento fuerte del nuevo gobierno de Estados Unidos contra los golpistas hondureños hubiera dado una mala la señal al hemisferio.
Diez años de un NarcoEstado
Durante la década que siguió al Golpe militar contra Zelaya el país se hundió en la violencia, el caos institucional, la inestabilidad política y la corrupción.
“En los últimos años, si revisamos las cifras relacionadas a la impunidad y la corrupción, más del 90% de los casos que llegan a conocimiento de las autoridades no se investigan”, decía en 2019 a Radio Francia Internacional la entonces coordinadora del Observatorio de Migraciones Internacionales de Flacso, Honduras.
Ese mismo año, la Conferencia episcopal de Honduras emitió un duro pronunciamiento en el que denunciaba que “la lacra del narcotráfico ha permeado las instituciones de nuestro país”. El documento acusa a la clase política de tener un pacto con los “narcos” que siembran el terror y cobran centenares de vidas inocentes en el país. El padre Juan Angel López advirtió que buena parte de la clase política hondureña estaba coludida con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Al mismo tiempo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organismo de la sociedad civil independiente del Gobierno hondureño, expresaba en un documento que, gracias a la colaboración de políticos e instituciones de Estado, el 80% de la droga proveniente de Sudamérica pasa por Honduras antes de llegar a Estados Unidos.
Bajo acusaciones de fraude y en contra de la Constitución, Juan Orlando Hernández resultó reelecto presidente el 17 de diciembre de 2017. Misiones de observadores de la ONU y la OEA indicaron las falencias de dicho proceso electoral y recomendaron la celebración de nuevos comicios que nunca se llevaron a cabo.
Un año despues, el hermano del presidente Hernández y exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández fue capturado en Miami por tráfico de drogas ilícitas y armas. Para la DEA, “Tony” clasificaba como uno de los principales narcotraficantes de Centroamérica.
El mejor amigo de Trump en el Triángulo Norte
La administración de Donald Trump aplicó una política de “laisser faire, laisser passer” (dejen hacer, dejen pasar) frente a su homólogo hondureño. La Casa Blanca guardó silencio frente a los hechos de corrupción y tráfico de drogas que alcanzaban a Juan Orlando Hernández, al tiempo que lo felicitaba por su compromiso en frenar la migración hacia Estados Unidos.
“Quiero felicitarte y decirte que has hecho un trabajo fantástico. Nosotros vamos a estar contigo” le dijo Trump a Hernández en septiembre de 2019 tras firmar en Washington el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).
Con la firma de este pacto migratorio, Honduras se convirtió en “país seguro” sumándose a los otros dos miembros del Triángulo Norte, Salvador y Guatemala, en contener las olas migratorias que huyen del hambre, la miseria y la muerte hacia el “sueño americano”.
Por su parte, Estados Unidos se atribuyó el derecho de deportar migrantes provenientes de estas tres naciones. El pasado 2 de febrero, la administración de Joe Biden suspendió el acuerdo ACA.
