Se extraña hoy una actitud más proactiva de rendición de cuentas sobre la acción militar en la zona, algo fundamental ahora que se está pensando en involucrarlos más en tareas de orden público.
El brutal asesinato de los tres carabineros en Cañete la madrugada del sábado 27 es el peor atentado que Carabineros haya sufrido en su historia. Por lo que sabemos por fuentes abiertas, no responde al modus operandi de las acciones frecuentes de los grupos delictuales presentes en la zona, más bien parece un crimen planificado con el objetivo de dar una fuerte señal al Estado.
El hecho es tan grave que, de comprobarse esta hipótesis, indicaría un punto de inflexión en el tipo de violencia que se vive en la zona. Estaríamos trascendiendo la noción de “violencia rural” o conflicto mapuche, para adentrarnos en un terreno de mayor complejidad, lo que implicaría la necesidad de reevaluar nuestra concepción del terrorismo, del crimen organizado y el rol de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Una zona en Estado de Excepción
Dadas las condiciones que vivimos en la actualidad en materia de criminalidad, este atentado puede haber reunido “a todos los demonios” dado a que en la macrozona sur se mezclan conflictos etnopolíticos, crimen organizado y delincuencia común.
La provincia de Arauco tiene una larga historia de conflictos donde ha habido armas de fuego de grueso calibre y se han cometido todos los errores posibles en estos casos: abandono del Estado, confusión política y respuesta tardía.
Era posible que algo así ocurriera en ese lugar.
Sin embargo, llama fuertemente la atención que este horrible asesinato haya ocurrido bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia. Si bien las cosas en apariencia parecían haber mejorado en la zona bajando los niveles de violencia, ¿no se consideró una posible transformación de las estrategias de los criminales?
Asimismo, ¿por qué en un territorio de alto riesgo bajo amplio control de las Fuerzas Armadas, tres carabineros se desplazaron sin acompañamiento militar de apoyo? Hay muchas interrogantes más, pero convengamos estamos frente a un estado de excepción renovado numerosas veces y dónde a estas alturas debiéramos tener bastante más claridad sobre los movimientos posibles de los violentistas.
Una autoridad militar silente
Hasta el momento no hemos escuchado muchas explicaciones de parte del Jefe de la Defensa Nacional en Biobío el Contraalmirante Oscar Manzano, a quien según la Ley 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción Art.5.1, le compete: “Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción”.
Sin ir muy lejos, durante los incendios en Viña del Mar este verano, se vio muy activo al general Daniel Muñoz, Jefe de la Defensa Nacional en el estado de catástrofe, quién incluso adelantó tesis sobre el carácter orquestado de los incendios.
Pero más que declaraciones sobre conjeturas, se extraña hoy una actitud más proactiva de rendición de cuentas sobre la acción militar en la zona, algo fundamental ahora que se está pensando en involucrarlos más en tareas de orden público. El punto es relevante puesto que muchos ahora piden a gritos estado de sitio, sin saber a ciencia cierta si lo necesitamos verdaderamente.
Hasta ahora, las Fuerzas Armadas han sido muy responsables y juiciosas en su involucramiento en labores policiales, su posición en el último COSENA fue muy categórica y hoy es necesario que, dentro de lo que los civiles puedan conocer, se pueda tener mayor claridad de lo que están haciendo para evitar nuevos atentados como este en Biobío.
