El fiscal general de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, envuelto en un escándalo judicial de tráfico de sentencias, seguirá en su cargo luego que una comisión del Congreso desestimó este lunes una acusación que pedía su destitución.

La Comisión Permanente del Congreso, controlada por el opositor partido fujimorista Fuerza Popular, se pronunció en contra de la acusación a Chávarry que impulsó el oficialismo por considerar que éstas carecían de sustento.

La decisión envió al archivo la denuncia y le cerró así el paso a la posibilidad de que el pleno del Congreso debatiera su destitución.

El partido oficialista Peruanos Por el Kambio exigía la destitución y una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.

La decisión que favoreció al fiscal recibió también el apoyo de legisladores del socialdemócrata Apra, el partido del expresidente Alan García (1985-1990/ 2006-2011).

El respaldo a Chávarry por parte de Fuerza Popular, se produce en momentos que su líder Keiko Fujimori está detenida desde el 10 de octubre, por un lapso de 10 días, en la prefectura de la Policía, en Lima.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es investigada por presuntos aportes por 1,2 millones de dólares de la brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011. Se le acusa del delito de lavado de activos.

Según la acusación, Chávarry cometió infracción a la Constitución al haber mentido sobre sus presuntos nexos con el empresario Antonio Camayo, vinculado con la organización criminal denominada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Las mentiras del Chávarry sí califican como una infracción constitucional. Me siento indignado por el archivo del informe”, dijo a periodistas el congresista oficialista Juan Sheput al término de la sesión.

Sheput consideró que el fiscal “es un personaje con extrañas relaciones con personajes, que su propia institución investiga”.

El presidente Martín Vizcarra le exhortó a dar un paso al costado en más de una ocasión, pero Chávarry se niega alegando que no cometió delito alguno.

El Congreso es el único que lo puede destituir.

La prensa local vincula a Chávarry con el fujimorismo, señalando que la bancada parlamentaria de esa agrupación decidió protegerlo.

Un informe de la fiscal Sandra Castro, vinculó a Chávarry con jueces, fiscales supremos y exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura -órgano que designaba a jueces y fiscales-, todos ellos supuesto integrantes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Chávarry, quien debe dirigir la lucha contra la corrupción desde su cargo, asumió como Fiscal General por tres años el 20 de julio a pesar de haber sido vinculado con dicha organización.

El escándalo de tráfico de favores y sentencias judiciales que le salpicó estalló el 8 de julio, con la difusión de comprometedores audios de conversaciones telefónicas de jueces.