Operación Tokio: CMF confirma que hay "aspectos de mejora y situaciones que corregir" en los bancos

La Operación Tokio puso en el ojo público los filtros y procesos internos de los bancos en Chile, luego que se desbaratara una operación ligada al Tren de Aragua que movió y lavó $75 mil millones de pesos.

Y aunque la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reconoció que en general los bancos tienen controles de distintos procesos y monitoreos en la materia, los que se activaron al detectar operaciones sospechosas, también se “han observado algunos aspectos de mejora y situaciones de que corregir”.

Así lo señaló un oficio firmado por la presidenta de la CMF, Catherine Tornel León, en respuesta al diputado Cristian Araya (Rep), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, quien solicitó antecedentes al regulador sobre posibles brechas o fallas regulatorias detectadas en el contexto del citado golpe al crimen organizado.

Con ello, el organismo dijo que citaron a los principales ejecutivos de los dos bancos que se han visto involucrados en el caso, Santander y BancoEstado.

Bancos y la Operación Tokio

Al inicio del oficio, se sostuvo que el mandato de la CMF es supervisar y regular los bancos e instituciones financieras para mantener la solvencia y estabilidad del sistema, incluyendo para este fin un marco regulatorio prudencial “orientado a limitar ciertas actividades y mitigar los diversos riesgos de las entidades financieras”, junto con “un enfoque de supervisión basado en riesgos”.

En este sentido, la Comisión dijo que la normativa vigente sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) concuerda con los estándares definidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Así, apuntó que las revisiones “han evidenciado que, en general, los bancos presentan adecuadas estructuras de gobierno, marcos de políticas y procedimientos, como también controles en los distintos procesos y etapas del monitoreo. Sin perjuicio de ello, se han observado algunos aspectos de mejora y situaciones que corregir, que han sido representadas a las entidades, respecto de las cuales, éstas han comprometido planes de acción para su regularización”.

“En lo referido al caso denominado “Operación Tokio”, en particular respecto de los bancos que han sido mencionados públicamente -Santander y BancoEstado-, este Organismo ha mantenido un estrecho seguimiento del caso, revelaron, confirmando una serie de reuniones con los responsables de las funciones de cumplimiento en esas empresas, además de citar a los principales ejecutivos de ambas entidades.

“Con todo, en el ámbito de nuestra competencia y de acuerdo con la información recabada en todas las entidades, los sistemas de monitoreo permitieron alertar operaciones inusuales, las que fueron analizadas y reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en aquellos casos en que no existía una debida justificación económica o jurídica aparente o no coincidía con el perfil financiero del cliente”, concluyó el oficio.

Según los antecedentes que se han conocido, la célula del Tren de Aragua denominada “Los Shelby” blanqueó aproximadamente $75 mil millones mediante la creación de sociedades ficticias medainte testaferros y la cooptación de locales nocturnos en el barrio Bellavista.

Respecto al papel de la banca, se reveló la existencia de ejecutivos bancarios que colaboraron para facilitar la apertura de cuentas corrientes y múltiples productos financieros, con tal de fragmentar el dinero y hacer más difícil la trazabilidad para luego enviarlo a Colombia y Venezuela.

Aquí surge el nombre de José Carlos Pérez Asencio, un ciudadano venezolano que trabajaba como ejecutivo de recuperaciones en una sucursal de Santander en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago y que fue reclutado ya estando en el banco, quien realizaba las labores explicadas previamente.

Y también luego surgió el nombre de Rossana Magdalena Blanco Blanco, una ejecutiva también venezolana que realizaba labores de apoyo en BancoEstado como parte de servicios contratados a un proveedor externo, y que según la investigación, era una facilitadora interna para el blanqueo de capitales.