La Operación Tokio dejó al descubierto una nueva dimensión de la presencia del crimen organizado en Chile: su capacidad para insertarse en la economía formal. Pero esta infiltración no consistió en hackear bancos ni recurrir a sofisticados ataques informáticos o vulneraciones de seguridad, sino en la participación de funcionarios dentro del propio aparato financiero.
Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, el Tren de Aragua no necesitó vulnerar los sistemas de seguridad de las entidades financieras. En cambio, habría incorporado a personas que trabajaban dentro del sistema bancario para facilitar operaciones, flexibilizar controles y ayudar a mover grandes sumas de dinero sin despertar sospechas inmediatas, actuando como facilitadores para blanquear activos provenientes de delitos como la extorsión, el narcotráfico y la trata de personas.
Aunque la investigación ya permitió identificar a personas vinculadas al sistema financiero que habrían colaborado con la organización, todavía queda una pregunta abierta: si se trata de casos puntuales o de una estrategia más extensa de penetración en la banca chilena.
75 mil millones de pesos blanqueados
De acuerdo con las investigaciones, la célula “Los Shelby” blanqueó aproximadamente $75 mil millones en Santiago mediante dos vías principales: la creación de sociedades ficticias a través de testaferros y la cooptación de locales nocturnos en el barrio Bellavista. Allí mezclaban las ganancias de sus crímenes y extorsiones a otros comerciantes, a quienes obligaban a ceder sus locales, y de otras actividades delictuales con los ingresos de los recintos, incluso pagando impuestos para dar apariencia de legalidad al dinero y eludir los controles.
Es aquí donde entran en juego los trabajadores de los bancos. Para que estos montos circularan por el sistema formal sin generar alertas, contaron con la colaboración de ejecutivos bancarios que habrían facilitado la apertura de múltiples productos financieros y operaban “cuentas puente” diseñadas específicamente para fragmentar el dinero y hacerle perder su trazabilidad.
Una vez que el dinero estaba dentro del sistema bancario a nombre de las empresas fachada, se procedía a su exportación: el dinero era transferido a empresas transnacionales para mezclarlo con capitales globales, donde gran parte de los fondos se convertía en criptoactivos para borrar definitivamente el rastro del dinero; aunque las autoridades lograron incautar unos 370 mil dólares en estas divisas digitales.
El capital blanqueado se enviaba principalmente a Colombia, donde era recibido por líderes como Carlos “Bobby” Gómez para financiar el control territorial y actividades criminales desde la cárcel de Bogotá.
Los ejecutivos: la clave para infiltrarse en la economía formal
La participación de estos ejecutivos bancarios en la red del Tren de Aragua fue descubierta, en parte, gracias al hallazgo accidental de un teléfono celular y al posterior rastreo de movimientos financieros sospechosos. La pista surgió tras un quíntuple homicidio ocurrido en julio de 2024 en una parcela de Lampa, donde Bárbara Hernández, alias “Barbie”, dejó abandonado su teléfono celular al escapar del lugar.
José Carlos Pérez Asencio
El primer nombre que reveló la investigación fue José Carlos Pérez Asencio, un ciudadano venezolano que trabajaba como ejecutivo de recuperaciones en la sucursal de calle Agustinas del Banco Santander, en el centro de Santiago, desde 2019. Según las investigaciones, Pérez fue reclutado por la banda mientras ya era funcionario del banco.
De acuerdo con las investigaciones, el ejecutivo abría y operaba múltiples productos bancarios para recibir dineros provenientes de delitos. Asimismo, habría realizado maniobras financieras diseñadas deliberadamente para hacer perder el rastro del dinero ilícito dentro del sistema bancario formal.
El perito contable de la Universidad Diego Portales, Christian Nino-Moris, explicó a este medio que el lavado de dinero suele realizarse por tres etapas: la colocación, la estratificación y la integración.
El experto indicó que, en el proceso, la más importante es la integración de los dineros. Ya que con ella los recursos logran circular con apariencia de legalidad dentro de la economía formal. Mezclando así las operaciones legítimas con las ilícitas, e incluso pagando impuestos.
En el caso de la Operación Tokio, sostuvo que el ejecutivo del banco detenido habría actuado como un “facilitador”. Lo anterior debido a que usaba cuentas personales y no necesariamente del banco donde trabajaba.
Para el abogado, exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Felipe Harboe,”lo que pasó justamente en este caso particular es evidente: el ejecutivo (Pérez) tenía un rol de tener laxitud en los controles para permitir que el dinero que provenía de extorsiones y delitos ingresara al sistema financiero sin generar sospechas”, apuntó Harboe durante una entrevista con este medio.
Como consecuencia de su vinculación con el Tren de Aragua, Pérez fue detenido y se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Además, el Servicio Nacional de Migraciones rechazó su solicitud de nacionalidad chilena, la cual se encontraba en etapas finales de tramitación al momento de su captura.
Rossana Magdalena Blanco Blanco
Rossana Magdalena Blanco Blanco fue el segundo nombre que salió a la luz. Se trata de una ejecutiva de 45 años, también de nacionalidad venezolana, quien cumplía un rol activo no solo en el ámbito financiero, sino también en la logística de las extorsiones de la banda. Según aclaró BancoEstado, la mujer realizaba labores de apoyo como parte de los servicios contratados a un proveedor externo.
A diferencia de Pérez, Blanco habría tenido una participación mucho más directa en delitos violentos. Junto a su pareja, Joel David Díaz.
Su rol en BancoEstado era el de una facilitadora interna para el blanqueo de activos. No era una empleada de planta, sino que desempeñaba labores de apoyo como parte de servicios contratados a un proveedor externo de la institución entre enero de 2023 y junio de 2026. Se le imputa responsabilidad en la obtención y blanqueo de más de 75 mil millones de pesos que la célula “Los Shelby” extrajo de Chile hacia países como Colombia y Venezuela.
Por estos hechos, se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
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