España anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años

El martes, ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anunció que su país prohibirá las redes sociales a menores de 16 años.

De acuerdo con DW, también pedirá responsabilidades a los directivos de estas plataformas, asegurando que, deberán hacerse cargo legalmente de las infracciones que se cometan en sus plataformas digitales.

Por otro lado, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Así, España se une a los cinco países europeos en la ‘Coalición de los Dispuestos Digitales’ para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las redes sociales.

Sánchez consideró necesarias esas medidas y ese esfuerzo conjunto, argumentando que las redes sociales se han convertido en “un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio”.

También insistió en que es necesario “recuperar el control” y asegurarse de que las plataformas cumplen las normas como todos los demás, algo que ha admitido que no va a ser fácil porque las redes sociales y sus empresas son más ricas y poderosas que muchos países, incluida España.

“Pero su poder y su influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación es mayor que su riqueza”, sentenció.

La Comisión Europea, por su parte, celebró las medidas de Sánchez pero advirtió a su Gobierno que debe atenerse a ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea, sin imponer “obligaciones adicionales” a las grandes plataformas.

“Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Valoramos que haya Estados miembros que quieran ir un paso más allá restringiendo potencialmente el acceso de los niños a las redes sociales (…), pero imponer obligaciones adicionales a las plataformas no es posible”, manifestó Thomas Regnier, portavoz de política digital de la Comisión.

¿España puede imponer una edad mínima de 16 años para usar redes sociales?

Sí. España, Francia, Dinamarca, Grecia e Italia lideran el debate entre los Veintisiete para imponer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales, con París y Copenhague incluso fijando el umbral en los 15.

La Comisión Europea ha evitado por ahora legislar en este sentido, dada la falta de consenso entre los países de la UE, y alegando que se trata de una competencia nacional, por lo que da libertad a los gobiernos para que establezcan el límite de edad que deseen.

Por otro lado, se desconoce cómo España hará que las plataformas respeten su umbral y la Comisión Europea está a la espera de ver la propuesta definitiva del Gobierno.

La DSA obliga a las redes sociales a tener “medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores”, pero les da libertad a la hora de diseñarlas.

Por otro lado, la Comisión anima a las plataformas a tener sistemas que les permitan verificar con exactitud si los usuarios tienen más de 18 años cuando ofrezcan productos a mayores de edad, como alcohol, tabaco, drogas o contenido pornográfico.

Bruselas también lanzó el año pasado una aplicación móvil que permite a las plataformas y a las páginas web verificar la edad de los usuarios sin poner en riesgo su privacidad, una herramienta que está testando en un programa piloto en España, Francia, Dinamarca, Grecia e Italia.

Pero se trata solo de un instrumento voluntario que el Ejecutivo comunitario pone a disposición de las compañías para garantizar la protección de los menores, por lo que España no podría obligarles a usar la Cartera Digital que está desarrollando.

Algunas claves de la normativa europea

La Comisión publicó unas directrices a seguir por las plataformas para proteger a los menores, medidas voluntarias que pueden aplicar para demostrar que cumplen con la DSA.

Entre ellas, plantea que las cuentas que los menores se abran en las redes sociales sean privadas por defecto, para que solo puedan interactuar con las personas que han aceptado previamente. Así, únicamente podrán dar y recibir ‘me gusta’, comentar o publicar contenidos de los contactos que siguen.

Para evitar el ciberacoso escolar, el Ejecutivo comunitario también reclama que no se pueda añadir a los menores a ningún chat sin su consentimiento.

Bruselas también reclama que la reproducción automática de vídeos, los filtros para retocar la propia imagen, así como la cámara, el micrófono y los sistemas de geolocalización de los dispositivos estén desactivados.

Y que los contenidos que recomienden a los menores sean “adecuados” a su edad, especialmente la publicidad.

Sánchez también anunció que el Gobierno quiere que los directivos de las plataformas asuman la responsabilidad legal en caso de incumplir la ley. Se trata de una medida que también ha pedido el Parlamento Europeo, pero que no contempla la DSA y que el Ejecutivo comunitario tampoco se plantea.

Uno de los principios en los que se basa la ley europea es que las compañías no son responsables del contenido que publican los usuarios en internet. Las plataformas solo están obligadas a eliminar el contenido ilegal si tienen conocimiento del mismo, porque lo ha denunciado un usuario, un verificador o se lo han pedido las autoridades nacionales.

La normativa exige a las compañías que no potencien la propagación de contenido ilegal o contrario a los derechos fundamentales, es decir, que sus algoritmos no promuevan este tipo de información.

Por eso, la DSA obliga a las grandes tecnológicas -las que tienen más de 45 millones de usuarios mensuales, entre las que se encuentran X, Instagram, Facebook o TikTok- a elaborar informes anuales evaluando el riesgo que pueden causar sus plataformas y a poner en marcha medidas para evitarlo, y contempla sanciones de hasta el 6 % de la facturación anual para firmas que lo incumplan.

Sánchez también anunció ayer que el Gobierno trabajará con la Fiscalía para investigar a estas tres compañías, como ya ha hecho Francia en el caso de Grok.

La Comisión ha evitado comentar las investigaciones en Francia, alegando que la justicia francesa las hace en base a su propia legislación y no la DSA.