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La atomización sindical, expresada en la existencia de más de 11.900 sindicatos con un promedio de sólo 108 afiliados, y una cobertura de la negociación colectiva que no supera el 20%, reflejan una incapacidad para contrarrestar el poder del empresariado.
Antes de la dictadura, el sindicalismo chileno demostró una capacidad histórica para construir acuerdos sectoriales a través de instituciones tripartitas que coordinaban condiciones laborales a nivel nacional o por rama de actividad.
Ejemplos emblemáticos fueron la Comisión Mixta de Sueldos (1937), que fijaba un piso salarial provincial coordinado, y los avances legales en la construcción, que mediante la ley 16.480 de 1968 establecieron una Comisión Permanente para fijar anualmente las condiciones mínimas de toda la rama industrial.
Esta institucionalidad, que permitía una negociación colectiva supraempresarial y otorgaba un poder de incidencia real a los trabajadores en sectores productivos clave, fue sistemáticamente desmantelada tras el golpe de Estado.
La dictadura militar ejecutó una transformación radical y forzada del modelo de relaciones laborales, eliminando por completo toda forma de coordinación sindical centralizada. Mediante el Bando N°36 y decretos leyes como el 670, se derogó la base legal de las comisiones tripartitas y se clausuró toda negociación por rama de actividad.
El Plan Laboral de 1979 consolidó este nuevo paradigma, restringiendo por diseño la negociación colectiva al ámbito individual de cada empresa, promoviendo la fragmentación organizacional.
Este desmantelamiento, lejos de ser neutral y eficiente, respondió a una ideología económica y política clara que, al privilegiar la libertad absoluta del empresario y considerar la organización colectiva de los trabajadores como una distorsión del mercado y una amenaza política, buscó redefinir el poder en lo productivo.
Las consecuencias de este modelo han sido el severo debilitamiento estructural del poder de los trabajadores y una balanza de fuerzas fuertemente inclinada hacia los intereses empresariales. La atomización sindical, expresada en la existencia de más de 11.900 sindicatos con un promedio de sólo 108 afiliados, y una cobertura de la negociación colectiva que no supera el 20%, reflejan una incapacidad para contrarrestar el poder del empresariado.
Esta fragmentación, al dificultar el abordaje de temas productivos y de desarrollo industrial a nivel sectorial, ha consolidado un régimen laboral que anula la participación democrática de los trabajadores en el rumbo del país.
El Estado de Chile tiene una deuda histórica con los trabajadores. Ha incumplido su deber de restituir derechos colectivos al optar por la perpetuación de ese esquema, y las reformas posteriores no revirtieron sus pilares estructurales, manteniendo activo un sistema de relaciones laborales que sigue socavando el poder colectivo de los trabajadores.
En ese sentido, aunque tardía, la presentación del proyecto de negociación colectiva multinivel, abre un debate negado y silenciado.
En estas semanas, distintos actores sindicales han concurrido con sus visiones y experiencias a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, planteando por qué este proyecto es una deuda pendiente, pero también demostrando por qué es posible y necesario caminar en esta dirección.
Un mundo del trabajo en constante y acelerada transformación requiere del involucramiento de los principales actores laborales. Devolverle poder a los trabajadores permite que quienes son fundamentales para los procesos productivos de una industria puedan decidir, en mayor igualdad de condiciones, sobre materias tan relevantes como las necesidades de capacitación y certificación de competencias, jornadas de trabajo, medidas de conciliación laboral, productividad, innovación y sustentabilidad, entre otras.
La pregunta es: ¿Quiénes están en mejor posición que los trabajadores de un sector para identificar las necesidades de sus centros de trabajo?
