Sigue la discusión sobre proyecto que busca reducir la "permisología" y agilizar las inversiones

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó con la discusión del proyecto que busca reducir la denominada “permisología” y así agilizar las inversiones en el país.

Según detalló el ministro de Economía, Nicolás Grau, la iniciativa identifica la ruta crítica de autorizaciones de seis proyectos tipo, y -con ello- el conjunto de permisos que explican sus atrasos.

Recordemos que el análisis de la Cartera estima que -con este proyecto de Ley- los plazos sectoriales bajarían en un 35% en promedio, mientras que, al sumar trámites de evaluación ambiental, la disminución sería del orden de 27 puntos porcentuales.

Grau defiende la creación del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial

En la instancia, Grau defendió la creación -que permitiría esta reforma- del nuevo Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial: Organismo que tendría la misión de monitorear el cumplimiento de los plazos y procedimientos de los permisos.

“Estamos creando un servicio público que debiera tener unas 40 personas, con un presupuesto anual de $2 mil millones, donde $500 millones salen del Ministerio de Economía, porque actualmente hay algunas funciones que hacen equipos del ministerio que pasan a este nuevo servicio”, explicó.

En este sentido, el secretario de Estado declaró que no hay ningún servicio -actualmente- que tenga el rol de asegurar que el Estado actúe de forma eficiente y promueva la inversión.

Además, el ministro agregó que son 380 permisos que están siendo considerados con plazos máximos que beneficiarían a pequeñas, medianas y grandes empresas y, también, a personas naturales.

Silencios administrativos negativos

En el marco de la discusión, el diputado independiente por Evópoli, Christian Matheson, declaró tener aprehensiones con respecto a los silencios administrativos negativos.

“Yo creo que todos debieran ser positivos porque, si es que existe a una negligencia por parte de un funcionario y no responde a tiempo, se van a tender a judicializar los procesos”, explicó.

El silencio administrativo positivo contempla que, ante la falta de decisión o tardanza de la administración pública, se tenga el efecto favorable para los permisos solicitados.

Sin embargo, el ministro Grau señaló que estos servicios tienen una lógica, que buscan proteger a la sociedad de riesgos no deseados, por lo que no es razonable -a su juicio- que exista un silencio administrativo positivo para todos los proyectos.