El Gobierno -el pasado 9 de septiembre- presentó el proyecto de ley de reforma al mercado de capitales (MK4) y financiamiento de la casa propia, iniciativa que busca ampliar las alternativas de financiamiento para la vivienda, las empresas y nuevos proyectos, además de actualizar normas del sistema financiero.
La propuesta del Ejecutivo contempla medidas que van desde nuevos mecanismos para reunir el pie de una primera vivienda hasta incentivos para que empresas de menor tamaño puedan acceder al mercado de capitales.
En términos generales, la reforma pretende intervenir distintas etapas del circuito de financiamiento: desde el ahorro necesario para comprar una primera vivienda, pasando por la disponibilidad de crédito hipotecario, hasta las alternativas para que empresas y proyectos puedan levantar recursos. El nombre “MK4” alude a que sería la cuarta gran reforma al mercado de capitales impulsada en Chile.
Vivienda: fondo de hasta US$2.000 millones y nuevo mecanismo de ahorro
Uno de los principales ejes del proyecto apunta al mercado hipotecario.
La iniciativa propone crear el Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), administrado por BancoEstado, al que el Estado podrá aportar hasta US$2.000 millones, con un aporte inicial de US$500 millones.
El fondo adquiriría créditos hipotecarios mediante procedimientos competitivos, priorizando el financiamiento de primeras viviendas y propiedades de hasta 6.000 UF. La idea es inyectar liquidez al mercado hipotecario y generar condiciones para mejorar el financiamiento.
Las instituciones que originen los créditos, eso sí, deberán asumir una primera parte de las eventuales pérdidas asociadas a ellos, manteniendo parte del riesgo en quienes otorguen las hipotecas.
La reforma también contempla el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), una cuenta destinada exclusivamente a reunir recursos para el pie de una primera vivienda, nueva o usada, de hasta 6.000 UF.
El mecanismo exigiría ahorrar durante al menos 30 meses y reunir un equivalente al 7% del valor de la propiedad. El Estado aportaría otro 3%, con lo que se completaría el pie requerido para el financiamiento hipotecario.
A esto se suma una modificación al Ahorro Previsional Voluntario (APV): el proyecto eleva de 6 a 8 UTM anuales el límite de la bonificación fiscal del Régimen A, parámetro que no se modifica desde 2008.
Más opciones para que las empresas consigan financiamiento
El segundo gran eje de la iniciativa apunta a ampliar las vías de acceso al capital para empresas de distintos tamaños.
Entre las medidas se encuentra la modificación de las reglas para los bonos empresariales acogidos al artículo 104, eliminando la retención de 4% sobre sus intereses. Según una minuta del Gobierno, el objetivo es facilitar nuevas emisiones y ampliar el financiamiento mediante deuda.
El proyecto también busca facilitar el acceso de empresas de menor tamaño al mercado.
Para ello modifica el beneficio tributario asociado a la venta de determinadas acciones: en lugar de exigir un elevado nivel de transacciones bursátiles, se establece como requisito que al menos 15% de la propiedad esté en manos de inversionistas no vinculados al controlador.
Otra medida permitirá reinvertir recursos entre fondos mutuos y fondos de inversión públicos sin gatillar inmediatamente el impuesto correspondiente, siempre que los recursos continúen reinvertidos.
La iniciativa incorpora además un segmento Junior de la Bolsa, destinado a empresas de innovación y crecimiento y a proyectos de exploración minera. Contaría con reglas proporcionales a la etapa de desarrollo de las compañías y con el acompañamiento de un agente patrocinador.
Para incentivar la inversión en este segmento, se contempla, entre otros beneficios, un crédito tributario equivalente al 35% de la inversión, con un límite de 50 UTA.
Menos papeleo y más procesos digitales
El denominado MK4 también contempla una actualización de procedimientos del mercado de capitales.
Entre las propuestas está modificar el sistema de registro automático de valores para permitir, cuando corresponda, la inscripción de acciones, cuotas de fondos y otros instrumentos en un día hábil.
También se crea un registro especial para los llamados “mini-bonos”, destinados a emisiones de empresas medianas y con información enfocada en los elementos necesarios para evaluar riesgo y retorno.
El proyecto incorpora además la digitalización de procesos vinculados a acciones e hipotecas. Se reemplazarían procedimientos físicos por registros electrónicos para acreditar y transferir acciones y se permitiría el endoso electrónico de mutuos hipotecarios.
En materia de fondos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tendría nuevas facultades para ajustar determinadas exigencias regulatorias de acuerdo con el riesgo efectivo de administradoras y fondos.
La propuesta también modifica la denominada Ley de Fraudes, manteniendo elementos como la carga de la prueba en el emisor y la restitución previa a la discusión, mientras simplifica trámites y refuerza los deberes de seguridad de los actores de la cadena de pagos.
La apuesta por convertir a Chile en un centro financiero regional
Un cuarto componente busca facilitar la llegada de capital extranjero y desarrollar desde Chile servicios financieros para clientes internacionales.
El proyecto establece que determinados servicios de gestión, asesoría y consultoría financiera y administración patrimonial prestados desde Chile a clientes extranjeros puedan acogerse a la exención de IVA, incluso cuando los recursos administrados permanezcan en el país.
También se elimina, bajo determinadas condiciones, la obligación de obtener RUT para inversionistas no residentes que participen exclusivamente en ciertos instrumentos financieros.
En paralelo, se amplía una exención del Impuesto de Timbres y Estampillas para determinados créditos obtenidos por bancos e instituciones financieras en el exterior y destinados al mercado chileno.
La reforma contempla además cambios en el tratamiento del requerimiento adicional de capital para bancos de importancia sistémica y habilita operaciones REPO de liquidez transitoria para fondos de pensiones, bajo condiciones prudenciales y con restricciones específicas.
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