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En las últimas semanas la cuestión de la Inteligencia Artificial volvió a instalarse en el centro de la política global: estuvo presente en los debates de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping, una relación cada vez más marcada por la competencia tecnológica. Al mismo tiempo, especialistas vinculados al desarrollo de la propia inteligencia artificial han vuelto a advertir sobre sus riesgos.
El debate suele oscilar entre dos posiciones: los accelerationists, partidarios de acelerar su desarrollo con las menores restricciones posibles, y los doomers, que ponen el acento en los riesgos que podría representar una inteligencia artificial cada vez más poderosa.
Para Chile, sin embargo, existe una realidad bastante más concreta. No controlamos esta revolución tecnológica ni tenemos capacidad para determinar su velocidad. La inteligencia artificial continuará avanzando independientemente de lo que hagamos. Nuestra pregunta debe ser otra: ¿cómo puede un país pequeño capturar sus beneficios y administrar sus riesgos?.
Y hay un antecedente particularmente interesante. Chile ya parece haberse convertido en un adoptante temprano e intensivo de estas tecnologías. Según datos del Anthropic Economic Index, que analiza la utilización de Claude en distintos países, Chile registra un uso significativamente superior al que correspondería por el tamaño de su población en edad de trabajar y se encuentra entre los países latinoamericanos de mayor intensidad de utilización.
Por eso, quizás la discusión chilena sobre inteligencia artificial está comenzando desde el lugar equivocado. No se trata simplemente de preguntarnos si debemos adoptarla. Ya la estamos adoptando. Ahora debemos decidir para qué.
Un primer campo, debiera ser productividad. Chile lleva décadas arrastrando un problema persistente en esta materia. La inteligencia artificial puede convertirse en una oportunidad especialmente relevante en sectores donde el país ya posee capacidades: minería, energía, agricultura, logística, servicios financieros, salud y administración pública. Pero para que produzca un verdadero salto productivo sus capacidades deben difundirse por toda la economía.
Eso significa poner especial atención en las pequeñas y medianas empresas. Si solamente las grandes empresas pueden acceder a sistemas avanzados, la IA no reducirá nuestra brecha productiva: puede ampliarla. Infraestructura, capacitación, acceso a herramientas y bienes públicos tecnológicos probablemente serán más importantes que subsidios indiscriminados.
El segundo desafío será el mundo del trabajo. Y allí probablemente aparecerá uno de los principales conflictos distributivos de las próximas décadas.
La Encuesta ICSOH-UDP sobre tecnología e inteligencia artificial, publicada recientemente por la Universidad Diego Portales, muestra que un 40% menciona entre sus principales preocupaciones que la IA reemplace puestos de trabajo. Sería un error responder a ese temor prometiendo que ningún empleo desaparecerá. Algunos desaparecerán, otros cambiarán radicalmente y surgirán ocupaciones que hoy ni siquiera conocemos. El principio debiera ser diferente: no pretender proteger cada empleo, sino a las personas durante la transformación del empleo.
Pero detrás de ese debate existe una pregunta todavía mayor. Si la inteligencia artificial permite producir mucho más utilizando menos trabajo humano, ¿quién se apropiará de esa nueva productividad y de esa nueva riqueza?.
Esa es una pregunta profundamente política y también una pregunta histórica para el progresismo.
La IA puede aumentar la desigualdad, pero también puede convertirse en una extraordinaria herramienta para reducirla. Un estudiante que jamás podría pagar un profesor particular puede disponer de un tutor digital personalizado. Herramientas médicas pueden acercar capacidades diagnósticas a lugares donde hoy escasean especialistas. Escuelas, consultorios y municipios podrían acceder a capacidades que hasta hace poco estaban reservadas para organizaciones con enormes recursos.
El objetivo debiera ser que el acceso a inteligencia artificial de calidad no dependa del ingreso de las personas. No se trata de construir una “IA estatal”, sino de garantizar acceso a determinadas capacidades mediante soluciones abiertas, licencias o compras públicas.
Lo mismo vale para el Estado. Antes de preguntarnos solamente cómo debe regular la inteligencia artificial, deberíamos preguntarnos cómo puede la inteligencia artificial transformar al Estado: automatizar permisos, fiscalización, compras públicas, atención ciudadana o detección de fraude. Automatizar burocracia para liberar capacidad humana hacia aquellas tareas donde importan el criterio, la empatía, la negociación y la responsabilidad.
Esto exige regulación, pero una regulación inteligente. No todos los usos de inteligencia artificial tienen los mismos riesgos. Cuando están comprometidos derechos fundamentales, decisiones médicas, justicia, seguridad o prestaciones sociales, necesitamos transparencia, trazabilidad, supervisión humana y derecho a impugnar decisiones automatizadas. Cuando predomina la innovación productiva, la regulación debiera permitir experimentar e innovar. En suma, una regulación proporcional al riesgo. Muy exigente cuando existen derechos fundamentales involucrados y mucho más ligera para usos ordinarios de innovación.
Existe además otro problema que no se debiera ignorar: la concentración del poder. Una parte creciente de la infraestructura intelectual sobre la cual funcionarán nuestras economías puede terminar controlada por un número muy reducido de empresas. Por eso la discusión sobre IA no es solamente una discusión sobre tecnología o privacidad. También es una discusión sobre concentración de poder económico y tecnológico.
Y existe finalmente una dimensión profundamente humana. La misma Encuesta ICSOH-UDP muestra que un 80% está de acuerdo con obligar por ley a mantener atención realizada por personas en bancos, servicios de salud y servicios públicos, mientras un 76% apoya garantizar que determinados trabajos continúen siendo desempeñados por seres humanos.
Quizás no sea una contradicción. Puede ser simplemente una sociedad que quiere tecnología, pero también quiere personas.
En salud, educación, seguridad social, justicia, servicios esenciales o cuidado de personas debería mantenerse la posibilidad de interacción humana. No porque una persona necesariamente vaya a ser más eficiente, sino porque determinadas relaciones incorporan algo que va más allá: dignidad, empatía y responsabilidad.
La sociedad chilena no parece tecnófoba. Utiliza inteligencia artificial, reconoce sus beneficios, teme algunas de sus consecuencias y al mismo tiempo demanda reglas. En el fondo, parece estar diciendo algo bastante razonable: queremos aprovechar esta tecnología, pero también queremos conservar capacidad de decisión sobre la manera en que transforma nuestras vidas.
El dilema no es proteger a la sociedad del futuro, sino apropiarse democráticamente de ese futuro y distribuir mejor sus beneficios.
Chile no decidirá el ritmo de la revolución mundial de la inteligencia artificial. Pero sí puede decidir qué hace con ella. Cómo convertirla en productividad, cómo democratizar sus capacidades, cómo proteger a las personas durante la transformación del trabajo, cómo impedir una concentración excesiva de poder y cómo preservar espacios donde las decisiones humanas sigan importando.
En definitiva, se trata de una fórmula bastante sencilla de enunciar, aunque mucho más difícil de ejecutar: innovación sin ingenuidad; regulación sin inmovilismo; productividad con distribución; y tecnología subordinada a la democracia.
