Una última gestión de Luis Maldonado Croquevielle para dejar encaminado a su reemplazo antes de dejar el Conservador de Bienes Raíces de Santiago terminó con un portazo por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.
A horas de abandonar el cargo que ocupó durante 29 años, Maldonado pidió al Tribunal Pleno que aclarara cómo debían efectuarse los nombramientos de interinos en los registros de Propiedad, Comercio y Aguas —que él encabeza— y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.
La respuesta llegó este mismo jueves 1 de octubre: la Corte acordó “no dar lugar a la solicitud de aclaración” presentada por el todavía conservador.
El pronunciamiento ocurre precisamente en la última jornada de Maldonado al frente del Registro de Propiedad y Comercio. ESto, porque a las 23:59 horas de este jueves debe dejar el puesto que ocupa desde diciembre de 1997, luego que el Ministerio de Justicia decretara su cese por la aplicación del límite legal de 75 años introducido por la reforma al sistema notarial y registral. Maldonado tiene 81 años.
La última solicitud de Maldonado
La presentación buscaba despejar qué mecanismo corresponde utilizar para nombrar a quienes asumirán interinamente dos de los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Para ello, Maldonado invocó una resolución adoptada por la misma Corte en enero de 2025. En esa oportunidad, el tribunal había establecido que, ante la ausencia o inhabilidad de alguno de los conservadores de Santiago, debía aplicarse la regla general de subrogación y que no correspondía designar suplentes.
La duda se originó particularmente por lo ocurrido en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.
Su anterior titular, Kamel Saquel Zaror, renunció en noviembre de 2025, antes de la entrada en vigencia de la Ley N°21.772. Por esa razón, según expuso Maldonado, Saquel no alcanzó a proponer la nómina de tres abogados o abogadas prevista por el nuevo sistema para su reemplazo.
Maldonado puso entonces dos caminos sobre la mesa: que fuera la Corte de Apelaciones de Santiago la que designara al interino conforme al sistema anterior o que el nombramiento quedara en manos del Ministerio de Justicia bajo las nuevas reglas.
Pero un informe del ministro Rodrigo Schnettler, integrante de la comisión de notarios, concluyó que desde el 2 de abril de 2026 la designación de suplentes e interinos de los conservadores corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Más aún, el informe sostuvo que la Corte ya no tiene competencia para efectuar esos nombramientos, incluso cuando la vacancia se haya producido antes de esa fecha.
Tampoco prosperó su nómina de reemplazantes
La resolución toca directamente otro asunto que Maldonado intentó dejar encaminado antes de su salida: quién ocupará interinamente el registro que deja vacante.
El todavía conservador había presentado el 19 de marzo pasado una nómina de tres abogados o abogadas para su eventual reemplazo, pero fue rechazada.
El informe conocido por el Pleno fue categórico sobre ese punto: “no procede considerar la nómina presentada por el Conservador de Propiedad, Comercio y Aguas”.
En cambio, establece que, una vez producida la vacancia, corresponde nombrar un interino a propuesta de la fiscal judicial respectiva. Hasta que aquello ocurra, el registro debe seguir funcionando mediante subrogación.
En el caso de Maldonado, BioBioChile informó que, mientras se provee la vacante, será Carlos Miranda, conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes, quien deberá asumir transitoriamente la conducción del Registro de Propiedad y Comercio.
El fin de 29 años en el Conservador
El episodio se produce en paralelo al cierre de una larga disputa de Maldonado por permanecer en el puesto.
El Ministerio de Justicia decretó en julio su cese de funciones en aplicación de la Ley N°21.772. Maldonado intentó frenar su salida mediante distintas acciones judiciales, entre ellas un amparo económico y posteriormente una acción por no discriminación arbitraria. Ninguna de esas gestiones alteró hasta ahora la fecha fijada para abandonar el cargo.
Su salida, junto con la de otros notarios, conservadores y archiveros mayores de 75 años, constituye uno de los primeros efectos de la reforma al sistema registral y notarial.