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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Una denuncia anónima ingresada a la Contraloría General de la República alerta de presuntas irregularidades en licitaciones relacionadas con la reconstrucción post megaincendio del 2024 en Viña del Mar y Quilpué, Región de Valparaíso. Se mencionan traspasos irregulares de contratos y deficiencias en fiscalización. La denuncia apunta a problemas en licitaciones del Serviu para apoyar la reconstrucción de viviendas de familias damnificadas. Se cuestiona la gestión de contratos con Consultora INGEPRO Ltda., falta de planificación, incumplimiento de multas y posible perjuicio fiscal. Organizaciones y abogados ven posibles responsabilidades de autoridades.

Una denuncia anónima fue ingresada a la Contraloría General de la República, donde se alerta de presuntas irregularidades en las licitaciones relacionadas con la reconstrucción tras el megaincendio que afectó en 2024 a las comunas de Viña del Mar y Quilpué, en la región de Valparaíso.

Entre los antecedentes se menciona un posible traspaso irregular de contratos y deficiencias en la fiscalización de las empresas.

La denuncia se ingresó el lunes y apunta a problemas de gestión y control en tres licitaciones públicas del Serviu destinadas a apoyar la reconstrucción de viviendas para familias damnificadas en Viña del Mar y Quilpué.

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El objetivo de estas licitaciones era la prestación de servicios de asistencia técnica, legal y social para el desarrollo de proyectos habitacionales bajo la modalidad de Autoconstrucción Asistida. Los contratos fueron adjudicados a la empresa Consultora INGEPRO Ltda.

Entre las principales observaciones se mencionan una eventual falta de planificación y control en los contratos, la no aplicación de multas a la empresa pese a presuntos incumplimientos, un posible perjuicio fiscal y un eventual traspaso irregular de contratos.

Michael Sasso, secretario de la ONG Sobrevivientes, se refirió a esta nueva arista del proceso de reconstrucción tras el megaincendio, señalando que, a su juicio, la situación demostraría que las autoridades no estuvieron a la altura de la emergencia.

En la misma línea, el abogado Felipe Olea, que representa a familiares de 65 personas fallecidas y a más de 500 propietarios en una querella penal por eventual defraudación de caudales públicos, afirmó que este caso evidenciaría posibles responsabilidades de autoridades que ejercían cargos públicos al momento de la tragedia.

Por su parte, desde el Serviu señalaron que no se referirán a eventuales procesos legales que pudieran involucrar a funcionarios del servicio. En tanto, la Contraloría deberá analizar la denuncia para determinar si cumple con los requisitos de admisibilidad y evaluar la apertura de una investigación.