Cambio de mando: ¿Un nuevo ciclo político?

Este último 8 de marzo, mientras se conmemoraba una nueva jornada del Día Internacional de la Mujer, también se vivía un hecho político poco habitual. Un día antes, una parte de la ciudadanía se autoconvocó en la Plaza de la Ciudadanía para despedir la gestión del presidente Gabriel Boric.

Pocas veces se ha visto un acto multitudinario de despedida a un mandatario a los pies del Palacio de La Moneda. Miles de personas llegaron para respaldar la gestión del presidente saliente, agradecer su gobierno o simplemente ser parte de una convocatoria masiva cargada de simbolismo político.

En el lugar estuvieron presentes varias de las principales figuras del gabinete, acompañando al mandatario entre discursos, fotografías y momentos de evidente emoción colectiva.

De manera paralela, se retomaban los contactos con el presidente electo para reactivar las conversaciones de traspaso de mando, las que habían sufrido interrupciones en los días previos.

El mandatario entrante, por su parte, se encontraba participando en una peculiar cumbre internacional impulsada por Donald Trump, cuyo objetivo parecía ser alinear políticamente a quienes podrían convertirse en sus principales aliados en América Latina.

El traspaso de mando no es solo un acto simbólico. Es, ante todo, un gesto profundamente republicano: pertenece a la república y no a un partido.

En ese sentido, adquiere hoy una relevancia particular. Salvo el realizado entre el expresidente Sebastián Piñera y el propio Boric -marcado por la atmósfera de cambio que siguió al Estallido social en Chile de 2019-, la mayoría de los cambios de gobierno desde el retorno a la democracia no representaron rupturas drásticas entre una administración y otra.

El momento de mayor tensión institucional fue, sin duda, el paso desde la dictadura de Augusto Pinochet al gobierno de Patricio Aylwin en 1990. A partir de allí, cuatro gobiernos consecutivos de la misma coalición consolidaron una cierta continuidad en la mirada de país. Posteriormente vino la alternancia entre la derecha representada por Piñera y los distintos gobiernos de centroizquierda. Sin embargo, esta vez el escenario parece distinto.

En esta oportunidad se enfrentan visiones de país marcadamente diferentes, que atraviesan la forma de entender las relaciones sociales y el rol del Estado en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Algunos hechos recientes parecen evidenciar esta diferencia.

Durante el gobierno de Piñera, incluso sectores asociados históricamente al pinochetismo buscaron moderar su discurso bajo marcos democráticos. El propio Piñera llegó a calificar a parte de su sector como “cómplices pasivos” de las violaciones a los derechos humanos y tomó decisiones simbólicas importantes, como el cierre del penal Penal Cordillera que agrupaba a los principales condenados por delitos de lesa humanidad.

Hoy, en cambio, los sectores más duros del pinochetismo no muestran reparos en reivindicar abiertamente esa herencia política, ni en promover iniciativas destinadas a favorecer a condenados recluidos en el penal Punta Peuco, apelando -según se ha señalado- a razones “humanitarias”.

En el plano internacional, el nuevo gobierno ya ha comenzado a delinear sus alineamientos. En un contexto global marcado por crecientes conflictos y tensiones geopolíticas, estas definiciones no son menores. La participación anticipada del presidente electo en un foro internacional dominado por mandatarios regionales en ejercicio de ultraderecha resulta, por lo menos, inusual. Al mismo tiempo, constituye una señal clara sobre dónde se ubicarán sus principales alianzas.

Si quien encabeza ese espacio es la potencia hegemónica del hemisferio, es razonable pensar que parte de las definiciones político-estratégicas vendrán desde el norte, incluso si ello entra en tensión con la tradición histórica de la política exterior chilena, caracterizada por el multilateralismo y la prudencia diplomática.

En el ámbito económico, las perspectivas tampoco parecen demasiado distintas. Diversos analistas señalan que Estados Unidos podría jugar un rol determinante en las orientaciones económicas de aquellos países, que han decidido alinearse con su estrategia regional, y que al parecer el presidente electo a suscrito antes de que asuma formalmente el cargo.

Este escenario se vuelve particularmente complejo si se considera que el principal socio comercial de Chile es China. Episodios recientes vinculados a proyectos de infraestructura estratégica -como el debate en torno al cable submarino transpacífico- han dejado a la futura administración en una situación delicada. En tiempos de rivalidad geopolítica, la presión de Estados Unidos por limitar vínculos con el gigante asiático podría generar tensiones económicas relevantes para el país.

Finalmente, en el plano simbólico, este cambio de gobierno podría marcar un verdadero punto de inflexión en el ciclo político chileno. La creciente presencia de la ultraderecha en el país ya venía manifestándose desde los fallidos procesos constitucionales y se consolidó electoralmente con una mayor representación en el Congreso y ahora con la posibilidad de conducir el Ejecutivo.

Este giro político no solo tendrá consecuencias en el ámbito internacional o económico -aspectos que comienzan a vislumbrarse antes incluso de que el nuevo gobierno asuma-, sino también en el tipo de políticas públicas que buscará impulsar la nueva administración.

Queda por ver cómo se materializará este nuevo ciclo. Es probable que las políticas que se promuevan tiendan a romper con la lógica de continuidad que caracterizó buena parte del período posterior a la transición política. Solo el desarrollo de los próximos años permitirá evaluar si la ultraderecha logra consolidar un proyecto capaz de modificar de manera estructural la dinámica del sistema político chileno que logre alcanzar el nivel de adhesión de una ciudadanía volátil en materia electoral.

Rodrigo Gangas
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación
Universidad Academia de Humanismo Cristiano