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Sumario en la Cámara: 13 funcionarios bajo la lupa por viajar al extranjero con licencia médica

Josefina Ossandón

Periodista del equipo de Investigación en Radio Bío Bío Santiago

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Josefina Ossandón

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Martes 10 marzo de 2026 | 12:58
Investigación

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Archivos Agencia UNO | Edición BBCL

Ética y transparencia de BioBioChile

Una investigación interna busca determinar las responsabilidades administrativas de trabajadores de la Corporación que salieron del país en períodos de incapacidad laboral, es decir, con licencia médica. Son 13 los que hoy se encuentran bajo sumario administrativo y en algunos casos, los sueldos superan los 8 millones de pesos.

El pasado 9 de junio de 2025, el Secretario General de la Cámara, Miguel Landeros, ordenó sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos que digan relación con los funcionarios de la Corporación de la Cámara de Diputados y Diputadas que hayan salido del país ejerciendo licencia médica.

Esto se generó luego de que la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, destapó el caso de los funcionarios públicos que habían salido del país con licencia médica. Por lo que, rápidamente, tanto en la Cámara como en el Senado se anunció que se investigaría si habían casos en sus funcionarios.

Radio Bío Bío tuvo acceso a las solicitudes del fiscal a cargo de los sumarios y al estado actual en que se encuentran las causas.

Cámara

El 1 de julio de 2025, la Cámara de Diputados dio inicio a un sumario administrativo con un objetivo claro: determinar la veracidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de funcionarios que habrían salido de Chile mientras hacían uso de licencias médicas.

La indagatoria agrupa a un total de 13 funcionarios: 6 personas que se encuentran bajo la modalidad a contrata y 7 son personal de planta. Los indagados ocupan diversos puestos de trabajo, desde secretarias, supervisores administrativos hasta abogados. Bío Bío tuvo acceso al listado, pero no publicará el nombre de los involucrados hasta que éstos sean notificados.

Días antes, el 10 de junio, se designó como fiscal instructor a Reynaldo Núñez Estrada, quien lidera la investigación. Junto a él, asumió como actuaria la abogada del escalafón de Profesionales de la Secretaría de la Corporación, María Jesús Serey Sadará.

La ruta de la investigación

Solo 24 horas después de dichas designaciones, la Cámara activó las diligencias. El 11 de junio se despachó un oficio dirigido al Director General de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, solicitando el detalle de las entradas y salidas del país de los implicados, para contrastarlas con las fechas de los reposos médicos autorizados.

La solicitud se refería a las siguientes fechas: desde el 10 de junio de 2020 al 10 de junio de 2025.

Cuando recibieron la información, lograron establecer que 13 funcionarios habían salido del país con licencia médica. Uno de los puntos que genera mayor controversia es el nivel de remuneración de algunos de los investigados, detectándose casos donde los sueldos superan los 8 millones de pesos mensuales.

Situación actual

A pesar de la gravedad de las irregularidades que se investigan, el avance en términos de sanciones ha sido lento. Según información confirmada por Radio Bío Bío, hasta la fecha solo se han notificado tres dictámenes del fiscal al secretario de la Cámara, Miguel Landeros, los que fueron recibidos por él los últimos días de febrero y los primeros de marzo.

Según comentaron fuentes de la Radio, Landeros tiene tres opciones: aceptar lo propuesto por el fiscal, modificar la sanción u ordenar que se reabra el sumario, si considera que faltaron diligencias. Lo que se espera, comentaron conocedores del tema, es que concuerde con lo que el fiscal disponga, ya que la ley en este caso es clara.

Sin embargo, el proceso no termina ahí. Hay un recurso más al que pueden recurrir los funcionarios. Pueden dirigirse a la Comisión de Régimen Interno para que analice sus casos, la que puede estar de acuerdo o en contra de las definiciones del fiscal a cargo y del secretario.

De igual forma, si en la comisión se define que la desvinculación es correcta o adecuada, pueden recurrir a la justicia ordinaria.

Desde la Cámara explicaron a Radio Bío Bío que el Secretario tiene hasta el 30 de marzo para notificar la resolución final a los funcionarios y que, a la fecha, falta que le lleguen 10 de los 13 dictámenes del fiscal.

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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

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