La gestión del riesgo de desastres ha sido uno de los ámbitos donde el gobierno del presidente Gabriel Boric ha debido enfrentar una doble tarea: administrar una sucesión de emergencias de gran impacto y, al mismo tiempo, implementar una reforma institucional profunda que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). El balance de estos años muestra avances relevantes en la instalación del nuevo sistema, pero también tensiones institucionales y desafíos estructurales que siguen pendientes.
Uno de los cambios más importantes fue la puesta en marcha del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), institución que reemplazó a la histórica Onemi. Este cambio buscaba superar un modelo centrado casi exclusivamente en la respuesta a emergencias y avanzar hacia una gestión integral del riesgo, que incluya prevención, mitigación, preparación, respuesta y reconstrucción.
Sin embargo, la instalación del nuevo sistema no estuvo exenta de dificultades. Un hecho simbólico fue la salida abrupta del primer director nacional de Senapred, Álvaro Hormazábal. El episodio reflejó las tensiones propias de la transición institucional y evidenció que el cambio desde Onemi hacia Senapred no era solo administrativo, sino también cultural y organizacional.
El período también estuvo marcado por una serie de desastres de gran magnitud: las inundaciones durante el invierno de 2023, en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, donde miles de viviendas resultaron dañadas y se registraron graves afectaciones a infraestructura y actividades productivas; incendios forestales de gran escala, particularmente los mega incendios de la región de Valparaíso en 2024 y Biobío en 2026.
En materia de alertas tempranas, el sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para teléfonos móviles se ha consolidado como una herramienta clave para realizar evacuaciones masivas. No obstante, su funcionamiento ha sido objeto de críticas técnicas debido a problemas de cobertura, saturación de redes o activaciones tardías en algunas emergencias.
Un avance relevante —aunque menos visible en el debate público— es el desarrollo de un sistema nacional de alerta de tsunamis basado en una red de sirenas costeras implementada mediante el modelo de concesiones. Luego de ocho años de preparación institucional y estructuración del proyecto, el proceso de adjudicación se encuentra próximo a concretarse, lo que permitirá fortalecer significativamente la capacidad de alerta y evacuación en zonas costeras expuestas a este riesgo.
Pese a estos avances, las brechas estructurales siguen siendo importantes. Muchos municipios aún carecen de capacidades técnicas y financiamiento para implementar plenamente la gestión del riesgo. Además, la planificación territorial continúa incorporando de manera insuficiente la información sobre amenazas naturales.
La principal deuda sigue siendo el modelo de reconstrucción post desastre. Chile continúa enfrentando estos procesos con esquemas institucionales transitorios y dependientes del gobierno de turno, sin una agencia permanente encargada de conducirlos.
Consolidar la prevención, fortalecer las capacidades territoriales y establecer una institucionalidad estable para la reconstrucción siguen siendo tareas clave para el futuro de la gestión del riesgo en el país.
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