Viajes, bombones y Ozempic: las pistas que hunden a abogadas detenidas en trama de corrupción judicial

Las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara —hoy sentadas en el banquillo de los acusados por una trama de corrupción judicial— se paseaban “como Pedro por su casa” por el edificio de la Fiscalía Local de Los Ángeles.

Precisamente su estrecha relación con persecutores y funcionarios del Poder Judicial les permitió amasar una fortuna conseguida —según la indagatoria del Ministerio Público— a costa de coimas que escapaban de lo tradicional: bombones, chocolates, camisas y hasta un tratamiento con Ozempic para que un empleado de la judicatura bajara de peso, figuran entre los sobornos.

La Unidad de Investigación de Bío Bío accedió a nuevos antecedentes que forman parte del expediente que pesa en contra de ambas letradas y que tiene contra las cuerdas a una jueza, al exjefe de la Defensoría Penal Pública (DPP) de Los Ángeles, a un exfiscal y al otrora encargado de actas del tribunal de esa ciudad.

—Le iré a ver regalo a Nelson para Navidad cuando pueda. Faltaron las cabras, que son tres (Claudia, Pauli y Sole) y dos hombres (…) Según lo que cacho, nos quedan los gestores que son dos, Nelson y las dos niñas de Recepción. A estos últimos, menos Nelson, veré chocolates y en el Jumbo nomás —reza una de las conversaciones interceptadas por la policía.

“Como Pedro por su casa”

La historia va así. Tal como reveló esta Unidad de Investigación en marzo de 2024, el Ministerio Público comenzó a seguir de cerca los movimientos de dos de las más reconocidas abogadas del foro en Los Ángeles. Y es que en el mundo judicial angelino, los nombres de Susana Cortés y Andrea Romero hablan por sí solos: ambas eran famosas por defender a los narcos más peligrosos de la zona y, al mismo tiempo, por ser respectivamente cónyuges de Patricio Gutiérrez Marinado, entonces jefe máximo de la DPP en la ciudad y del hoy removido fiscal Rodrigo Durán Fuica.

Ambas, por ejemplo, representaron al sicario venezolano Moisés Bastardo Bastardo y al líder de la banda de Los Corbata, quienes movían toneladas de droga desde el norte de Chile a la Provincia de Bío Bío.

Una de las primeras alertas se encendió precisamente en el seno de la fiscalía. Fue a través de un correo electrónico interno en el que la persecutora Ana Molina Opazo advirtió de las andanzas de las abogadas. El mensaje, fechado en marzo de 2020, estaba dirigido a otra fiscal, María Gemita Rojas Ravanal.

“No me parece la confianza que se les da a estas abogadas en la Fiscalía. Ellas pasan y entran como Pedro por su casa cuando y donde quieren, de hecho un abogado me comentó en mi oficina que ‘algunos abogados tenían más llegada que otros’. He visto en más de una oportunidad cómo Susana trae dulces o golosinas y les regala a algunas funcionarias, no es bueno, se ve mal, (creo que no deberían recibirlas) pues cuando se transforma en un hábito se ve muy mal. También he visto que en el segundo piso, frente a mi oficina, se sientan incluso a conversar en mucha confianza y comparten como si fuera el living de su casa, no me parece. Guardemos la compostura y la formalidad que la institución merece. Sugiero que el guardia controle su acceso porque cuando entran se pasan de una oficina a otra y no es correcto”.

Extracto del correo

La clave es del 1 al 8

Si bien no está clara la participación que pudieron haber tenido funcionarios de esa fiscalía, la investigación concluyó —tal como reveló este medio— que las abogadas sí obtuvieron información confidencial de parte del entonces fiscal Durán.

Lo hicieron en beneficio de Moisés Bastardo Bastardo para allanar el camino hacia una “colaboración eficaz” que permitiera rebajarle la pena en una causa por sicariato y en favor de dos mujeres que habían sido allanadas en una causa por tráfico de drogas (ver “¿Podrías revisar estos RUT?”: los chats que vinculan a fiscal y su esposa en trama por dateo a narcos).

En el caso del entonces defensor jefe, su rol fue más allá: según estableció la indagatoria, entregó sus claves institucionales para que todo el staff de abogados de su señora y socia accedieran al Sistema Informático de Gestión de la Defensa Penal (SIGDP) de la Defensoría Penal Pública. ¿El objetivo? Extraer información confidencial que las dejaba en una posición mucho más cómoda para patrocinar a sus clientes.

Así, al conocer de antemano órdenes de detención pendientes y medidas intrusivas (como interceptaciones telefónicas), el estudio obtenía una ventaja sobre otros abogados para captar clientes antes de que estos fueran procesados públicamente.

Para muestra, un botón: “Los funcionarios policiales de la BRIDEC, lograron identificar al menos 200 consultas en la plataforma SIGDP desde el Notebook personal de la abogada Andrea Romero (…) Las consultas se efectuaron entre los meses de enero y marzo del año 2024”, reza un documento contenido en el expediente judicial.

El 1 de septiembre de 2022, por ejemplo, Susana Cortés le escribió a Andrea Romero
preguntándole por la clave de SIGDP de Patricio Gutiérrez.

—No me acuerdo si el rut hay que ingresarlo con guion o no, que se me borró esta wea y no me la sé —reza el audio de Cortés.

—Se ingresa el rut con guion, y la clave es del 1 al 8 —retrucó Romero, también por audio.

A juicio del Ministerio Público, por estos hechos, el exdefensor Gutiérrez incurrió en el delito de violación de secretos. Además se le comunicaron cargos por asociación delictiva, entre otros ilícitos. En tanto, para formalizar al exfiscal Durán, el organismo persecutor deberá, eventualmente, presentar una querella de capítulos, puesto que cuenta con fuero.

La escucha

La segunda alerta contra las abogadas cayó en el marco de la investigación contra uno de sus clientes más fieles: Luis Corvalán Novoa, líder de la banda narco Los Corbata.

En una de las interceptaciones telefónicas al dispositivo de Corvalán quedó registrada la advertencia que Cortés Karmy le hizo para que se deshiciera de drogas y de sus celulares: “Bota todas las hueás, porque están pinchados”, le hizo saber.

Los funcionarios del OS7 de Carabineros que estaban escuchando las comunicaciones inmediatamente elaboraron un pre-informe que encendió las alarmas sobre ambas. Y, como consecuencia, los investigadores también pusieron el foco sobre la jueza de Los Ángeles, Cherie Palomera Astroza. Y es que fue justamente esa magistrada la que liberó de cualquier responsabilidad a la abogada en un primer intento del Ministerio Público por caerles encima (ver “Bota todas las hueás, están pinchados”: el dateo a narco que tiene imputadas a abogada y jueza).

La indagatoria hoy muestra resultados concretos: Palomera favoreció sistemáticamente a las abogadas en causas por delitos como narcotráfico y homicidios. Todo ello, pese a mantener una estrecha amistad. Se reunían fuera y dentro del tribunal, tomaban café y cenaban juntas, además de celebrar cumpleaños.

“Eres demonia”

Aquí salta también en escena Nelson Sáez Reyes, encargado de sala del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Se trata de un funcionario del Poder Judicial que —sostiene el organismo persecutor— utilizó su cargo para manipular el sistema y hacer que las causas de las abogadas terminaran en manos de su amiga personal.

El rol estratégico de Sáez permitió que Palomera dirigiera 31 audiencias en las que intervinieron Cortés y/o Romero. En todas ellas, obtuvieron resultados positivos para el estudio, según un informe de la PDI. También proveyó información reservada a la que accedía en razón de su cargo para poner de sobre aviso a las letradas, quienes también resultaron ser cercanas a él.

Conversaciones de WhatsApp requisadas por lo investigadores no sólo dan cuentan del estrecho vínculo que las juristas mantenían con el funcionario judicial, sino también de las “recompensas” que éste recibía.

De acuerdo con la indagatoria, la ayuda de Sáez fue retribuida mediante distintas formas. En Navidad, por ejemplo, le regalaron camisas de reconocidas marcas como Tommy Hilfiger y Ferouch; mientras que cuando Sáez quiso bajar de peso, Cortés le hizo llegar dosis de Ozempic, fármaco que debe ser comprado con receta.

En una conversación de WhatsApp fechada en febrero de 2021, Susana Cortés le hace saber que “se viene la pichicata”.

—Ya bajarás, acuérdate con esta weas no comes ni una wea solo agua. Acuérdate y con los pinchazos de oro la hacemos —le escribió la abogada.

El nivel de confianza entre ambos quedó retratado en otra conversación en la que Sáez celebra las gestiones judiciales de Cortés para acorralar a un funcionario de Carabineros que había osado detenerla por receptación y uso malicioso de placas patentes. En venganza, la propia abogada interpuso una querella criminal contra él. El 21 de abril de 2022 se realizó una audiencia donde la defensa del policía pedía su sobreseimiento, instancia que fue dirigida por… Cherie Palomera.

La jueza falló en contra del carabinero en una decisión procesal calificada por el Ministerio Público como inusual, al permitirle a la abogada acusar al funcionario de manera particular sin el Ministerio Público. Sáez —de manera interna— celebró la actuación de Cortés.

—Eres demonia… Lo hiciste cagar a este huevón, hasta con una pata afuera de su institución lo tenís.

En efectivo

El tinglado que armaron los implicados, permitió —según el Ministerio Público— que las abogadas movilizaran millonarias sumas de dinero. La fortuna que amasaron trajo consigo la compra de departamentos y automóviles en efectivo, además de viajes de placer a costosos destinos en el extranjero.

Susana Cortés, por ejemplo, adquirió en 2018 un departamento en avenida San Juan Bosco de Concepción a cambio de 109 millones de pesos. De ese total, $43 millones los pagó en dinero contante y sonante. Lo propio hizo en 2019 cuando compró una oficina en Los Ángeles por $121 millones. Esta vez canceló todo en efectivo.

En los años posteriores, compró una casa y otro departamento, ambos en la capital provincial de Bío Bío. Asimismo, se hizo de una Nissan Pathfinder 4×4 y un Mercedes GLC 200. Registra viajes Aruba, Colombia, Italia, Perú, Brasil, Argentina, República Dominicana y varias salidas a Estados Unidos.

Andrea Romero siguió los mismos pasos: compró un departamento en pleno centro de Los Ángeles por $60 millones, de los que $12 millones pagó en efectivo; además de una Toyota modelo RAV4.

En vista de estos antecedentes el Ministerio Público formalizó a las letradas por lavado de activos, asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, soborno, obstrucción a la investigación y prevaricación del abogado y acceso indebido a la información.

Consultada la defensa de Cortés, se excusaron en este estado judicial de emitir un pronunciamiento, mientras que el abogado de Romero comprometió una respuesta posterior a la finalización de audiencia. El representante de la jueza Palomera, en tanto, evitó referirse al caso.