34 recomendaciones fueron entregadas al Ejecutivo para la mejora en el gasto público y así permitir ahorrar, según las estimaciones, un equivalente del 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) anual en el largo plazo.
Esto luego de cuatro meses de trabajo por parte de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, grupo asesor técnico constituido en mayo de este año por el Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Algunas de las recomendaciones apuntan a modificar el mecanismo de expansión de la gratuidad en la educación superior, fortalecer el control sobre el Subsidio por Incapacidad Laboral o congelar durante el próximo año las remuneraciones y el personal de dotación/fuera de dotación al nivel de este 2025.
Según adelantó la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, ahora se analizarán las recomendaciones y, al momento de presentar la ley de Presupuestos 2026, “daremos a conocer un plan de acción que detallará qué medidas acogeremos”.
Recomendaciones para ahorro del gasto público
El conjunto de medidas propuestas se dividen en si son de corto, mediano y largo plazo, y si son de carácter administrativo o legislativo. También hay algunas directamente formuladas para reducir el gasto, mientras que otras buscan contener su crecimiento.
De esta forma, de las 34 propuestas, 16 tienen el potencial de generar ahorros, según el informe.
De aquellas, dos se podrían realizar en 2026, generando un beneficio de $25.508 millones. Estas son la suspensión temporal de las expansiones automáticas de cobertura o indexaciones a valores unitarios de ciertos beneficios -solo en el próximo año-, más la suspensión permanente de los incisos 1° y 2° del artículo 101 de la ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.
Este último punto hace referencia a la constitución del “Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa”, dedicado a la inversión de material bélico y su mantenimiento.
Otras 13 pueden ser efectivas entre el 2027, y 2029, con un ahorro de $1.460.878 millones.
Entre estas medidas se encuentran la evaluación de un criterio de edad para asignar gratuidad en la educación; promover prácticas de compas públicas eficientes y transparentes, fortalecer el control sobre el uso del Subsidio por Incacapidad Laboral, revisar y ajustar las dotaciones docentes y de asistentes de educación en establecimientos educacionales públicos, entre varios otros.
Finalmente, hay una propuesta para modificar el mecanismo de expansión del beneficio de gratuidad en la educación superior, que podría ser efectivo después del 2030 y generar un ahorro de más de $456 mil millones.
El 40% de estas medidas son administrativas, un 39% necesitarían de cambios legislativos y el resto combinan ambas modificaciones.
Ahorro y contención del gasto
Las otras 18 propuestas buscan contener el aumento del gasto, algunas también con la posibilidad de generar ahorro, como en el caso del fortalecimiento a la gestión del sistema público de salud, con $97.162 millones en el mediano plazo.
Varias de las medidas están enfocadas en la salud, como el traspaso funcional de Cenabast a la plataforma de ChileCompra, mejoras en la gobernanza del sistema de salud, revisiones y ajustes del Plan de Inversión en hospitales, entre otras.
Otras propuestas apuntan a identificar específicamente la fuente de financiamiento de proyectos que generan gasto permanente -aspecto cuestionado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en varias ocasiones-, menor gasto fiscal en casos de subejecución de inversión, e incluso congelar el personal de dotación y fuera de dotación al nivel de 2025, al igual que las remuneraciones nominales.
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