Gabriel Ruiz-Tagle, ex presidente de Pisa (actual SCA), solicitó sancionar a la jueza de Puente Alto Carolina Toledo, por haber autorizado una orden de detención en su contra, en el marco del caso de colusión del papel higiénico.
A través de una queja disciplinaria y apelando a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la defensa de Ruiz-Tagle acusa que la resolución “resulta ser arbitraria, ya que la decisión se basa en el mérito de lo informado por el Ministerio Público, y sin haber cumplido con las exigencias mínimas de principio de contradictoriedad y, además, sin respeto al principio de proporcionalidad”, como consigna La Tercera.
Carlos Cortés, abogado de Ruiz-Tagle, indica que la detención es “ilegal, por haberse dictado sin que mi representado hubiese sido legalmente citado”, aclarando que el empresario acudió voluntariamente a la Fiscalía.
El abogado detalla una cronología, dando cuenta de algo que califica como una “actuación abusiva”, ya que de acuerdo a su postura, la Fiscalía tomó contacto en varias oportunidades con ellos, a través de terceros, citando a Ruiz-Tagle, pero al mismo tiempo la defensa contestó a través de correos electrónicos explicando que su defendido no podía concurrir, mensajes que acusa no fueron respondidos.
Finalmente el 30 de noviembre del año pasado, la jueza Toledo a pedido de la Fiscalía, autorizó “conducir compulsivamente” a Ruiz-Tagle a declarar, argumentando que con los antecedentes que tenía, era la única opción posible para lograr la diligencia.
