Uruguay calificó el sábado de “infundada” la decisión de Argentina de retornar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en respuesta al aumento de la producción de una planta de celulosa sobre un río compartido, aunque retomará esa instancia si es necesario.

“La decisión de su gobierno de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por 100.000 toneladas de celulosa, además de ser desproporcionadamente costosa, es infundada y atenta contra el principio del cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales”, señala la misiva, firmada por el canciller uruguayo, Luis Almagro, y dirigida a las autoridades argentinas.

La carta expresa la intención de seguir negociando pero indica “en el marco del Derecho y las instancias multilaterales y regionales Uruguay estará dispuesto de todas formas a probar su razón, como ya lo hizo tanto en la Corte Internacional de Justicia como en el Tribunal Arbitral del Mercosur”.

El viernes, el gobierno argentino consideró un “gesto inamistoso” de Uruguay la autorización de aumento en la producción de la planta de la finlandesa UPM -ex Botnia- y afirmó que “revalúa” la relación entre ambos países vecinos y que recurrirá de inmediato a La Haya por el supuesto incumplimiento de Montevideo.

En 2011, UPM solicitó un permiso para aumentar la producción de 1,1 millones de toneladas anuales a 1,3 millones. En octubre de 2013 el gobierno de José Mujica le autorizó la producción de 1,2 millones en “carácter provisorio, revocable”.

Asimismo, en la noche del jueves la empresa finlandesa anunció que “fue autorizada a aumentar su producción a los niveles solicitados en el año 2011″.

La planta, que funciona desde 2007, está ubicada sobre el río Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos (noroeste), limítrofe con Argentina. Desde su construcción ha sido objeto de una dura controversia con Argentina, donde ambientalistas sostienen que contamina el cauce compartido.

En protesta, activistas de la ciudad de Gualeguaychú (231 km al norte de Buenos Aires) bloquearon durante casi cuatro años, hasta 2010, el tránsito en un puente internacional bilateral.

Argentina llevó el caso ante la CIJ, que rechazó en 2010 su demanda de relocalizar la fábrica afirmando que no hay pruebas de que contamine, pero ordenó que ambos países controlen de forma conjunta el impacto ambiental en el río.

Reproches

En la extensa misiva, Almagro remarca su “sorpresa” ante la intención del gobierno de Cristina Kirchner de reevaluar el relacionamiento bilateral y recrimina a Argentina “medidas unilaterales” que han perjudicado “injustificadamente al comercio, el turismo y los puertos uruguayos, así como las hidrovías de la región”.

En los últimos años medidas tomadas por Buenos Aires como sustitución de importaciones y trabas impositivas para la salida de dólares del país disminuyeron el comercio entre ambos países y hicieron descender el flujo de turistas argentinos a Uruguay.

A su vez, el canciller uruguayo recriminó a Argentina “la prolongación indefinida de los mecanismos de información y consulta” en lo relacionado con la administración conjunta de ríos limítrofes.

Además abogó porque la decisión de Argentina no aliente “un retorno a una de las peores épocas de la relaciones bilaterales, al bloqueo de los puentes binacionales, (…) y las obras de infraestructura en los ríos comunes y a las trabas al comercio”.

El nuevo choque bilateral se produce en momentos en que los presidentes de ambos países, Mujica y Kirchner participarán en la ciudad boliviana de Santa Cruz en la cumbre G77+China.