El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, declaró que acatará su destitución por el Senado en el juicio político que tuvo lugar este viernes, y lo calificó como un golpe de Estado “con ropaje jurídico y motivos que no se ajustan a la verdad”.

En total 39 de los 43 senadores presentes entendieron que el mandatario es culpable de las acusaciones y quedó automáticamente destituido a las 18:27 horas, ya que alcanzaron los dos tercios (30 de 45 sin importar las ausencias) que exige la Constitución del país.

En declaraciones a la radio argentina 10, Lugo afirmó que “hay que acatarlo, es un mecanismo constitucional, pero desde otras instancias organizativas seguramente decidiremos hacer una resistencia para que el ámbito democrático y participativo del Paraguay se vaya consolidando”.

“Instamos a la no violencia” dijo el ex obispo católico, “pero también con la firmeza iremos exigiendo nuestros derechos”. “Es más que un golpe de Estado al presidente, un golpe parlamentario con un ropaje jurídico, con una herramienta como es el juicio político pero con motivos que no se ajustan a la verdad”, señaló el mandatario de izquierda.

Las declaraciones de Lugo se conocieron mientras el Senado llevaba a cabo la sesión que culminó con la votación para destituirlo por mal desempeño. El presidente no acudió al Senado y permanecía en el palacio presidencial, a dos cuadras de distancia, pero su abogado Adolfo Ferreiro condenó el proceso.

Se trata de “una condena anunciada, con un libreto preestablecido que me indigna”, afirmó ante el plenario. Algunos miles de campesinos estaban frente al Congreso para defender a al ex obispo católico y portavoces del ejecutivo anunciaban que más contingentes campesinos debían llegar del interior del país.

El canciller ecuatoriano Patiño, que se encuentra en Asunción, dio a entender en un tweet que la destitución era inevitable. “Culminó reunión en Presidencia del Congreso. La situación es grave. No se perciben otras alternativas de solución”. Patiño integra el grupo de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que llegaron a Asunción en la noche del jueves y realizaron gestiones desesperadas ante los congresistas para que se le respetara “el debido proceso” a Lugo.

La delegación está integrada por los cancilleres Antonio Patriota (Brasil), Héctor Timerman (Argentina), Luis Almagro (Uruguay), Alfredo Moreno (Chile), Nicolás Maduro (Venezuela), Rafael Roncagliolo (Perú), Ricardo Patiño (Ecuador) y María Angela Olguín (Colombia).

En Washington, los representantes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia denunciaron el viernes en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el proceso de destitución contra Lugo es un golpe de estado “encubierto”.

“Estamos a las puertas de ver un golpe de Estado bajo otras modalidades”, dijo el embajador de Nicaragua, Denis Moncada, quien pidió a la OEA no reconocer un nuevo gobierno si el juicio político que se desarrollaba en el Congreso terminaba con la destitución de Lugo.

Lugo señaló que recibió los llamados de sus homólogos de Venezuela Hugo Chávez, Ecuador Rafael Correa y Bolivia Evo Morales, así como el apoyo por escrito de las presidentas de Argentina Cristina Kirchner y de Brasil Dilma Rouseff. “Aquí saben que mi destitución tendrá consecuencias”, dijo Lugo, y advirtió que “Paraguay debe entender que ya no es una isla y los procesos de integración exigen compromisos mutuos”.

Estados Unidos había pedido también en la noche del jueves que se respetara el debido proceso. “Es críticamente importante que esas instituciones actúen de una manera transparente, y que los principios del debido proceso y los derechos de los acusados sean escrupulosamente respetados”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.

Por la mañana, Lugo había presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para suspender el proceso de destitución. “El presidente Lugo pide a la Corte suspender el juicio político hasta tanto se otorguen las garantías constitucionales para la defensa”, declaró el abogado del presidente, Adolfo Ferreiro, a la prensa.

Los abogados de Lugo comenzaron su alegato contra la acusación de “mal desempeño de sus funciones” presentada en su contra por la Cámara de Representantes el jueves, seis días después de un enfrentamiento armado que costó la vida a 11 campesinos y 6 policías, que realizaban un operativo para desalojar un predio ocupado por los sin tierra.

Según el procedimiento sumarísimo establecido por el Senado, el veredicto debería conocerse a a las 16:30 hora local de este viernes. Miguel Saguier, senador por el Partido Liberal, uno de los acusadores, reiteró este viernes que “el juicio es político, no jurídico” y que el reglamento del proceso y los plazos los impone el Senado.