Jueces colombianos dictaron órdenes de captura contra 243 de los 267 integrantes de un grupo delictivo al servicio del narcotráfico que fueron puestos en libertad el fin de semana después de entregarse colectivamente a la justicia, informó la Fiscalía este lunes.
“Ya se han emitido 243 órdenes de captura para miembros del Erpac (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia) y se sigue trabajando para emitir más”, señaló a la AFP un funcionario de la Fiscalía General de la Nación bajo anonimato.
Un total de 284 integrantes del Erpac, del que forman parte antiguos paramilitares, se presentaron voluntariamente ante las autoridades la semana pasada.
Los dos máximos jefes de la organización, José Eberto López (alias ‘Caracho’) y Germán Ramírez (alias ‘Vacafiada’), y otras 15 personas fueron enviadas a prisión, pero a los otros 267 sometidos se les dejó en libertad.
El director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, compareció ante periodistas este lunes y explicó que se requiere una reforma legislativa para actuar ante este tipo de sometimientos masivos a la justicia.
En estos casos, los jueces deben emitir las órdenes de captura de manera individual dentro de un período de tiempo que resulta demasiado corto, argumentó.
“Esto desborda la capacidad humana”, aseguró Novoa.
Tras las liberaciones, las autoridades continuaron procesando la información obtenida en los interrogatorios para emitir las órdenes de captura.
Los miembros del Erpac se encontraban en la ciudad de Villavicencio (100 km al sur de Bogotá), donde fueron trasladados entre el jueves y el viernes por el Ejército tras una entrega coordinada efectuada en zonas rurales del sur y suroeste del país.
Los sometidos hicieron entrega de un arsenal de casi tres toneladas de armas, incluidos fusiles, pistolas y granadas de mortero.
El diario colombiano El Espectador apuntó este lunes que el Erpac tiene en realidad unos 1.100 integrantes, según datos de la Inteligencia Militar.
El Erpac forma parte de una decena de bandas criminales compuestas en parte por ex paramilitares que no se acogieron al proceso de desmovilización negociado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) entre 2003 y 2006.
