La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este jueves una audiencia de dos días por una denuncia de dos campesinos mexicanos que se oponían a la tala de bosques, que fueron detenidos por militares en 1999 y luego condenados bajo cargos de tener armas y drogas.
Los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, cuyo denuncia fue avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, alegan que fueron detenidos y torturados por los militares para que firmaran declaraciones inculpándose y que no tuvieron un juicio justo.
“La Comisión encontró que se había desconocido el derecho que tienen estas personas a que el Estado investigara, judicializara y penalizara los malos tratos y las torturas, y finalmente fueron condenadas con base en declaraciones que rindieron estas personas sometidas a los malos tratos y las torturas”, dijo a la AFP el comisionado de la CIDH en el juicio, Rodrigo Escobar.
La CIDH llevó el caso ante la Corte Interamericana, con sede en San José, que este jueves escuchó el testimonio de Montiel, quien junto a Cabrera fue liberado de prisión en 2001 por orden del gobierno del ex presidente Vicente Fox, en medio de presiones de entidades ecologistas y humanitarias.
“Quiero agradecer a Dios y a la Corte Interamericana por permitirme venir a hablar de viva voz”, declaró Montiel al iniciar su testimonio ante el panel de siete jueces, encabezado por el presidente de la Corte, el magistrado peruano Diego García-Sayán.
Montiel, quien testificó sin quitarse su sombrero vaquero, relató que sufrió prisión, malos tratos y torturas como “consecuencia de la lucha de la organización (de campesinos ecologistas) para defender nuestros bosques”.
Los dos campesinos del estado mexicano de Guerrero alegan que fueron detenidos y condenados como represalia por la campaña que iniciaron en 1998 contra la tala de bosques en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
En los dos días de audiencia, la Corte escuchará también declaraciones de testigos y peritos, y los alegatos de los abogados del gobierno mexicano y de los campesinos, además de los representantes de la CIDH.
Se estima que el tribunal dictará sentencia en unos seis meses.