La Asociación de Defensores Penales Públicos acusó que los magistrados de las dos Cortes de Apelaciones capitalinas, la de Santiago y la de San Miguel, no respetar los estándares mínimos para revocar la prisión preventiva de imputados.

Así lo expresó el presidente de la Asociación, Gonzalo Rodríguez, en respuesta al caso que afectó a Cristian López Rocha, detenido por Carabineros y posteriormente formalizado como el presunto autor de dos actos de connotación sexual contra menores.

En esta línea, el dirigente acusó que la responsabilidad en este y otros casos de errores judiciales, donde inocentes deben permanecer en prisión, se debe a que los jueces de la Corte de Apelaciones soslayan los tratados internacionales y los protocolos de las pruebas que exponen los fiscales.

Recordemos que López Rocha permaneció recluido de manera preventiva, pese a que el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Luis Avilés, ordenó su libertad inmediata, ya que la Fiscalía Oriente apeló de manera verbal amparándose en la denominada “Agenda Corta”.

Por esta razón el caso llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, donde finalmente los magistrados de la Segunda Sala estimaron que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público acreditaban la participación del imputado en los hechos registrados entre abril del 2009 y mayo del 2010.

En esta línea, el presidente de la Corte de Apelaciones capitalina, Juan Manuel Muñoz, en conversación con Radio Bío Bío, desestimó que los jueces no den cumplimiento a los tratados internaciones, y atribuyó sus resoluciones a convicciones personales.

Polémica que instó a que La Defensora Nacional Pública, Paula Vial, solicitara estandarizar y mejorar los mecanismos de reconocimiento de imputados, para que en lo posible, “sean procedimientos uniformes, públicos y contrastables”.

Polémica de la cual no quedó ajena a la Fiscalía Oriente, ya que mediante su vocero, Mario Schilling, se defendieron aduciendo que si no se confiaba en las víctimas ni en las policías, entonces quedaban de brazos cruzados ante actos criminales.