La Contraloría detectó irregularidades en el pago de un bono de 7 millones 800 mil pesos a los funcionarios de institución dependiente de la Subsecretaría de Justicia.

Se trata de la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia, cuyos 46 contratados recibieron este bono de gestión en noviembre del 2008.

En el informe de la Contraloría se detalló que el pago se hizo sin la autorización de la Subsecretaría de Justicia, que ese año le otorgó recursos por un poco más de 255 millones de pesos.

En el mismo documento, los responsables de la Fundación explicaron que hubo un excedente de fondos por licencias médicas y permisos sin goce de sueldo, y por lo bajo de las remuneraciones.

La Contraloría ordenó una auditoría en terreno a esta institución que posee seis oficinas en la Región Metropolitana y que se dedica a entregar asesoría legal a familias de escasos recursos.