El gobierno español acordó este viernes ampliar un año, hasta diciembre de 2011, el plazo para que soliciten la nacionalidad española los hijos y nietos de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista debido al alto número de pedidos en América Latina.

“El consejo de ministros ha aprobado un acuerdo por el que se amplía en un año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española”, anuncio el gobierno.

El plazo comenzó en diciembre de 2008 y terminaba inicialmente a los dos años, pero con la nueva decisión, se prolongará hasta diciembre de 2011.

“Se ha comprobado que el elevado número de solicitudes presentadas en Iberoamérica va a desbordar la capacidad de las oficinas consulares”, alegó el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

“En consecuencia, la prórroga en un año (…) permitiría atender todas las solicitudes de cita ya presentadas” y “todas las solicitudes que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos”, explicó.

Durante el primer año de plazo para solicitar la nacionalidad se han presentado 161.463 pedidos, un 95,5% de los cuales (154.327 solicitudes) se recibió en los países iberoamericanos y en Miami, precisó.

Hasta el momento han obtenido la nacionalidad unas 81.700 personas.

Para llevar a cabo estos trámites se reforzaron varios consulados españoles en el mundo con 150 empleados, sobre todo los de La Habana y Buenos Aires, para lo cual la cancillería española destinó unos 4 millones de euros.

La posibilidad de obtener la nacionalidad por parte de hijos y nietos de exiliados forma parte de la Ley de Memoria Histórica, adoptada a finales de 2007 por el parlamento español con el fin de rehabilitar a las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil.

Los beneficiados pueden adquirir la nacionalidad española de origen, es decir, transmisible a sus hijos, y no tendrán que renunciar a su nacionalidad actual.

La medida se aplica sobre todo a los hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Hasta medio millón de personas, la mayoría en Latinoamérica, podrían beneficiarse de esta medida, sobre todo en Argentina, que cuenta con 300.000 descendientes de exiliados, y Cuba, donde podrían obtener la nacionalidad española más de 100.000 cubanos hijos y nietos de españoles, según estimaciones consulares.