La Corte Suprema confirmó la situación de seis comuneros de Cañete dejados en libertad la semana pasada por el tribunal de alzada penquista, luego de acoger un recurso de amparo que impugnó el uso de testimonio anónimo para imputarles la comisión de varios ilícitos.
En diciembre del año pasado los miembros de la familia Cayuhán fueron detenidos en el sector Antiquina en Cañete, en poder de un importante arsenal de armas y municiones e imputados de robos con intimidación y receptación en distintos lugares de la provincia de Arauco.
El defensor Javier Pereira impugnó la prisión preventiva, denunciando el ilegal uso de un cooperador ocasional de Carabineros, cuyo testimonio anónimo habría llevado a la detención de los comuneros, argumento acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción.
La Fiscalía apeló el fallo al máximo tribunal del país, asegurando que la declaración del testigo secreto no fue la única prueba para actuar contra los comuneros.
El recurso, sin embargo, fue rechazado por la Sala Penal de la Suprema, confirmando la libertad de los Cayuhán, que -sin embargo- siguen formalizados y con el riesgo de ser llevados a juicios por el Ministerio Público.
