La presidenta de la República, Michelle Bachelet, confirmó que se solicitó un informe en torno a las palabras del embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, quien responsabilizó a la “derecha empresarial” por la instalación de artefactos explosivos.
Sin ahondar en el tema, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, manifestó que el canciller Heraldo Muñoz es quien está recabando los antecedentes del caso, y será él quien entregará una opinión formal.
En esta línea el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, expresó que el titular de Relaciones Exteriores ya se comunicó con el embajador.
Sin embargo, siguiendo lo expresado por algunos timoneles políticos del oficialismo, manifestó que “todos los chilenos y en particular las autoridades tenemos que ser sumamente prudentes en las declaraciones que emitimos”.
Tanto la UDI como Renovación Nacional exigieron la salida del embajador, mientras que Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, exigió que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome las medidas correspondientes.
