Una insignificante cantidad de la toxina botulina, prohibida por la Convenciones de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas, es capaz de matar a una persona por medio de una parálisis muscular progresiva. Dos cajas que contenían un número sin determinar de ampollas de botulina permanecieron ocultas por 27 años en el subterráneo del Instituto de Salud Pública, las que fueron ingresadas a Chile por la dictadura de Augusto Pinochet.
La revelación la hizo la ex directora del ISP Ingrid Heitmann, quien encabezó dicho organismo entre 2007 y junio de 2010. Tanto el hallazgo como la destrucción de las ampollas no se reveló al gobierno de Michelle Bachelet, aún considerando que la Policía de Investigaciones concurrió hasta las dependencias en su búsqueda, según la declaración que hizo a la agencia DPA.
Las toxinas ingresaron desde Brasil, despachadas desde el Instituto Butantan de Sao Paulo y, según estimó Heitmann, las ampollas encontradas eran “suficientes para matar a la mitad de Santiago”.
Pese a que las investigaciones en el marco de la muerte del ex presidente Eduardo Frei ratificaron el ingreso de las armas químicas, antes de la entrevista Ingrid Heittman no se tenía certeza sobre el paradero de las toxinas.
La que fuera directora del Instituto de Salud Pública renunció en 2010 tras la polémica por despidos de funcionarios de la entidad, momento en el que el Gobierno le solicitó dejar su cargo.
El ingreso de la botulina a nuestro país se produjo en medio de la tensión diplomática con Argentina que requirió la mediación papal. Junto a ello, el bioquímico de la DINA, Eugenio Berríos, encabezó la producción de armas químicas durante el régimen para acabar con personajes clave de la oposición.
