En un blog de BioBioChile publicado el sábado 17 de marzo de 2012, a propósito del aborto, el señor Alberto González pregunta “¿No tiene derecho a vivir un niño con síndrome de Down?”. Como madre de un niño con Trisomía 21 (síndrome de Down) me han preguntado en varias ocasiones si -en el caso de que fuera legal- habría abortado a mi hijo si hubiese sabido antes de que naciera que tenía este síndrome.

Es una pregunta difícil de contestar pues mi hijo ya está acá conmigo y es parte entrañable de mi vida. Pero esa pregunta es muy distinta a la que hace el señor González. Él dice: “¿No tiene derecho a vivir un niño con síndrome de Down?”. Lo que él pone en relieve acá es otro asunto, los derechos de la mujer adulta versus los derechos de un feto.

Es complicado el tema de los derechos en general, pero sobre todo en una sociedad como la nuestra. Una sociedad donde -es evidente para todos- los derechos a menudo son violados hoy, mientras escribo y, como sabemos todos, fueron violados sistemáticamente durante 17 años. Solo basta con recordar caso tras caso de mujeres embarazadas torturadas hasta que perdieron sus hijos nonatos. Mujeres acribilladas con un bebe en el vientre. Hombres y mujeres ejecutados y martirizados, todos hijos e hijas de alguien.

Si usted me habla de derechos, yo también le puedo hablar de derechos. Mi hijo de 8 años tiene síndrome de Down y NO tiene el derecho de recibir una educación gratuita y de calidad en este país, y si no me cree usted o cualquier otro, estoy más que dispuesta a reunirme con aquellas personas y mostrarles mis razones. Él no tiene voz en este país hipócrita, a menudo no es aceptado en simples talleres de niños “normales” en comunas tan avanzadas como Ñuñoa.

Creo que la pregunta en todo caso debería ser: ¿No tiene derecho a vivir una vida digna un niño con síndrome de Down? Y la respuesta en Chile es no. No, porque en Chile son pocos los niños que actualmente tienen ese derecho. Y menos lo va a tener un niño con síndrome de Down, o un niño con parálisis cerebral, o un niño con autismo, sordera, ceguera… la lista es eterna. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto.

De todos modos, volvamos al derecho del feto. Si se legalizara el aborto, ¿cómo se debería plantear? ¿Desde la perspectiva de la madre o del niño? ¿Quién debería decidir – la madre o terceros? El aborto terapéutico, por muy amplia que sea su definición (incluyendo el aborto eugenésico y tras una violación), coloca la decisión final en manos de terceros, los médicos, pues son ellos quienes determinan –y firman constancia de aquello– si verdaderamente la salud de la madre corre peligro en caso de tener al niño.

El aborto terapéutico exige a la mujer fingir una explicación, dar una excusa aceptable al resto del mundo. Sin embargo, todos sabemos que en Chile, la mayoría de las mujeres que se hacen abortos –clandestinos por cierto, y muchos—lo hacen no porque sus hijos vienen con una discapacidad, o porque su vida corre riesgo si se viera obligada a tenerlo, sino porque no quieren o no pueden o no se atreven a tenerlos. Esto está claro desde el momento en que en Chile es ilegal el aborto.

La mujer en Chile que decide abortar no va a un médico primero a preguntarle si su hijo tiene alguna alteración genética o de otro tipo. No va al médico a preguntarle si tener a ese hijo pondría en peligro su propia vida. Al contrario, lo más probable es que al darse cuenta que está embarazada y de que no quiere tener al niño, evitará acudir a un médico de modo de ocultar el embarazo para que luego pueda ponerle fin, ya que en nuestro país el médico tiene el deber de proteger y velar por la vida del niño por nacer.

Sí, en Chile, la Constitución de 1980 establece que: “La ley protege la vida del que está por nacer”. Esto nos lleva a la otra verdad que ronda en torno al debate sobre el aborto. ¿Qué pasa con el niño que ya ha nacido? ¿Quién vela por él o ella? ¿Quién ayuda protegerlo por ejemplo cuando ese niño tiene una discapacidad física o mental? ¿Don Francisco? Seamos honestos, en Chile el niño nacido con algún trastorno o enfermedad carece de importancia para la sociedad y el Estado. Esto es tan evidente que no es necesario dar ejemplos.

Al fin y al cabo, la verdad es que nos importa un comino la infancia. El pésimo estado de la educación en Chile ya pone en evidencia la falta de cariño y respeto que existe en la sociedad chilena hacia los niños en general. Los discriminamos desde el momento en que nacen, por su clase social, su apellido, el color de su piel, su estado físico, su capacidad o discapacidad. En fin, dime el ingreso de tus padres, y te diré quién eres. Y si al bajo sueldo de tus padres agregamos tu discapacidad, eres doblemente marginado.

El aborto es ilegal en Chile porque una ley arbitraria de una dictadura determina que el Estado puede intervenir y decidir si una mujer sigue o no con la gestación de un hijo. ¿Pero por qué el Estado no interviene cuidando a los niños ya nacidos? En realidad, ¿a quién protege la ley sobre el aborto en Chile? ¿A los niños? ¿A las mujeres? ¿O a los supuestos valores de una casta que manda? ¿A los valores de mujeres como la dama Von Baer que sienten que prestan su cuerpo como una mercancía mas?

Plantear la necesidad de legalizar el aborto desde la perspectiva del aborto terapéutico es un fingimiento en el Chile del siglo XXI. El concepto del aborto terapéutico pone a las mujeres y a la sociedad entera en una dimensión complicada –pues alguien tendrá que definir cuándo en realidad la vida de la mujer corre riesgo– y continúa coartando la posibilidad de que la mujer ejerza su derecho a decidir lo que hace con su vida.

El debate sobre el aborto debería apuntar rápidamente a poner a la mujer en el centro de la discusión. Y ellas, nosotras, deberíamos entender de que hoy en día, al prohibir el aborto, lo que la ley (supuestamente) resguarda es el derecho del niño en gestación. Deberíamos introducir con urgencia al debate el concepto del aborto libre, aquel que no exige justificaciones ni mentiras de ningún tipo, aquel que se centra en el derecho de la mujer a decidir si continúa con su embarazo o no.

El aborto terapéutico socava esta idea del derecho de la mujer, una idea que a estas alturas no debería ser radical pero lo es. La socava porque sigue poniendo el énfasis en terceros que no son la mujer, en este caso en la decisión médica, cuando todos sabemos que la decisión no es médica en la enorme mayoría de los casos, sino personal.

Mujeres en Chile de todas edades, de todas clases sociales y de todas partes se hacen abortos. Seamos honestos y no nos veamos la suerte entre gitanos. Apuesto todo lo que tengo (que no es mucho) a que casi toda mujer –si no todas– de más de 30 años en Chile conoce a otra que se ha hecho un aborto o que ha buscado hacérselo, si es que no se ha hecho uno ella misma.

Sí. Yo tuve a mi hijo con Síndrome de Down. Y sí, yo creo que lo hubiese tenido aún sabiéndolo de antemano, porque yo lo he decidido así, no porque una ley dictatorial y sin fundamentos lo dicta así.

Yo tuve a mis hijos porque yo tomé esa determinación, no por razones morales sino simplemente porque me sentía capaz económica y emocionalmente de tenerlos, y la tomé sabiendo que iba a velar por su bienestar, y por su salud mental y física probablemente toda la vida y sin ayuda del Estado. Pero el hecho de que yo haya tomado esas decisiones no obliga a otra mujer a tomarlas. Y no me despoja de la comprensión de que cada mujer tiene su precio — aquel precio que está dispuesto a pagar… ¡no me diga que no!

Isabel Toledo
RUT 8.125.XXX-X