El ministro de fuero, Alejandro Madrid, comenzó este viernes el proceso de notificación de sentencia, tras dictar las condenas en la investigación por el secuestro y posterior asesinato del químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Eugenio Berríos, donde cinco de los 19 acusados fueron absueltos.
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El principal inculpado de ser el autor de este crimen, el coronel (R) Arturo Silva Valdés, recibió la sentencia más alta. Madrid ordenó que cumpla 10 años y un día de presidio por el secuestro y homicidio de Berríos, además de tres años y un día de cárcel por el delito de asociación ilícita.
Esta es la sentencia de primera instancia de este caso. Durante la indagatoria se estableció que Eugenio Berríos estuvo retenido en dependencias del Batallón de Inteligencia del Ejército y a fines de 1991 fue sacado del país. Toda esta operación, según el fallo, fue ordenada por el entonces el general (R) Hernán Ramírez Rurange jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Estos hechos se realizan con el propósito que Berríos, agente de la DINA, no declarara en los procesos judiciales que en esa época estaban en tramitación como el asesinato del ex ministro Orlando Letelier y el homicidio del funcionario de la CEPAL, Carmelo Soria.
Detalle de las penas
De las 19 personas que fueron llevadas a plenario como acusado de estos cargos, el general (R) Ramírez Rurange recibió 5 años y un día por el delito de secuestro con homicidio, además de 3 años y un día por pertenecer a la asociación ilícita. En tanto, el general retirado Eugenio Covarrubias recibió 3 años y un día de cárcel por el secuestro y 541 días por asociación ilícita.
Por su parte, Jaime Torres Gacitúa fue sentenciado a 5 años y un día por el secuestro y a 3 años y un día como autor de asociación ilícita. El brigadier retirado Manuel Provis recibió una pena de 5 años y un día de presidio por el secuestro y 3 años y un día por ser parte de la asociación que terminó con la vida del químico, que apareció el 13 de abril de 1995 en una playa de la localidad de Pando con un impacto de bala en la cabeza.
El teniente coronel (R), Pablo Rodríguez, fue condenado a 3 años y un día por el secuestro con homicidio y 60 días por la asociación ilícita. Mientras que el comandante (R) Manuel Pérez Santillán sólo fue condenado por el secuestro con homicidio.
Los uruguayos
Dentro de los condenados están los oficiales del Ejército uruguayo Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaeli. El primero de ellos fue sentenciado a 5 años y un día por secuestro con homicidio, además de 3 años y un día por asociación ilícita; el segundo fue condenado a 3 años y un día por secuestro con homicidio y 60 días de cárcel por la asociación ilícita; mientras que el tercero recibió la pena de 5 años y un día por el plagio y asesinato de Berríos y 61 días por la asociación ilícita.
La defensa de estos últimos, el abogado Carlos Neira sentenció que este era un fallo de primera instancia solamente y que demostrará la inocencia de sus defendidos en instancias superiores.
El agente de la DINA Raúl Lillo, fue sentenciado a 5 años y un día por el crimen de Berríos y 100 días por la asociación ilícita.
También recibieron condenas el ex fiscal militar Fernando Torres Silva (3 años y un día por asociación ilicita), Nelson Román (3 años y un día por secuestro y 60 días por asociación) y Marcelo Sandoval (3 años y un día por secuestro y 60 días por asociación).
Absueltos y aspecto civil
Además, el ministro Madrid absolvió a coronel (R) Enrique Ibarra quien había sido encausado por asociación ilícita. También se libró de cargos a Mario Cisternas, Nelson Hernández, Erica Silva y Emilio Rojas.
En la arista civil se determinó que los condenados deben pagar cada uno $ 10.000.000 a la querellantes Fabiola Letelier del Solar, mientras que el fisco la debe indemnizar con $ 100.000.000 por concepto de indemnización por daño moral.
A la querellante Gladys Schmeisser, esposa de Berríos, se le debe cancelar $ 100.000.000 de manera solidaria y $ 200.000.000 el fisco. Mientras que a Gonzalo Berríos Sagredo se le debe pagar $20.000.000 por parte del Fisco.
