¿Cómo protegemos nuestros ecosistemas?

Entendiendo que hoy vivimos en un contexto de triple crisis planetaria (climática, de biodiversidad y de contaminación), en los últimos años han prosperado iniciativas que buscan proteger a algunos de los ecosistemas más vulnerables en nuestro país, para así mitigar los efectos de estos conflictos ambientales en nuestros territorios y en sus comunidades.

Emblemática fue, por ejemplo, la aprobación en 2023 (tras nueve años de discusión) de la llamada Ley SBAP, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, una nueva institucionalidad que pretende conservar la diversidad biológica del país y gestionar de manera integrada las áreas naturales protegidas, ya sean estas privadas o públicas.

También ha sido importante la implementación de la Ley de Humedales Urbanos, que protege a los mencionados ecosistemas que se encuentren total o parcialmente al interior de un radio urbano. De hecho, a cinco años de su entrada en vigencia, la normativa ha protegido más de 13 mil hectáreas de humedales en entornos urbanos en el país, con 124 humedales declarados.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro

La Ley SBAP no se ha podido desplegar en todo su esplendor, pues aún faltan reglamentos que permitan ponerla en funcionamiento pleno. Mientras que la Ley de Humedales Urbanos también lidia con problemas inherentes a su aplicación, como las excesivas demoras, tanto en los procesos de declaratoria, como en su posterior judicialización, comúnmente por disputas asociadas a la delimitación del polígono a proteger (conllevando una larga espera para volver a establecer una nueva propuesta). Esto se debe, según han señalado las Secretarías Regionales del Ministerio de Medio Ambiente, a la falta de profesionales necesarios en las reparticiones descentralizadas para mejorar su eficiencia.

Aún más grave, en el caso de los Humedales Urbanos, es la falta de Planes de Gestión Integral (PGI) para estos ecosistemas, que son los instrumentos que regulan su gobernanza posterior. Según un informe publicado por la Red de Humedales del Biobío en febrero pasado, de 49 humedales catastrados en aquella región, 22 estarían protegidos y sólo uno de ellos cuenta con un PGI.

Mirando hacia el futuro: fortalecer la institucionalidad ambiental

En estos días se discute en el Senado un proyecto de ley que busca proteger a los ríos y sus cuencas, entendiendo la importancia vital y estratégica de estos cuerpos de agua. Es clave que en la tramitación de este proyecto se aprenda de las experiencias pasadas, se pueda contar con las definiciones adecuadas y se corrijan algunos de los escollos que hemos presenciado en normativas anteriores.

Por ejemplo, es fundamental entregar más herramientas a los gobiernos locales para que sean capaces de gestionar con celeridad y asertividad la protección de estos ecosistemas; también es relevante incorporar la visión de las comunidades y la academia, para comprender la importancia de los territorios y su geografía, y proteger todo aquello que sea relevante para el correcto funcionamiento de los espacios fluviales.

La experiencia que apliquemos a la discusión de ‘Ríos Protegidos’ será clave para la tramitación de futuras figuras de protección a ecosistemas (como la necesaria y añorada ley de glaciares) y, eventualmente, permitirá mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país, estableciendo normativas claras y fortaleciendo la institucionalidad ambiental en su conjunto para que las leyes no se conviertan en letra muerta, sino que se transformen en una herramienta útil para los territorios y la protección de la naturaleza y las comunidades que la habitan.