A más de un mes de instaurada la Comisión Experta encargada de redactar el anteproyecto de nueva Constitución para Chile, se comienza a ver el trabajo real de contenidos y el sentido que tendrá la nueva carta fundamental. Ahora bien, este trabajo ha sido poco conocido por la ciudadanía y los canales de difusión no han realizado una tarea de acompañamiento que permitan despertar un somero interés general. A pesar de esto, aún estamos a tiempo.
Si se tuviera una mejor difusión del trabajo, la ciudadanía podría estar hablando y discutiendo que, por ejemplo, dentro de los primeros acuerdos se encuentran algunas iniciativas que establecen elecciones conjuntas entre las parlamentarias y la segunda vuelta presidencial, que se busca mantener la duración del periodo presidencial de cuatro años (sin reelección e impedimento de volver a ejercer el cargo por más de dos periodos), o que se quiere designar una barrera electoral del 5% para tener el derecho a participar en la distribución de escaños de la Cámara Baja.
Sin embargo, el foco en redes sociales lo lidera la presentación de una escueta propuesta en materia de protección del medio ambiente, aisladas escaramuzas sobre la ausencia de consulta indígena o respuestas jurídicamente inadecuadas a los problemas de seguridad pública. A pesar de esto, aún estamos a tiempo.
Lo anterior podría ser considerado a una crítica a la labor de la Comisión Experta, lo que sería muy injusto con el trabajo realizado en otros capítulos. Además, el proceso recién comienza. En la fase de trabajo por Subcomisiones vendrá el debate sustantivo, con quienes querrán mantener contenidos o enmendarlos. Por su parte, la Secretaría de Participación Ciudadana recientemente hizo entrega de una recopilación de la información correspondiente a 52 procesos participativos anteriores desde 2016, siendo la primera actuación de esta Secretaría, liderada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Es ahora cuando debemos ser capaces de acercar el trabajo de la Comisión Experta a la ciudadanía, de justificar las campañas comunicacionales del gobierno para empoderar al Consejo Constitucional, con una Secretaría de Participación Ciudadana que tome un rol fundamental en la capacidad de entregar voz a las demandas sociales y favorecer todos los canales disponibles para que estas voces sean escuchadas y consideradas en el debate constitucional.
Ninguna voz sobra o resulta innecesaria a la hora de dotar de legitimidad a un desabrido proceso constituyente. Por nuestra parte, y como organizaciones de sociedad civil, debemos lograr establecer un espacio definido y articulado, que permita ser un aporte constante y aprovechar la oportunidad de contribuir al proceso. Es por esto, que aún estamos a tiempo, para sumar voluntades y votos, saliendo de la “zona de confort” en la cual parece estar estancado el proceso.
No debemos olvidar que, al inicio de la Convención Constitucional, el resultado obtenido en el Plebiscito del 4 de septiembre de 2022 muchos lo vieron como imposible. El éxito en el plebiscito nacional constitucional a celebrarse el 17 de diciembre de 2023 se construye desde ahora.
