Enviando corrección, espere un momento...
Este 4 de septiembre de 2026 se cumplen cuatro años del plebiscito de salida del proceso constituyente de la Convención Constitucional. Si bien el resultado de dicho plebiscito es ampliamente conocido, buena parte de las conmemoraciones publicadas en los grandes medios de comunicación social no han tenido por objeto recordar o valorar el proceso con la sana perspectiva que concede el paso del tiempo.
En cambio, plumas muy conocidas en el debate público chileno aprovechan la actualidad del término «iliberalismo», utilizado para calificar la deriva autoritaria del presidente Kast, para forzar un argumento que permita meter al proceso constituyente de 2021-22 dentro del mismo concepto.
El intento de amalgamar ambas experiencias como manifestaciones de un mismo fenómeno de autoritarismo político constituye un ejercicio intelectualmente deshonesto. Quienes atribuyen al proyecto constitucional de 2022 una impronta «iliberal» creen que reemplazar al Senado por una cámara de representación territorial o conceder espacio al pluralismo jurídico de los pueblos originarios equivale a socavar las bases del Estado de Derecho o a comprometer el sistema de frenos y contrapesos.
Nada de esto es cierto. No hay en la propuesta de la Convención Constitucional ningún elemento que permita razonablemente sostener que se trataba de un instrumento que favorecía la concentración del poder en la jefatura del Estado.
El intento de homologar una agenda de cercenamiento de libertades y derechos mediante la expansión de un régimen de excepción —tal como se aprecia nítidamente en la propuesta de reforma de seguridad del Kast— con un proyecto constitucional que ampliaba el catálogo de derechos fundamentales y distribuía el poder equitativamente entre las regiones es, a todas luces, una interpretación que sólo busca confundir a la ciudadanía con argumentos que carecen de asidero.
Sería provechoso, tal vez, que quienes han sostenido esta tesis en el debate público reconozcan que la calificación de «iliberalismo» dedicada a la Convención responde, en cambio, a otros motivos. Resulta muy curioso, por ejemplo, que no se reproche con la misma energía a Nueva Zelanda por el hecho de abrazar un modelo de pluralismo jurídico para su organización institucional, pero que la misma propuesta para Chile sea «autoritaria» para estos columnistas.
Esta doble vara de medir no es sino el reflejo de un elitismo hacendal que exuda clasismo en cada gota de tinta que colma el centenar de columnas de opinión, cartas al director y notas editoriales que han circulado en el país durante los últimos cuatro años.
Lo que preocupa a estos tribunos de la opinión pública no es, en realidad, una hipotética fractura del Estado de Derecho, que supuestamente favorecía el texto de la Convención, sino el hecho de que las añosas estructuras del Estado portaliano hubiesen sido reemplazadas por instituciones democráticas y populares abiertas a la participación incidente de la ciudadanía.
Así, tal como ocurre con los conceptos políticos que se sobre interpretan a conveniencia y por ello se banalizan, bien parece que el rótulo «iliberal» ha terminado por convertirse en la palabra que designa a aquella forma de la política que no es del agrado de la pléyade intelectual de los centros de pensamiento de las derechas.
Desde luego, como bien observa Bourdieu, para que la dominación sea posible es necesaria cierta docilidad voluntaria que coopera con el poder desde el lado de la obediencia. En este sentido, no resulta para nada extraño que los ríos de tinta escritos en contra de la Convención cuenten con el apoyo habitual de individuos que se presentan en el debate público como «personas de izquierda».
A este respecto, conviene aclarar que la mayoría de las personas y militantes de izquierda no vivimos ideológicamente extraviados, por lo que las confusiones politológicas y los arrepentimientos culposos de estas personas de izquierda que colaboran con las derechas no nos son oponibles.
En cualquier caso, debe mirarse con suspicacia el uso del término «iliberal» por parte de las derechas y sus centros de pensamiento. No es casualidad que se escoja un concepto estadounidense en un contexto local de deriva autoritaria; se trata de una idea totalizante y que borra las diferencias entre derechas radicales y proyectos progresistas, reduciendo ambas posiciones bajo una misma crítica.
Quienes hemos defendido el trabajo de la Convención y el contenido de la propuesta constituyente de 2022 no necesitamos recurrir al léxico político estadounidense para comprender los fenómenos políticos chilenos. Sabemos muy bien, pues lo hemos vivido en carne propia durante muchos años, que el autoritarismo señorial que campea en nuestro país no es precisamente «iliberal». Nosotros, en cambio, preferimos llamar las cosas por su nombre: patrones de fundo que creen que sus intereses personales o grupales son equivalentes a los intereses del país.
