Sala cuna y democracia a puertas cerradas

Lo ocurrido este martes 1° de septiembre en las tribunas del Senado no es solo una falta de respeto hacia las trabajadoras de la educación inicial, sino una muestra alarmante de autoritarismo y sordera democrática.

Que la respuesta del Congreso frente a la presencia pacífica de las dirigentas de los Directorios Regionales de AJUNJI —quienes acudimos en el marco de nuestra Asamblea Nacional a defender la educación pública— haya sido la provocación por parte de senadores oficialistas, la suspensión de la sesión y el posterior desalojo por la fuerza, evidencia la fragilidad de un debate legislativo que prefiere la censura antes que escuchar a quienes sostienen día a día las salas cunas del país.

Intentar tramitar la ley de Sala Cuna Universal a puertas cerradas y expulsando a las trabajadoras de las tribunas no hace más que confirmar que se busca legislar de espalda a la ciudadanía.

Esta actitud intransigente pretende invisibilizar una postura firme: el proyecto de ley, en su estado actual, no garantiza una universalidad real ni protege a la educación parvularia pública.

Sala cuna y democracia a puertas cerradas

Si bien existe un consenso transversal en la urgencia de terminar con el sesgo discriminatorio del artículo 203 del Código del Trabajo —una deuda histórica para fomentar la empleabilidad femenina y combatir la precarización laboral—, la nobleza del fin jamás justificará la privatización encubierta ni el desmantelamiento de los derechos sociales.

Rechazamos esta iniciativa porque, bajo la bandera de la universalidad, esconde un sistema de vouchers y subsidios indirectos que abandona a la red pública (JUNJI, Integra y VTF) al excluirla del nuevo Fondo de Sala Cuna por recibir aportes estatales.

Es una contradicción inaceptable: los propios informes técnicos proyectan que más de 22 mil niños y niñas ingresarán a la red pública el primer año, pero la ley no asigna un solo peso adicional para financiar esta nueva demanda.

A este desfinanciamiento se suma la consagración del copago. Al calcularse el aporte sobre un promedio estimado por DIPRES en 5,2 UTM (cerca de $372.000), se traslada la diferencia a las familias.

Las niñas y niños deben estar en el centro

El resultado será una profunda segregación, las familias de mayores ingresos accederán a oferta privada costosa, mientras los hogares vulnerables deberán pagar costos que hoy no asumen o sobrecargarán la oferta pública.

Por si fuera poco, se exigen menores estándares educativos a la red privada que a la pública y se financia el sistema restando recursos directos al Seguro de Cesantía (0,2% de la cuenta individual y 0,15% del Fondo Solidario).

Ni el desalojo de las tribunas ni las provocaciones parlamentarias acallarán nuestra convicción. Las niñas y niños deben estar en el centro, y la educación pública se defiende. Exigimos un debate de cara al país, sin copagos, sin desmantelamiento de la protección al desempleo y con un verdadero fortalecimiento de la educación inicial.

Silvia Silva, vicepresidenta de Gestión y Finanzas CUT y presidenta nacional de AJUNJI