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Decir que el gobierno del presidente Kast sería “iliberal” por pretender cumplir su promesa de campaña más importante —la seguridad— no sólo es iliberal, sino también antidemocrático.
El liberalismo tiene como presupuesto que el ciudadano no esté indefenso frente al narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado. Una democracia liberal debe proteger la vida, la propiedad, la libertad de circulación y el derecho de las personas a vivir sin la coacción de organizaciones criminales.
La discusión seria, por supuesto, debe centrarse en los límites, controles y duración de esas facultades excepcionales, no en convertir la palabra “iliberal” en una descalificación utilizada precisamente por personas marcadamente iliberales y que la utilizan como excusa para eludir el debate.
Javier Couso, Jaime Bassa y Vlado Mirosevic tuvieron la osadía de arremeter contra Kast, tachándolo de “iliberal” y utilizando expresiones como “retrocesos autoritarios” y “tentación contra las libertades”, e incluso advirtiendo sobre una “deriva autoritaria” de su gobierno. Sin embargo, fueron ellos mismos quienes impulsaron y defendieron la mala propuesta constitucional de 2022, afirmando que las ideas contenidas en aquel proyecto eran “extraordinarias”, incluso con la proliferación de un Estado partisano que garantizaba un derecho al ocio.
Por eso, a pocos días del cuarto aniversario del Rechazo, es necesario recordar que la propuesta rechazada nos dividía como chilenos, creaba una pluralidad de sistemas de justicia y eliminaba precisamente el estado de excepción de emergencia, destinado a enfrentar graves alteraciones del orden público. Eso es justamente lo que Kast prometió fortalecer y una de las principales razones por las que hoy nos gobierna. Reconociendo sus propulsores que una Constitución no tenía por qué ser la casa de todos.
Y ahí se entiende este delirio o desesperación de la izquierda. Porque un país que ofrezca seguridad no permitirá que se repitan los graves hechos ocurridos en octubre de 2019. Cuando la delincuencia se desató como si fuera un derecho y la ciudadanía quedó presa en sus hogares, cuidando a sus familias.
Sabemos que la izquierda romantiza, cada vez que puede, la violencia. Por eso se comprenden estas arremetidas comunicacionales cuando se pretende que la ciudadanía recupere aquello que la delincuencia le arrebató: la libertad y la tranquilidad.
También conviene recordar que el lenguaje de la excepcionalidad no apareció con Kast. Durante el gobierno de Boric, los municipios de La Reina, La Florida, Calama y Zapallar, y posteriormente Ñuñoa, dictaron medidas que presentaron públicamente como “estados de emergencia comunal” frente a la delincuencia. No fue un fenómeno exclusivamente opositor: el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, militante de la Federación Regionalista Verde Social, fue presentado entonces como el primer jefe comunal oficialista en adoptar la medida.
Además, los alcaldes de Colina, La Reina y La Florida entregaron en La Moneda una carta solicitando al presidente Boric un verdadero estado de excepción constitucional para la Región Metropolitana. Más tarde, Luis Astudillo, alcalde independiente de Pedro Aguirre Cerda y cercano al Partido Socialista, pidió la misma medida después de nuevos homicidios y balaceras en su comuna. El entonces gobernador metropolitano Claudio Orrego también propuso evaluarla, aunque fuera de manera acotada para determinadas comunas.
La comparación requiere honestidad. La Contraloría aclaró en 2025, mediante el dictamen E95113/2025, que los municipios no tienen competencia para declarar estados de excepción o de emergencia y que aquellos decretos sólo podían producir efectos destinados a redistribuir recursos, acelerar actuaciones municipales o reforzar tareas preventivas, sin suspender derechos, desplegar militares ni asumir funciones policiales. Esto demuestra que el diagnóstico sobre la pérdida de control territorial y la necesidad de instrumentos extraordinarios era transversal desde mucho antes del actual gobierno.
Hoy, muchos de los mismos que estuvieron dispuestos a terminar radicalmente con nuestras instituciones democráticas se presentan como guardianes del liberalismo porque un presidente propone fortalecer jurídicamente al Estado frente a organizaciones que, precisamente, privan de libertad a los ciudadanos mediante el miedo, la violencia y el crimen.
Defender una democracia liberal exige caminar y mascar chicle al mismo tiempo: limitar el poder del Estado solo frente al ciudadano y no frente al delincuente.
