J. estaba en el Estadio Nacional cuando recibió la llamada de su superior directo. La orden era urgente: debía dejar de ver el partido de Chile contra Brasil y enfilar a una reunión con la entonces jefa nacional de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches.
Era el 10 de octubre de 2024.
—Se nos dijo que se necesitaba un grupo operativo porque había que realizar un trabajo —declararía más tarde J. ante la fiscalía.
Sin conocer detalles, llegó hasta las cercanías del Cuartel General de PDI. Allí, se enteró de la misión: debía investigar qué le había pasado al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el 22 de septiembre de ese año. El médico socialista había denunciado que esa noche posiblemente había sido drogado, puesto que no recordaba nada. De ahí que le encargaran reconstruir los pasos del denominado zar de la seguridad de la administración Boric.
J. debía hacerlo, según dijo, “a través de operaciones de inteligencia” y “sin hacer formalmente entrevistas a personas”.
—Se nos dijo que debíamos tratar de averiguar qué había hecho el subsecretario cuando según él estaba drogado, ver si había actividad de terceros y ver si la mujer [que lo acompañaba] estaba bien —testificó.
Así fue como J. ideó un plan: enviar un sándwich —vía un falso delivery— a quien cuatro días más tarde denunciaría a Monsalve por violación y abuso sexual.
La idea
J. ingresó a la PDI en 2005. Para 2018 ya formaba parte de la Brigada de Contrainteligencia de la policía civil. Se trata de una unidad especializada altamente sensible por las labores que desempeña: detectar y neutralizar amenazas que afecten a la propia institución o a la seguridad nacional.
Ese mismo 10 de octubre de 2024, J. comenzó con las labores que le habían encomendado. Esa noche, la tarea se limitó a analizar qué cámaras de seguridad podía levantar para determinar la trayectoria de Monsalve. Así, eligió algunas cercanas al Ají Seco Místico, el restaurante donde cenó Monsalve previo a los hechos denunciados. J. las ubicó precisamente por el alto valor investigativo del lugar. Pensó que si Monsalve había sido drogado, allí podrían existir pistas.
A la mañana siguiente, vestido de manera formal y acompañado por una colega, se presentó en el local de calle Mac Iver. Su aparición, sin embargo, no rindió frutos. Intentaron, sin éxito, contactar a personal del local que pudiera tener información. Entonces, enfilaron hasta una dirección que había señalado Monsalve. Se trataba de un edificio en el centro donde residía la acompañante del subsecretario la noche en que supuestamente lo drogaron.
Y es que parte de las labores que le encomendaron al detective, según su propio testimonio, era dar con la profesional, subordinada de Monsalve. Ella, a esas alturas, ya no contestaba el celular a nadie de la subsecretaría.
El delivery
J. y su compañera al llegar pensaron en la posibilidad de levantar imágenes de las cámaras del edificio. Pero rápidamente J. desechó ese plan:
—Consideré que era una actividad muy invasiva —argumentó J. en su declaración de enero de 2025, ante el fiscal Francisco Jacir Manterola y el abogado asesor José Luis Pérez Calaf.
Así, la agenda cambió. El detective declaró:
—Para chequear y saber de su estado, se me ocurrió comprar un sándwich de delivery y dejarlo solo con el dato del departamento y no con el nombre, siendo un compañero quien lo debía entregar. Cuando mi compañero estaba en el lugar, llegó la persona del departamento a quien se le entregó el pedido, comprobando que no era [la acompañante de Monsalve].
Se habían equivocado de persona.
Según dijo J., en ese momento se dieron cuenta de que había más de una mujer con el mismo nombre en el edificio. No tuvo más opción que volver con su compañera a recabar información al hall del edificio, sobre cuál sería el departamento de quien estaban intentando ubicar. La tarea la delegó en su colega. La inspectora —intuyó J.— había logrado más empatía con el conserje. Ella dio con el número de departamento.
—Hicimos un segundo encargo de sándwich, ambos del restaurant Guido. Lo fue a entregar mi compañero y el conserje llamó al citófono. Desde el departamento dijeron que desde el departamento no habían hecho el pedido.
De acuerdo con el testimonio de J., el falso repartidor conversó por el intercomunicador y logró convencer que alguien bajara. Así, el padre de la funcionaria, quien —tras preguntar si estaba pagado o no— subió con el pedido.
—Le informé a mi jefe que habíamos ubicado a la mujer y que ella se encontraba bien y que estaba con su padre —contó el detective.
—¿Dónde fueron después?
—Junto con mi compañera volvimos al Ají Seco y nos atendió el administrador del local. Le dijimos que andábamos buscando si dos personas habían estado en el restaurante unos días antes, sin indicar cuáles fechas. Fuimos a otro nivel, en donde tenían las cámaras y había unas personas a cargo. En el sistema tenían grabaciones para todas las salas o comedores. Eran de buena calidad y al parecer solo las guardaban un poco más de una semana. Por ser de alta calidad, ocupaban mucho espacio computacional, por lo que después de unos días se sobrescribían. En el calendario quedó claro que solo tenían grabaciones desde el día 28 o 29 de septiembre y, en consecuencia, aquellas del día 22 de septiembre ya estaban sobrescritas.
—¿Tuvieron información sobre el momento en que el subsecretario recuperó la memoria? —le consultaron a J. los persecutores
—Se nos dijo que había sido al otro día, pero no se nos entregaron detalles de aquello —respondió.
Las imágenes de la discordia
A lo largo de sus diligencias, J. también levantó imágenes del Cuartel General de la PDI. El recinto está cerca por donde pasó Monsalve esa noche. El detective, sin embargo, se encontró con dos problemas.
Primero, porque la cámara que podía servir no entregaba un panorama amplio: estaba direccionada hacia abajo y solo se observaba el tránsito de vehículos y las cabezas de los transeúntes. Y segundo, porque cuando intentó traspasarlas a un disco duro, no pudo hacerlo.
—El sistema de Unidad no lo reconoció como apto para guardar —explicó.
J. debió correr a buscar un nuevo dispositivo.
—Le pasé un pendrive al funcionario a cargo, quien copió las imágenes en el mismo. Entiendo que quedó en formato VLC o GomPlayer y se encuentra segmentado en varios videos —lanzó.
No obstante, esas mismas imágenes más tarde serían objeto de discordia. Un informe de la PDI estableció que varias de las piezas obtenidas ese 11 de octubre (tres días antes de que la funcionaria denunciara a Monsalve) se extraviaron.
—A propósito de lo que ha aparecido en la prensa, en el sentido de que se habrían borrado […] mi jefe directo me preguntó por las imágenes, pero como indiqué antes, no se pudieron guardar en el disco duro y solo se pudieron guardar en el pendrive que adquirí […] Cuando observé las imágenes, en ella no aparecía ninguna imagen de interés.
J. insistió en que la cámara “solo grababa la circulación de vehículos y un poco las personas que pasaban”.
—Por no ser de interés de inteligencia, aquellas imágenes del pendrive no las copié en el disco duro y después de unos días, las borré —desclasificó.
El detective aseguró que cuando el caso explotó en la prensa, por la supuesta eliminación de evidencia antes de la denuncia, le señaló a uno de sus superiores que podían recuperar las imágenes, lo que fue posible tras llevarlas hasta una unidad especializada de la PDI.
—Por ello, en este acto hago entrega del pendrive mencionado, el cual contiene las imágenes del Cuartel General, del día 22 de septiembre pasado […] Es cuanto puedo aportar y declarar —sentenció J.
Según comentan fuentes conocedores de la materia, actualmente existen dos causas abiertas en contra de Monsalve: una por violación y otra por posible mal uso de gastos reservados. La primera está a cargo del fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, mientras que la segunda la lleva la persecutora de la misma repartición, Macarena Cañas.
De acuerdo con quienes conocen de las pesquisas, la indagatoria relacionada a los dineros que obtuvo en razón de su cargo no ha presentado mayores avances por parte del organismo persecutor, pese a que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI despachó entre fines de 2025 y comienzos de este año un informe que acreditaría un mal uso de los recursos.
La arista por posibles infracciones a Ley de Inteligencia fue desestimada, puesto que no se cumplirían los preceptos legales para configurar un delito.
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