La "elección mutua" es el nombre nuevo de un problema viejo

Hace once años Chile decidió que ningún colegio podía elegir a sus estudiantes. Entrevistas a los padres, compromisos de adhesión, pruebas de admisión: todo eso se eliminó porque la evidencia era clara. Un estudio de Contreras, Sepúlveda y Bustos, publicado en 2010, había documentado cómo esos instrumentos, sin decirlo nunca explícitamente, funcionaban para quedarse con los estudiantes más convenientes y dejar fuera a los que el sistema consideraba más difíciles de educar. El proyecto de ley que hoy discutimos en el Congreso la vuelve a abrir, con un nombre más amable: elección mutua.

No me voy a hacer cargo aquí de si el mecanismo completo es una buena o mala idea. Esa discusión de fondo ya la está dando la oposición con el Informe de la Mesa Técnica, y es legítima. Lo que quiero decir es algo más acotado y, creo, más urgente: exista el mecanismo que exista, ningún niño puede quedar fuera de un colegio por tener autismo, por pedir apoyos, o por no recibir a tiempo los cambios que necesitaba.

Porque eso es exactamente lo que este proyecto, tal como está redactado, permite que ocurra.

El texto repone entrevistas a los padres, adhesión obligatoria al proyecto educativo como condición de postulación, y mérito académico desde 7° básico. Son las mismas herramientas que en 2015 identificamos como selección encubierta. La memoria institucional de este país no debería ser tan corta.

Pero hay algo más grave, y es donde este proyecto falla incluso en sus propios términos: los criterios que propone son formalmente neutros, pero tienen un impacto brutalmente desigual sobre los estudiantes con autismo. Asistencia previa, rendimiento académico, antecedentes disciplinarios. Ninguno de esos criterios menciona la palabra autismo. Todos, en la práctica, la castigan.

Un niño con autismo tiene más probabilidades de faltar por crisis sensoriales o por falta de apoyos adecuados, más probabilidades de tener antecedentes disciplinarios ligados a su condición y no a su conducta, más probabilidades de rendir bajo el promedio en pruebas que no contemplan ningún ajuste razonable. Eso tiene nombre en el derecho internacional: se llama discriminación indirecta, y el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la definió con claridad. El proyecto que hoy se tramita no la prohíbe en ninguno de sus artículos.

Los números explican por qué esto no es un detalle técnico. La prevalencia clínica proyectada de autismo en la población escolar chilena es de 1,31%, casi uno de cada 76 niños. Lo que hoy se registra formalmente en los colegios es 0,46%. La brecha entre esas dos cifras no es un margen de error: es la distancia entre los niños que existen y los niños que el sistema efectivamente ve, diagnostica y acompaña. Y mientras esa brecha se mantiene, las denuncias por discriminación a estudiantes con autismo ante la Superintendencia de Educación aumentaron 149% entre 2022 y 2024.

Hay un vacío adicional que nadie más está llenando en esta discusión. La Mesa Técnica que asesora al Congreso en este proyecto prioriza a estudiantes con discapacidad permanente, pero su lista incluye ceguera, sordera y discapacidad motora. No incluye autismo. Si nadie pone este foco sobre la mesa, la discusión completa avanza sin él.

Lo que hemos presentado no es una forma elegante de rechazar el proyecto. Son veinticinco indicaciones puntuales, técnicas, que no tocan el mecanismo de fondo: instalan un piso mínimo de no discriminación, sacan del texto los instrumentos que ya sabemos que funcionan como selección encubierta, y convierten la fiscalización en algo real y no en una multa simbólica. La propia ministra de Educación reconoció, el 8 de julio, que hay aspectos del texto que se prestan a confusión. Estas indicaciones son exactamente eso: precisiones que cualquiera que actúe de buena fe debería poder aprobar sin problema.

Porque si el mecanismo de elección mutua es tan justo como dice el Ejecutivo que es, no debería tenerle miedo a una prohibición explícita de discriminar. Y un proyecto que se presenta bajo la bandera de la libertad de las familias para elegir colegio no puede, al mismo tiempo, convertir en una desventaja competitiva que una familia pida los apoyos que su hijo con autismo necesita. Eso no es libertad de elección. Es castigar el ejercicio de un derecho que la ley chilena ya reconoce.

Chile ya vivió el experimento de dejar que los colegios eligieran. Sabemos cómo termina. La pregunta que el Congreso tiene que responder es si estamos dispuestos a repetirlo, esta vez con nombre nuevo.