Tiembla el Pacífico: la gigantesca flota china que pesca frente a las aguas chilenas

Desde el aire parece una ciudad levantada en medio del océano. Decenas de embarcaciones separadas por kilómetros, algunas prácticamente inmóviles, otras navegando lentamente y varias en plena faena extractiva.

Pero no hay tierra alrededor. A unas 900 millas náuticas —cerca de 1.670 kilómetros— de la costa chilena, al norte de Rapa Nui, la Armada de Chile volvió a desplegar este viernes 4 de septiembre una Operación de Fiscalización Pesquera Oceánica (OFPO).

El objetivo era establecer qué están haciendo decenas de embarcaciones extranjeras que operan en alta mar, conocer sus movimientos, identificarlas y verificar que sus actividades se ajusten a las normas internacionales.

En esa extensa zona han sido detectados alrededor de 70 pesqueros extranjeros dedicados a la extracción de pez espada, atún y calamar gigante o jibia.

La actividad se desarrolla fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile, pero dentro de un espacio marítimo en el que el país mantiene responsabilidades de búsqueda y salvamento —SAR— y realiza tareas de vigilancia.

Hasta ahora, según los antecedentes reunidos durante la operación, no se ha constatado el ingreso de estas embarcaciones a la ZEE chilena, pero por esa razón la Armada de Chile debe custodiar de forma continúa.

Una ciudad pesquera en alta mar

La dimensión del fenómeno supera largamente a las 21 embarcaciones observadas directamente durante el último operativo de la Armada. Más al norte se encuentra el grueso de una flota que alcanza varios centenares de barcos y que forma parte de un modelo de pesca industrial de aguas distantes que desde hace años recorre el Pacífico frente a Sudamérica y que organizaciones internacionales han denunciado por la forma invasiva con que actúan.

Aunque las naves fiscalizadas por Chile fueron identificadas oficialmente como embarcaciones extranjeras, los registros internacionales muestran que la operación industrial en esta parte del Pacífico está dominada ampliamente por barcos de bandera china.

Uno de sus principales objetivos es el calamar gigante o jibia —Dosidicus gigas—, uno de los recursos pesqueros más importantes del Pacífico suroriental.

La Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés) identifica precisamente al calamar gigante y al jurel entre los principales recursos comerciales explotados dentro de su área de competencia.

Los datos de esa organización permiten dimensionar el tamaño de la operación china.
Durante 2024, China mantuvo 528 buques poteros dedicados a la captura de calamar gigante dentro del área regulada por la SPRFMO. En conjunto, esas embarcaciones acumularon 114.475 días de pesca durante ese año.

Pese al aumento del esfuerzo pesquero, las capturas disminuyeron cerca de un 45%, mientras que la productividad cayó hasta un mínimo histórico cercano a 2,4 toneladas por barco y día.

Se trata de verdaderas factorías flotantes capaces de permanecer durante extensos periodos lejos de sus puertos de origen.

Los barcos especializados en calamar utilizan poteras automatizadas, es decir, máquinas eléctricas instaladas en los barcos para bajar y subir líneas de señuelos que pescan calamares y jibias sin requerir esfuerzo manual. Esto hace que se genere una enorme cantidad de luces para atraer a los ejemplares hacia la superficie durante la noche. Por eso desde el aire se puede percibir como una verdadera ciudad flotante.

Global Fishing Watch ha documentado embarcaciones industriales asiáticas equipadas con hasta 150 lámparas. Su intensidad es tan elevada que puede ser detectada mediante imágenes satelitales nocturnas.

La capacidad logística de estas flotas explica otra de sus principales características: los pesqueros no necesitan regresar a puerto cada vez que completan una captura.
Mediante operaciones de transbordo en alta mar pueden transferir los productos extraídos a buques frigoríficos, que posteriormente transportan la carga hasta los mercados de destino. De esa forma, los pesqueros pueden permanecer durante meses operando en los mismos caladeros.

La Armada desciende hasta 200 metros

Ese es el escenario que la Armada de Chile busca vigilar desde el aire y desde la superficie. Durante más de dos horas, un avión de exploración aeromarítima P-3 ACH Orión recorrió el área donde se encontraba parte de la flota.

Para identificar las embarcaciones, la aeronave debe descender hasta aproximadamente 200 metros sobre el nivel del mar. Desde esa altura se obtienen registros visuales, se individualizan las matrículas y se establecen las características de las faenas que se están desarrollando.

“Nuestra misión es fiscalizar a un grupo de embarcaciones extranjeras que están operando a mil millas del territorio nacional, qué actividades están realizando y determinar adónde se dirigen”, explicó el capitán de fragata y piloto naval Eduardo de la Cerda, encargado de la operación aérea.

Durante el procedimiento también se intenta establecer comunicación radial con cada embarcación. No siempre hay respuesta.

Cuando los tripulantes contestan, la comunicación suele producirse en idiomas extranjeros. Independientemente de ello, la Armada registra las matrículas y otros antecedentes de identificación, información que posteriormente es entregada a los organismos fiscalizadores.

Si se detectan indicios de una eventual infracción, las unidades navales de superficie pueden ser utilizadas para efectuar controles directamente en el mar.

Veintiún pesqueros y un buque factoría

Durante el operativo del viernes fueron observadas 21 embarcaciones realizando diferentes actividades extractivas, además de un buque factoría.

La operación no dependió solamente del avión P-3 Orión. En el dispositivo también participó la fragata Almirante Cochrane, que regresaba desde Hawái luego de intervenir en el ejercicio multinacional RIMPAC, además del remolcador de alta mar Galvarino, perteneciente a la Escuadra Nacional.

La combinación de aeronaves de exploración y unidades de superficie permite aumentar considerablemente la capacidad de vigilancia en un territorio marítimo caracterizado por distancias difíciles de dimensionar desde tierra.

La operación se desarrolló, además, bajo condiciones meteorológicas cambiantes. Durante el recorrido hubo sectores despejados, nubosidad, lluvia y mar agitado.

De las cerca de 70 embarcaciones detectadas en el área, la Armada pudo observar directamente a 21. El grueso de la flota —integrada por alrededor de 300 barcos— se encontraba más al norte, también fuera de la Zona Económica Exclusiva chilena.

La frontera de las 200 millas

Existe una diferencia jurídica fundamental.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, estos barcos no se encuentran pescando dentro de la Zona Económica Exclusiva de Chile.

La ZEE se extiende hasta las 200 millas náuticas desde las líneas de base. Dentro de ese espacio, el Estado chileno posee derechos soberanos sobre la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales.

Más allá comienza la alta mar. Esto significa que observar decenas o incluso centenares de barcos extranjeros pescando fuera de las 200 millas no constituye automáticamente una actividad ilegal.

Pero tampoco significa que exista un vacío absoluto de normas. La pesca en esas aguas está sometida a tratados internacionales, a las obligaciones de los Estados de bandera y a las regulaciones establecidas por las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero.

En el Pacífico Sur, la SPRFMO administra los recursos pesqueros de alta mar y mantiene medidas específicas para la pesquería del calamar gigante. En junio de 2026 entró en vigor una nueva medida de conservación y manejo para esa actividad.

Se trata, en otras palabras, de una inmensa zona internacional donde la capacidad efectiva de controlar lo que ocurre depende de satélites, sistemas electrónicos de posicionamiento, cooperación entre países y medios aéreos y navales capaces de recorrer miles de kilómetros.

La sombra de la pesca ilegal

La preocupación de los países sudamericanos no surge de la nada. Global Fishing Watch ha documentado durante años el crecimiento de estas flotas frente a las costas de la región y ha detectado anomalías que constituyen factores de riesgo para la fiscalización.
En un análisis sobre la flota industrial que operó durante 2020 en alta mar, al oeste de Sudamérica, la organización identificó 615 embarcaciones industriales. El 95% correspondía a barcos chinos.

En conjunto, esas naves acumularon más de 876 mil horas de pesca. El estudio también detectó embarcaciones transmitiendo posiciones falsas, inconsistencias en los sistemas de identificación y diferencias entre los barcos observados operando y aquellos incorporados en los registros oficiales disponibles.

Estos antecedentes no permiten atribuir las mismas conductas a los barcos fiscalizados ahora por Chile. Sin embargo, explican por qué las autoridades sudamericanas mantienen bajo observación permanente a estas grandes concentraciones pesqueras.

Global Fishing Watch también ha trabajado con organismos chilenos y ha entregado análisis sobre flotas extranjeras, particularmente respecto de embarcaciones chinas dedicadas a la captura de calamar que operan en las cercanías de los límites de la ZEE nacional.

Una flota que recorre Sudamérica

Estas ciudades flotantes no permanecen durante todo el año en un mismo lugar.
Las flotas de aguas distantes se desplazan siguiendo los recursos pesqueros y las temporadas de captura.

Global Fishing Watch ha reconstruido movimientos de pesqueros asiáticos entre el Pacífico y el Atlántico: operaciones frente a Ecuador y las islas Galápagos, desplazamientos hacia las costas de Perú y Chile, además de extensas travesías hacia aguas internacionales frente a Argentina. Son miles de millas recorridas detrás de los recursos marinos.

Para Chile, el desafío tiene dos dimensiones. La primera es proteger su Zona Económica Exclusiva y áreas marinas especialmente sensibles, entre ellas Rapa Nui, Salas y Gómez, Juan Fernández y Nazca-Desventuradas.

La segunda consiste en mantener conocimiento sobre lo que ocurre mucho más allá de las 200 millas, en un océano donde la actividad pesquera, la protección ambiental y la seguridad de la navegación están estrechamente relacionadas.

Por eso las operaciones de fiscalización no apuntan exclusivamente a determinar qué están pescando las embarcaciones.

La Armada también busca detectar eventuales episodios de contaminación, verificar las condiciones de navegación y obtener cualquier antecedente que pueda comprometer la seguridad de la vida humana en el mar.

Mientras el P-3 Orión descendía nuevamente sobre el Pacífico para identificar otra embarcación, abajo seguía funcionando aquella enorme ciudad flotante.

Veintiún barcos y un buque factoría pudieron ser observados directamente. Cerca de 70 pesqueros habían sido detectados en el sector. Más al norte, el número aumentaba hasta alcanzar varios centenares.

Todos, hasta ahora, fuera de la Zona Económica Exclusiva de Chile. Una frontera invisible de 200 millas separa dos escenarios jurídicamente distintos. Es precisamente sobre esa línea —y sobre lo que sucede más allá de ella— donde Chile mantiene puestos sus ojos.

En este escenario, fortalecer las capacidades de vigilancia aeromarítima y acelerar el programa de reemplazo de los submarinos de la Armada aparecen como decisiones estratégicas. El crecimiento de la población mundial, particularmente en Asia, aumentará la presión sobre los recursos alimentarios y pesqueros, lo que obliga a Chile a anticiparse mediante proyectos destinados a recuperar y ampliar sus capacidades de control, incluyendo la disuasión y presencia, obviamente, oceánica.

El desafío no se limita a fiscalizar las flotas extranjeras que operan cerca de la Zona Económica Exclusiva. También comprende la protección de las rutas marítimas, los recursos naturales y la soberanía nacional, especialmente en la zona austral y antártica, donde la presencia efectiva del Estado será cada vez más relevante de cara a las negociaciones que se puedan producir con el fin del tratado antártico.