La elección mutua: una reforma que acerca a Chile a la experiencia internacional

Cada vez que se discute la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE), suele afirmarse que devolver algún grado de autonomía a los establecimientos significaría retroceder a un modelo excepcional o abandonar los estándares internacionales. La evidencia comparada demuestra exactamente lo contrario.

Chile posee hoy uno de los sistemas de admisión escolar más centralizados del mundo. Entre los países analizados, prácticamente ninguno combina una plataforma nacional única, un algoritmo central para todo el país y una prohibición casi absoluta de que los establecimientos consideren criterios propios de admisión.

La experiencia internacional muestra que los sistemas más exitosos no optan entre Estado o establecimientos, lo que hacen es distribuir las decisiones. El Estado fija las reglas, garantiza transparencia, evita la discriminación y supervisa el proceso. Los establecimientos, por su parte, conservan cierto margen para construir comunidades educativas coherentes con sus proyectos institucionales.

En Inglaterra, por ejemplo, las familias manifiestan sus preferencias, pero cuando un colegio tiene más postulantes que vacantes aplica criterios objetivos previamente definidos en el School Admissions Code. La cercanía geográfica, la existencia de hermanos, la pertenencia religiosa en las faith schools o el mérito académico en las grammar schools forman parte de un sistema ampliamente aceptado y estrictamente regulado. Nadie sostiene que ello vulnere la transparencia del proceso; por el contrario, constituye la forma habitual de administrar la sobredemanda.

En Estados Unidos ocurre algo similar. El sistema de Nueva York utiliza exactamente el mismo algoritmo de aceptación diferida que inspiró el SAE chileno. Sin embargo, numerosos establecimientos mantienen procesos de admisión diferenciados. Las specialized high schools seleccionan mediante un examen único, mientras otras escuelas consideran antecedentes académicos, entrevistas, portafolios o pruebas de aptitud. Es decir, el algoritmo no elimina la autonomía institucional; la coordina.

Singapur ofrece otra lección relevante. El proceso es altamente centralizado, pero no completamente uniforme. La asignación combina preferencias familiares con prioridades definidas por el Estado —como hermanos, exalumnos o cercanía— y posteriormente incorpora selección académica para el acceso a la educación secundaria. El objetivo no es que todos los establecimientos sean idénticos, sino reconocer que existen proyectos educativos diversos.

Incluso Finlandia, frecuentemente utilizada como argumento para defender sistemas completamente homogéneos, dista de ser un modelo de asignación exclusivamente aleatoria. La regla general es la escuela de barrio, pero existen programas especializados en música, idiomas o ciencias que seleccionan estudiantes mediante pruebas de aptitud. Es decir, uno de los sistemas educativos más igualitarios del mundo reconoce que determinados proyectos requieren mecanismos diferenciados de admisión.

Francia también resulta ilustrativa porque su plataforma Affelnet es centralizada, pero incorpora múltiples criterios de asignación como proximidad, indicadores sociales y rendimiento académico para determinados niveles. La discusión nunca ha sido algoritmo versus criterios, sino cuáles son los criterios socialmente deseables.

De hecho, la comparación internacional revela un patrón sorprendente, que prácticamente todos los países reservan algún espacio para que la identidad del establecimiento influya en la admisión. Lo hacen mediante mérito académico, cercanía territorial, afinidad religiosa, programas artísticos, deportivos o científicos, continuidad familiar o prioridades comunitarias. Lo excepcional no es esa autonomía regulada; lo excepcional es eliminarla por completo.

Por supuesto, la experiencia comparada también entrega advertencias. Los sistemas que otorgan autonomía sin regulación terminan favoreciendo la segregación y la selección arbitraria. Eso puede observarse en mercados educativos poco regulados como el sueco. La lección, sin embargo, no es eliminar toda autonomía, sino diseñarla adecuadamente.

La propuesta de Elección Mutua apunta precisamente a ese equilibrio. Mantiene una plataforma única administrada por el Estado, establece criterios objetivos definidos por ley, preserva cuotas para estudiantes prioritarios y estudiantes con necesidades educativas especiales y limita la autonomía a establecimientos con sobredemanda. En otras palabras, no abandona el principio de regulación pública; lo complementa con un mayor reconocimiento de los proyectos educativos.

En política pública rara vez existen soluciones perfectas. La pregunta relevante no es si un sistema debe ser completamente centralizado o completamente descentralizado. La verdadera pregunta es cómo equilibrar equidad, libertad de elección, mérito y autonomía institucional.

Si algo enseña la evidencia internacional es que los sistemas educativos más consolidados no descansan exclusivamente en algoritmos ni exclusivamente en la decisión de los colegios. Descansan en instituciones capaces de combinar ambas dimensiones. Desde esa perspectiva, la Elección Mutua no representa una ruptura con la experiencia comparada. Más bien, acerca a Chile a un modelo predominante en las democracias desarrolladas: un Estado que regula con firmeza, familias que eligen libremente y establecimientos que conservan una autonomía acotada para desarrollar proyectos educativos con identidad propia.

Mauricio Bravo Rojas
Vicedecano Facultad de Educación
Universidad del Desarrollo