"Multa draconiana": Fisco pagará $38 mil millones por sobrepoblación en cárceles concesionadas en 2026

Con más de $16 mil millones compensó el Fisco en marzo pasado a las empresas que operan las cárceles concesionadas del país. Los recursos corresponden a indemnizaciones por la sobrepoblación penitenciaria registrada durante el segundo semestre de 2025, un problema que se arrastra desde hace varios periodos y que está llegando a sus niveles más críticos: durante todo 2025 —sumando los pagos de marzo y septiembre— el Estado desembolsó por este concepto poco más de $8 mil millones, prácticamente la mitad de lo pagado sólo en la primera tanda de 2026.

El desembolso de marzo recién pasado no fue un hecho aislado. A fines de este mes, las sociedades concesionarias volverán a recibir jugosos cheques, debido a que los niveles de sobrepoblación no han variado. Una estimación de la Unidad de Investigación de Bío Bío —sobre la base de los niveles registrados durante el primer semestre de 2026— apunta a que durante este año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos terminará desembolsando más de $38 mil millones sólo por este concepto, sin considerar el resto de los costos asociados a mantener a la población penal.

La propia cartera confirmó que habrá un nuevo pago. “Efectivamente, la sobrepoblación no ha disminuido por lo que nuevamente se pagará la compensación”, respondió ante las consultas de esta Unidad de Investigación. Respecto de la magnitud, agregó que espera montos “similares a los del pago de marzo”.

El volumen de recursos genera cuestionamientos. El exdirector nacional de Gendarmería Christian Alveal —voz autorizada en la materia— calificó el mecanismo como “draconianas multas por sobrepoblación penal” y planteó que los montos involucrados obligan a revisar el modelo. Un cálculo simple permite dimensionarlo: si la sobrepoblación y los desembolsos se mantuvieran en estos niveles, en menos de seis años el Fisco habrá pagado el equivalente al costo de construir una cárcel del tamaño y estándar del Complejo Penitenciario La Laguna de Talca.

El mecanismo

El grueso del sistema de cárceles concesionadas en Chile está organizado contractualmente en tres grupos. El Grupo 1 lo integran el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, el Complejo Penitenciario de La Serena y el Complejo Penitenciario de Rancagua, cuya explotación está a cargo de la Sociedad Concesionaria BAS S.A., integrada en partes iguales por Sodexo Chile SpA, Besalco Inversiones y Energía S.A. y Sociedad de Concesiones Chile Ltda., cada una con 33,33%.

Por su parte, el Grupo 2 lo conforman el Complejo Penitenciario de Antofagasta y el Complejo Penitenciario Bío Bío, que a su vez está compuesto por el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bío Bío y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción. En este caso, la explotación está a cargo de Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A., controlada por Sodexo Chile S.A. con 99% y Sodexo Inversiones S.A. con el 1% restante.

Del Grupo 3, en tanto, forman parte el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el Complejo Penitenciario de Valdivia y el Complejo Penitenciario de Puerto Montt, este último conocido habitualmente como Alto Bonito por el sector donde se encuentra emplazado. La concesión corresponde a Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A., cuyo principal accionista es Constructora Vinci Chile Ltda., con el 99,99% de la propiedad. A esos tres grupos se suma, bajo una concesión independiente, el nuevo Complejo Penitenciario La Laguna de Talca.

En este contexto, de acuerdo con una serie de informes de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) revisados por Bío Bío, en marzo pasado el Fisco desembolsó un total de $16.252 millones en favor de las mencionadas sociedades que operan los distintos grupos de cárceles concesionadas. Eso, sólo por concepto de compensaciones asociadas a la sobrepoblación registrada durante el segundo semestre de 2025.

Todo se enmarca en un mecanismo de compensación establecido en los respectivos contratos de concesión. En términos generales, cuando la cantidad de internos supera la capacidad fijada para cada recinto, el Estado debe compensar económicamente a la concesionaria. Los desembolsos se materializan dos veces al año, en marzo y septiembre, aunque la fórmula específica de cálculo varía entre los distintos grupos.

El propio Ministerio de Justicia reconoce una particularidad del modelo. Debido a que determinados costos por interno disminuyen a medida que aumenta la ocupación, el esquema genera, según la cartera, “un incentivo (perverso en este caso) para ingresar más privados de libertad al recinto”. Precisamente por ello, explica, las bases incorporaron las compensaciones por sobrepoblación, que buscan desincentivar al Estado de exceder la capacidad contratada y cubrir los mayores costos que esa situación genera para las concesionarias.

Para muestra, un botón. En el caso del Grupo 2, por ejemplo, la compensación por sobrepoblación se calcula a partir de una tabla escalonada establecida en el contrato. Según el promedio quincenal de internos que exceden la capacidad contractual del recinto, se determina un costo diario expresado en UTM: parte en 100 UTM por día cuando el exceso va de 1 a 85 internos y llega a 250 UTM cuando supera los 425. Ese valor se aplica a los días efectivos en que se registró sobrepoblación durante el periodo, de modo que mientras mayor sea el exceso y más tiempo se prolongue, mayor será la compensación que deberá pagar el Estado.

Los pagos

El caso más crítico durante el segundo semestre de 2025 fue el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Si se promedian los niveles mensuales de julio a diciembre, el recinto operó a un 158,9% de su capacidad, es decir, casi un 59% por sobre las 4 mil plazas establecidas en el contrato. La ocupación fue aumentando progresivamente: pasó de 148,6% en julio a 166,7% en diciembre. Únicamente por la sobrepoblación de ese recinto carcelario registrada en la segunda mitad del año pasado, el Estado debió pagar aproximadamente $3.858 millones por concepto de compensación.

Tras el CDP Santiago 1 aparece el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio. Durante el segundo semestre funcionó, en promedio, a un 115,1% de ocupación, pasando de 106,8% en julio a 121,4% en diciembre. Por este recinto, el Estado debió desembolsar aproximadamente $2.828 millones en compensaciones por sobrepoblación.

Luego aparecen los establecimientos del Grupo 2. El Complejo Penitenciario de Antofagasta registró durante esos seis meses una ocupación promedio de 122,7%, mientras que el Complejo Bío Bío promedió 108,1%. Por ambos recintos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desembolsó en marzo casi $5.100 millones en conjunto.

El informe no precisa cuánto de ese monto corresponde a cada establecimiento. Sin embargo, una estimación realizada por esta Unidad de Investigación —a partir de los promedios mensuales y de la tabla contractual utilizada para calcular la compensación— sitúa el pago en torno a $2.700 millones por el recinto de Antofagasta y cerca de $2.400 millones por el de Bío Bío.

Fuente: Informes MOP | Elaboración propia (IA)

Más atrás aparece el penal de Rancagua, que promedió una ocupación de 106,9% durante el semestre y terminó diciembre sobre el 112%. Por este recinto, el Fisco desembolsó cerca de $1.885 millones. La Serena, en tanto, promedió una ocupación de 104,4% y generó una compensación aproximada de $1.462 millones.

Finalmente aparece Puerto Montt (Alto Bonito), que durante el segundo semestre de 2025 pasó de estar bajo su capacidad en los meses de julio y agosto a superarla desde septiembre en adelante. En efecto, su ocupación promedio semestral fue de 103,3%, pero cerró el año en 107,8%. De esa forma, la compensación asociada al periodo equivale a aproximadamente $1.125 millones. El CP Valdivia, también perteneciente al Grupo 3, se mantuvo bajo su capacidad durante todo el semestre y, por tanto, no aparece entre los recintos que generaron pagos por este concepto.

Con todo, durante marzo de 2026 el Fisco desembolsó $6.175 millones por los recintos del Grupo 1, casi $5.100 millones por los del Grupo 2 y aproximadamente $4.983 millones por los del Grupo 3.

Pagos al alza

Como los niveles de ocupación se mantuvieron elevados durante el primer semestre de 2026, una estimación elaborada por esta Unidad de Investigación —a partir de los informes oficiales de concesiones, las fórmulas contractuales de compensación y los pagos efectivamente realizados en periodos anteriores— sitúa en torno a los $22 mil millones el desembolso que el Fisco deberá efectuar a fines de septiembre por sobrepoblación en cárceles concesionadas. La cifra es una proyección construida sobre antecedentes oficiales y podría registrar variaciones menores.

La tendencia viene al alza. En marzo de 2025, cuando se pagaron las compensaciones asociadas a la sobreocupación registrada durante el segundo semestre de 2024, el Fisco desembolsó cerca de $3.755 millones. Seis meses después, en septiembre de 2025, por la ocupación correspondiente al primer semestre de ese año, el monto aumentó a $4.467 millones, un alza de aproximadamente 18,9%.

El salto más pronunciado se produjo en marzo de 2026, pago que correspondió a los niveles de sobrepoblación registrados durante el segundo semestre de 2025. En esa oportunidad, las compensaciones alcanzaron los mencionados $16.252 millones, cifra 3,4 veces superior (+263,8%) a la desembolsada en septiembre de 2025.

La comparación interanual es todavía más significativa. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el gasto por este concepto aumentó 332,8%. Dicho de otro modo, en apenas doce meses el monto que el Estado destinó a compensar a las concesionarias por sobrepoblación más que se cuadruplicó.

“Multas draconianas”

Una voz autorizada para analizar el funcionamiento del sistema penitenciario es Christian Alveal Gutiérrez. Ingresó a Gendarmería en 1989 y, antes de llegar a la cúspide de la institución, fue director de la Escuela institucional y subdirector operativo. En diciembre de 2018 asumió como director nacional, cargo que ejerció hasta 2022. Su trayectoria, por tanto, incluye más de tres décadas dentro del servicio y responsabilidades directas sobre la operación y seguridad de los recintos penales.

En conversación con esta Bío Bío Investiga, el coronel en retiro de Gendarmería distingue dos dimensiones del modelo concesionado. A su juicio, la construcción de cárceles mediante concesiones cumplió inicialmente un papel relevante porque permitió enfrentar un déficit de infraestructura que el Estado no estaba en condiciones de financiar de una sola vez. Además, sostiene que los nuevos complejos introdujeron mejores estándares de seguridad, habitabilidad y posibilidades de segmentación de la población penal.

Su crítica apunta principalmente a lo que ocurrió después, con la operación privada de los establecimientos. Según el exdirector, con el paso de los años aparecieron problemas que los contratos originales no lograron resolver adecuadamente: desde el deterioro de la infraestructura producto del uso y la destrucción provocada por internos, hasta servicios tecnológicos que quedaron obsoletos, como los sistemas destinados a inhibir señales de teléfonos celulares.

Pero el punto que más cuestiona son las compensaciones por sobrepoblación —a las que durante la conversación denomina “multas”—. Alveal las calificó como “draconianas” y recordó que durante distintas administraciones penitenciarias existía como criterio intentar mantener los recintos bajo su capacidad máxima precisamente para impedir que el Estado debiera asumir esos desembolsos.

En esa línea, cuestionó especialmente que los contratos hayan sido prolongados manteniendo mecanismos de compensación similares a los originales. “Lo que no entiendo y lo que es impresentable es que se haya licitado, nuevamente se haya extendido esta licitación original […] con las mismas multas que estaban en los contratos originales. Y eso es impresentable”, afirmó.

El exjefe penitenciario también puso en duda la decisión de entregar a privados la operación de establecimientos construidos con recursos fiscales. Mencionó particularmente La Laguna, en Talca, y el recinto de Concepción incorporado al Grupo 2. A su juicio, la experiencia acumulada obliga a revisar si la participación privada debe extenderse más allá de la construcción y mantención de infraestructura. “Que se sigan construyendo cárceles vía concesión no es el problema. El que se sigan entregando para la operación a privados, ese es el problema”, resumió.

El punto adquiere especial relevancia frente a las cifras actuales. Según la proyección realizada por esta Unidad de Investigación, las compensaciones por sobrepoblación podrían superar los $38 mil millones durante 2026, sumando el desembolso de marzo y el estimado para septiembre. El coronel (r) Alveal sostiene que el volumen de recursos comprometidos exige evaluar alternativas: “con unos años de pago […] podríamos construir cárceles totalmente nuevas y distintas”, planteó.

Entre sus propuestas, mencionó recintos de menor complejidad —similares a campamentos penitenciarios utilizados en otros países— destinados a condenados de bajo compromiso delictual, buena conducta y saldos de pena reducidos. La idea, explicó, permitiría sacar presión a los grandes complejos, reservar estos últimos para internos de mayor peligrosidad y reducir simultáneamente los pagos derivados de la sobrepoblación.

Para Alveal, que actualmente la mayoría de los recintos concesionados esté generando compensaciones constituye una señal de que el problema ya requiere una revisión estructural. “Que siete de las ocho estén pagando multa, claramente es una señal de urgencia de buscar soluciones distintas”, sostuvo, antes de advertir que el debate de fondo pasa por determinar hasta qué punto la privación de libertad puede seguir vinculada a incentivos económicos para operadores privados.

“El sistema no tiene opciones”

Consultado por esta Unidad de Investigación sobre el aumento sostenido de internos, el millonario costo que genera la sobrepoblación en los recintos concesionados y las medidas previstas para enfrentar el déficit de plazas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconoció que el problema excede a ese modelo. Según la cartera, el incremento de la población penal ha golpeado tanto a las cárceles concesionadas como a las tradicionales y, en las actuales condiciones, “el sistema carcelario no tiene hoy opciones de evitar la sobrepoblación y el hacinamiento”.

Como respuesta, el Ejecutivo apunta al denominado Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. Entre las medidas mencionó la puesta en funcionamiento de la totalidad de las 2.320 plazas de la nueva cárcel de Talca; el futuro complejo de Copiapó, con otras 2.160; la licitación de un recinto en Calama para 1.850 internos; y la ampliación de la cárcel de Antofagasta en 508 cupos. A ello se suman expansiones previstas para Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Valdivia y Puerto Montt.

La repartición también defendió la lógica que existe detrás de las compensaciones por sobrepoblación. Explicaron que los contratos contemplan pagos fijos y variables y que, a medida que aumenta la cantidad de internos, determinados costos por persona pueden incluso disminuir. Eso, reconoció el propio ministerio, genera “un incentivo (perverso en este caso) para ingresar más privados de libertad al recinto”.

De acuerdo con Justicia, precisamente para contrarrestar ese efecto se incorporó la compensación por sobrepoblación: por una parte, busca “desincentivar al Estado” de superar la capacidad de los establecimientos y, por otra, indemnizar a las sociedades concesionarias por costos adicionales que no están cubiertos mediante el pago variable.

Sobre el nuevo desembolso previsto para fines de septiembre, la respuesta fue categórica respecto de que habrá otro pago. “Efectivamente, la sobrepoblación no ha disminuido por lo que nuevamente se pagará la compensación”, señaló el Ministerio. Respecto de la magnitud, agregó que espera que los montos sean “similares a los del pago de marzo”, cuando el Fisco desembolsó más de $16.252 millones.

La cartera entregó además una referencia para dimensionar el costo de aumentar la infraestructura. Según explicó, un proyecto emplazado en una zona de costos moderados y con condiciones de suelo favorables podría bordear las 85 UF por metro cuadrado. Bajo ese supuesto, una cárcel de unos 60 mil metros cuadrados como la de Talca tendría un costo aproximado de 5,1 millones de UF, equivalentes hoy a cerca de $208,5 mil millones.

La cifra permite poner en perspectiva el costo de la sobrepoblación. De cumplirse la proyección realizada por esta Unidad de Investigación, durante 2026 el Fisco desembolsará más de $38 mil millones sólo en compensaciones a las concesionarias. Si ese nivel de gasto se mantuviera, en menos de seis años el Estado habría pagado por sobrepoblación el equivalente al costo de construir una nueva cárcel de las características de Talca.

Pese a los problemas de capacidad, Justicia aseguró que la decisión institucional es mantener el modelo de concesiones. La cartera recordó que una evaluación encargada a la Dirección de Presupuestos recomendó continuar con ese esquema para la operación de Rancagua y flexibilizar los contratos. A partir de esas conclusiones, el Ministerio resolvió seguir utilizando concesiones en nuevos proyectos, aunque introdujo modificaciones, entre ellas traspasar a Gendarmería la intervención especializada de reinserción social que anteriormente recaía en las concesionarias.